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Vísteme despacio que tengo prisa
Violencias, políticas neoliberales y democracia radical /1
09/03/2016 | Josué González Pérez

Sin tener garantizado ese lado material que permite a la población no estar vendida a la voluntad de otro, el ejercicio de la ciudadanía es una estafa, una ilusión, un espejismo”. Carlos Fernández Liria (2012:79)/2.

La violencia patriarcal, entendida como aquella coerción que recae sobre las mujeres y las personas LGTBI para asegurar el orden social, ocupa un lugar cardinal en la agenda de un movimiento feminista y de libertades sexuales, lo que ha provocado una especial atención desde las instancias que impulsan las políticas públicas. A pesar de la expansión neoliberal y la persistencia de la ideología patriarcal, existe un compromiso gubernamental teñido de corrección política contra la homofobia, las agresiones sexuales o el feminicidio, si bien no deja de ser insuficiente y en no pocos casos parece cuanto menos inútil y engañoso. Luego, ¿hasta qué punto el escenario político y social es compatible con los nobles anhelos del movimiento LGTBI frente a la opresión patriarcal? ¿Realmente impera una reflexión colectiva y serena sobre las motivaciones y efectos de las políticas actuales que abanderan principios igualitarios? ¿Existe un peligro de instrumentalización de las demandas de estos sectores? Y lo más importante, ¿las actuales demandas, absorbidas o insatisfechas, profundizan la democracia o refuerzan un statu quo construido a partir de un entramado de relaciones de poder donde las categorías sexuales y de género se construyen como subordinación? En lo que sigue, expondré algunas reflexiones en torno a las medidas hegemónicas que, por un lado, tratan de dignificar la vida de las personas LGTBI frente a las agresiones y discriminaciones en un escenario de política neoliberal y, por otro lado, aspiran a secundar una profundización democrática.

El debate actual sobre la violencia y la discriminación emerge en un escenario sociopolítico articulado por múltiples dispositivos neoliberales manejados por el Partido de Wall Street- al decir de David Harvey-,esto es,por ese conjunto de poderes que imponen unas determinadas condiciones de austeridad y que terminan destruyendo numerosos servicios públicos, derechos sociales y, en suma, nuestro precario Estado de Bienestar. Aprovechando la excusa de una crisis financiera y de una “deuda” que la ciudadanía nunca acordó, se impone la “acumulación por desposesión”, a beneficio de los poderes económicos, con la paulatina privatización de todo lo público, por un lado, y con la externalización de diferentes servicios en la familias y en las manos de la mujeres, por otro lado/3. Con ello, se destruye la posibilidad de generar más recursos públicos para atender demandas sociales al tiempo que se suspenden las condiciones de posibilidad para leyes aprobadas que se fundamentan en la igualdad/4.Las clases populares son cada vez más pobres, afectando duramente a los colectivos en posiciones vulnerables –como migrantes, jóvenes, mujeres y LGTBI- y las relaciones laborales son des-democratizadas en nombre de la flexibilidad, la competitividad y la recuperación/5.Todo promovido desde la complicidad de unas corruptas élites políticas que han provocado en la ciudadanía la desconfianza y el odio a una democracia -parafraseando a Ranciére/6- cuyo particular significado intentan disputar en función de sus intereses y privilegios. Por descontado, las innumerables agresiones que sufre la ciudadanía en sus condiciones de vida suponen una excelente excusa para que las discusiones que se quieran sobre la discriminación y la violencia patriarcal no se emprendan a espaldas de la realidad política y social.

Decía Foucault que el discurso es siempre un ejercicio de poder que determina lo posible y lo imposible, lo verdadero y lo falso, lo visible o lo invisible, lo aceptable o lo repudiable, por lo que toda política se ejerce en un plano donde el lenguaje, más que describir hechos objetivos, construye una realidad “a medida”. En efecto, toda una multiplicidad de discursos, más o menos homogéneos, disponen lo que es la “verdad” de lo social, una realidad articulada desde una gramática conservadora y neoliberal que niega el conflicto cuando enuncia el fin de los antagonismos. El consenso democrático es la gran excusa ante un déficit democrático alimentado por una práctica política que relega lo político a un cuerpo burocrático que gestiona lo existente, a “unos expertos" ya sean políticos, tertulianos o economistas neoliberales: postpolítica en definitiva/7. “Rememos todos juntos“ “ajustarse el cinturón” o “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades” son algunas de las consignas que responsabilizan a las clases populares de la precarización de sus condiciones de vida, disculpando a unas élites cuyas ganancias se han acentuado en los últimos años de la llamada “crisis económica”, particularizando la miseria y los conflictos sociales e impidiendo su cuestionamiento y problematización desde el juicio colectivo/8.

Las políticas liberales y conservadoras son la semilla de una catástrofe social, las promotoras de la destrucción de unas “verdes” políticas de igualdad. Luego, no resulta posible declarar la quiebra total de estas políticas gracias, en buena parte, a que la protesta social termina blindando algunas de ellas. Esto último parece últimamente un “deporte de riesgo” con el refrendo legal de la represión gubernamental con preceptos tales como la conocida popularmente como “ley mordaza”. Al mismo tiempo que impulsa los dictados de la troika y los organismos económicos europeos, el poder político exhibe su cara más coercitiva legitimando la represión y el control de las “nuevas clases peligrosas”, disidentes y sublevadas en respuesta a la gobernabilidad neoliberal/9. La nueva gobernabilidad neoliberal se encuentra comprometida con prácticas normativas de criminalización de la pobreza y, como veremos, de toda disidencia. Las últimas reformas del Código Penal español, con las que se han endurecido los delitos por hurtos o simplemente por robar cobre o suministro eléctrico, representan un excelente paradigma de esa política del “enemigo”/10 con la que el artefacto neoliberal pretende remediar las consecuencias de sus propias dinámicas.

De lo anterior resulta una articulación de la democracia como un espacio libre de conflictos, de antagonismos, que son entendidos antes como “patología” que como elementos propio de un régimen moderno .Sin embargo, el conflicto no solo no desaparece ipso facto sino que se incrementa generando nuevas formas de resistencia a las tecnologías de control y regulación de la protesta . Mientras “desde abajo” se organiza una defensa de la categoría “democracia” aparejándole un significado igualitarista, “desde arriba” se promueven otras “mordazas” más sibilinas como el proceso de moralización de lo político que imprime categorías de “buenos” o “malos” sobre una ciudadanía cuyas componentes son demonizadas si son más activas en la protesta social o, en un sentido adverso, sacralizadas si fundan la simulada “mayoría silenciosa”. La asociación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), o de Podemos, con la banda terrorista ETA ilustran este proceso. Por lo demás, es cierto que este escenario no representa el origen directo de la violencia y la discriminación contra la población LGTBI, como es igualmente axiomático que sus manifestaciones no pueden ser observadas al margen de sus localizaciones concretas -como si la inexistencia de políticas públicas de prevención no respondiese, en parte, a la política de austeridad- máxime si se trata de estructuras sociales que mantienen relaciones de interdependencia y que, como tal, sólo pueden ser arbitradas desde un enfoque multidimensional – o interseccional si se prefiere-.

Entre tanto, los movimientos sociales adoptan posiciones tanto reactivas como proactivas, pues defienden lo existente –la sanidad pública o los derechos laborales- a la vez que formulan distintas alternativas políticas como propone la creación de una banca pública para una economía planificada. Si examinamos el movimiento LGTBI a partir de la cuestión de las agresiones y su mediatización cuantitativa, aparenta manejarse más en lo proactivo cuando exige un compromiso político anti-violencia. Los protocolos diseñados y propuestos por el Ministerio de Interior advierten de cierto éxito relativo/11, si bien siguen siendo insuficientes al persistir el trato aberrante que reciben las personas que denuncian agresiones en dependencias policiales/12. Un tanto más rezagadas han sido las leyes autonómicas, dignas de ovación, que tienen como objetivo paliar la violencia y discriminación patriarcal, como en Catalunya o en Andalucia con la ley trans. Empero, sorprende que en esas comunidades autónomas se haya contado con el apoyo de la derecha más conservadora, como ha ocurrido con Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Cabe preguntarse: ¿por qué, de la noche a la mañana, apoyan estas iniciativas quienes expolian lo público y restringen derechos y libertades? ¿Son posibles sus leyes en el marco de una educación pública degradada? ¿Y bajo las obligaciones de estabilidad presupuestaria derivadas de la reforma del artículo 135 de la Constitución Española acaecida en 2011?

En parte, la respuesta a estas preguntas puede encontrarse en las críticas de algunas feministas a la política democrática-liberal. Anne Phillips se preguntó si las feministas debían abandonar la democracia liberal por lo irreal de sus pronunciamientos igualitarios: “La democracia liberal acostumbra a considerar que esta promesa está suficientemente cumplida con el sufragio universal y con la posibilidad, igual para todas las personas, de presentarse a las elecciones, pero con ello se abstrae de las condiciones sociales y económicas que harían que esa igualdad fuese efectiva/13.

Esas condiciones materiales refieren a los recursos económicos que, a priori de toda política redistributiva, se concentran en sectores privilegiados y minoritarios. En consecuencia, la economía debe ser politizada y democratizada en un acto de ruptura con aquel discurso que relega las cuestiones LGTBI a la esfera cultural, entendida esta como escindida de la económica/14. Con ello, es posible “crear las condiciones que permitan la realización más eficaz de estas reivindicaciones” como afirma Zizek (2008:69-70), autor que alerta de los peligros de la despolitización de la economía de mercado: “es la economía política, estúpidos”. Ahora bien, el escenario político y social actual se encuentra bien lejos de las sugerencias del lacaniano esloveno ya que las políticas de recortes suprimen las condiciones de posibilidad de determinadas normas, de ciertos derechos y libertades, lo que ya se puede evidenciar con las denuncias de los colectivos catalanes/15. La reforma del artículo 135 de la Constitución Española ha decretado la sumisión de la política social ante el pago de la deuda financiera, lo que significa que el gobierno español priorizará esta hipoteca frente a la inversión, por ejemplo, en educación pública. Manifiestamente, si las estructuras de opresión y subordinación no sufren grandes quiebras debido al veto sobre las condiciones materiales de la política, esto aclara el respaldo de las conservadoras élites políticas a normas como las aludidas. Después de todo, no está de más alguna reflexión activista en torno a la necesidad de articular críticas anti-capitalistas y anti-patriarcales si se pretende un efecto real sobre las subjetividades sexuales no normativas.

Con toda la legitimidad del mundo, el movimiento LGTBI ha imitado al feminista y al de minorías raciales en la metodología penalista que ha tipificado los llamados “delitos de odio”. Algunas normativas autonómicas castigan con sanciones administrativos el llamado hate speech (el llamado “discurso de odio”) así como recientemente el gobierno español, siguiendo directrices europeas, ha reformado el Código Penal para tipificar, supuestamente, este lenguaje/16. Difícilmente es disimulable el desconcierto ante estas medidas si recordamos que se impulsan en un marco restrictivo para las políticas de igualdad. Quizás no sea tan rara avis si revisamos cómo el agravante de carácter racista fue incluido en el Código Penal español (artículo 22.4ª)/17. Ocurrió justo en el momento en el que emergían las políticas de extranjería promotoras de los discursos racistas y, por consiguiente, se dibujaban fronteras para la articulación de un “ellos” (migrantes) y un “nosotros” (ciudadanos españoles). Juan Alberto Díaz/18 esclarece lo evidente: “(…) resultó muy “rentable” a los poderes públicos. De un lado, se evitaba con ello que tildaran al legislador español de racista o xenófobo debido a su legislación en materia de extranjería. De otro, el peligro de los brotes xenófobos pasaba a ser un argumento de justificación para la propia legislación penal antidiscriminatoria, en tanto que medida “preventiva” (2012:16).

Dicho esto, ¿no existen aquí notables incongruencias en las medidas adoptadas? ¿No será que, a sabiendas que el Código Penal no soluciona los problemas de desigualdad estructurales, se pretende sustituir las políticas sociales por lo punitivo que es siempre más rentable y barato? ¿Cómo se entiende que, por un lado, existan declaraciones contra el discurso y los delitos de odio y que, por otro lado, se apruebe una ley mordaza que castiga las concentraciones no comunicadas a priori como las tradicionales besadas del movimiento LGTBI contra las agresiones en el espacio público? ¿Se persigue la incitación al odio mientras la ley mordaza avala que el aparato policial pueda hostigar a las trabajadoras del sexo –trans muchas de ellas?

Parece que, a medida que la política social se va aprovisionando hasta niveles mínimos, se engendra un despliegue de discursos y prácticas que naturalizan e individualizan los fenómenos sociales en afinidad con una política punitiva y securitaria que nunca fue diseñada para subvertir las relaciones de poder existentes. Las políticas sociales se ausentan allí donde deberían intervenir para generar bienestar al tiempo que inventan, por tanto, la excusa perfecta para legitimar una actuación gubernamental basada en el castigo.

La velocidad con la que a menudo se responde a las agresiones tiene sus riesgos, Antes de que se escurra el niño con el agua de la bañera, quizás podamos encontrar en la genealogía feminista, más que un espejo donde mirarnos, algunas claves en la lucha contra las agresiones sexistas. Tradicionalmente, muchas feministas han alertado de una frecuente sacralización del Derecho Penal, en tanto que herramienta óptima que aparentemente no se agota en las bondades de su poder simbólico. Esgrimen que “la mano dura” no es la solución, como lo prueban los índices de violencia de género pese a la aprobación de normativas ad hoc, y seguramente suele ser tan magnificada por su rentabilidad electoral en un momento en el que la desconfianza generalizada hacia la actividad institucional coincide con el boom de la política punitiva/19. Esto no significa que no reconozcan que la violencia patriarcal está perseguida, en la mayoría de sus manifestaciones, gracias a la praxis feminista que ha desvelado su contingencia constitutiva con la reubicación del discurso democrático en las relaciones entre género o posiciones sexuales y el desplazamiento de las fronteras de lo político para darle cabida. Aún admitiendo esto, no parece obligatorio que ciertas medidas punitivas, impulsadas en un primer momento, deban ser reconocidas como la solución óptima a la opresión en el sistema patriarcal. Merece la pena la insistencia pues, ¿acaso no resulta harto evidente la relación de equivalencia de este tratamiento punitivo e individualizante de los delitos con la hegemonía neoliberal que suspende la responsabilidad social de los estados europeos en favor de la meritocracia y el esfuerzo competitivo?

Al final, nos guste o no, la violencia contra las personas LGTBI se rige por leyes sistémicas que sustentan nuestro orden social y sólo puede ser erradicada por medio de una democratización de las relaciones sociales existentes. Por consiguiente, quedan descartadas las explicaciones que alegan de acciones individuales propias de un sujeto moralmente malo, ya que se trata de prácticas sociales que exceden la voluntad de los sujetos desde el momento en el que se encuentran profundamente arraigadas en nuestra cultura y sutilmente integradas en lo más cotidiano/20. Si el Código Penal sólo atiende casos individuales y concretos con un método marcado por la dicotomía víctima/agresor, por ende implica la individualización de un fenómeno estructural que se resiste ante su localización en un sujeto concreto/21.Y aquí se presenta uno de los grandes riesgos: la insistencia en la política punitiva puede ser aprovechada por el enfoque neoliberal, en su vertiente más ideológica- los pobres son responsables de ser “pobres”-, logrando unos resultados ajenos o contrarios a los fines que promueven los colectivos sociales, como la naturalización de la violencia, la sustitución de las políticas que apuntalan al “origen”por aquellas que se limitan a paliar sus “efectos”, la anulación de cualquier acción emancipadora o la instrumentalización de unas demandas para objetivos propios de la reproducción de la máquina neoliberal/patriarcal.

El tratamiento hegemónico de la prostitución de mujeres migrantes en Europa y EEUU parece bastar como muestra de esa instrumentalización de anhelos feministas (pinkwashing cuando es en el caso LGTBI). Se trata de una sublime muestra que permite asimilar cómo las derivas punitivas son realmente útiles para el neoliberalismo de hoy. Es el caso de una parte del feminismo europeo, el más mainstreaming, cuya ofensiva contra lo que aprecian como “tráfico de mujeres” se concreta en una construcción víctimista de las mujeres que pretenden “salvar” de unos ilustres adversarios: los clientes varones heterosexuales. Con esta relación partisana, las abolicionistas censuran ingenuamente toda reflexión crítica sobre unas fuentes económicas y culturales de la expansión y feminización de la industria del sexo que terminan sedimentándose: “las categorías binarias son peligrosas porque desdibujan la complejidad de lo real en beneficio de esquemas simplistas y condicionantes/22. Concluyen en una afinidad con la represión política de todo lo que rodea al trabajo sexual, con efectos diferenciales por género, raza, clase social y sexualidad, siendo las mujeres migrantes las que se llevan la peor parte en esta prevención de fugas del “contrato sexual”/23. Así es como muchas trabajadoras sexuales migrantes ejercen su actividad en unas condiciones espeluznantes que parecen estabilizarse en el tiempo en armonía con el discurso decimonónico aggiornado que aprueba unas medidas represivas contra la inmigración “irregular” y los eslabones más débiles del comercio sexual, aunque siempredisfrazadas de “políticas contra el tráfico y la trata”. De forma consciente o no, bajo la bandera feminista el feminismo abolicionista articula posiciones políticas que acaban respaldando el modelo punitivo neoliberal y su desalmada racionalidad migratoria/24, máxime cuando la crítica sobre sus efectos parece, por más que nos pese, brillar por su ausencia-véase el caso de Lidia Falcón/25.Claro está que todo este despliegue genera unos costes inferiores a cualquier apuesta que emane de un enfoque de derechos, lo que motiva el discurso dominante del endurecimiento de las penas, por ejemplo, en la violencia sexista, en lugar de apostar por la prevención desde una política educativa antónima a la que actualmente domina la agenda gubernamental.

La posibilidad de revertir o no la configuración de relaciones de poder que sitúa a las personas LGTBI en posiciones objeto de violencia es siempre una decisión política. Por lo dicho hasta aquí, parece ser que el movimiento político descendente más que alterar el statu quo lo refuerza con un mensaje, eso sí, que inventa un compromiso anti-violencia. Los movimientos sociales, LGTBI y aliadas, ostentan la capacidad de impugnar estas prácticas y discursos, generando alternativas que amplían el campo de lo posible y que no siempre son inmediatas y/o unitarias. Este cometido de vigilancia hacia la respuesta de los poderes públicos, propio de los agentes de la sociedad civil, parece condenado a estabilizarse en tanto que tarea democrática indispensable para alcanzar los objetivos de sus demandas.

La complejidad propia de un tratamiento más certero de la violencia invita a pensar la acción política desde un lugar común y no tanto desde el conocido estancamiento identitario. Esto implica una ruptura con la idea de la praxis democrática como ajena al conflicto y al disenso, como si la democracia pudiera ser pensada como indiferente a la política antagonista. Urge, entonces, la profundización radical de los valores democráticos en un escenario marcado por la articulación de identidades colectivas, nunca pre-existentes y siempre contingentes, y por la imposición de una hegemonía concreta, acusada por los elementos aludidos y por tantos más, que puede ser confrontada por otras hegemonías –como el paradigma igualitario, de Derechos Humanos, y por la libertad sexual, por ejemplo-. Esto supone la apertura de lo social a otros proyectos políticos a partir de la articulación de diferentes luchas ligadas a diferentes formas de opresión, esto es, admitiendo que la lucha contra las violencias machistas, LGTBI-fóbicas, no puede escindirse, por lo manifestado, de otras luchas populares que aspiran a la profundización democrática con, pongamos por caso, la construcción de otro modelo económico donde los intereses de las personas se encuentren privilegiados frente a los intereses particulares de los actuales poderes fácticos.

En conclusión, no se trata de minusvalorar los éxitos sino simplemente de mantener la reflexión inherente a los movimientos sociales y a la política en sí. Esto supone entender la democracia como algo que va más allá de conseguir lo formal. Las prácticas ciudadanas no son full time pero tampoco un destello donde no medie el compromiso. Sin duda es un ejercicio de responsabilidad vigilar que nuestras leyes no se queden sin recursos, pues también es importante "el pan y la mantequilla". Se trata de redefinir la democracia de tal manera que se entienda como un espacio donde el desarrollo de nuestras leyes sea central y no los mandatos de los mercados, pues si continua esto último lamentaremos que todo lo logrado sea simple papel mojado. Y las prácticas de esa democracia deben articularse para disputar los discursos neoliberales que censuran las acciones radicales que pueda desvelar la contingencia de todo orden social, ergo alterar la configuración concreta de las relaciones de poder existentes para proponer otras trazadas por elementos modernos de igualdad, libertad y una fraternidad no patriarcal.

Notas:

1/ Este artículo es una actualización de la ponencia presentada, con el mismo título, en los 27 Encuentros Estatales LGTBI celebrados en Sitges los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2015. Agradezco a María Luisa Maqueda Abreu, feminista y catedrática de Derecho Penal por la Universidad de Granada, las reflexiones compartidas en torno a los límites de la estrategia punitiva en la lucha contra la discriminación y las agresiones.

2/ Fernández Liria, C. (2012). "¿Para qué servimos los filósofos?. Catarata: Madrid.

3/ Harvey, D. (2007a). "El nuevo imperialismo". Akal: Madrid.

4/ Pérez Orozco, A. &. Baeza, P. (2006). "Sobre dependencia y otros cuentos. Reflexiones para una crítica del anteproyecto de Ley Orgánica de Igualdad entre mujeres y hombres y el proyecto de Ley de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia". Boletín informativo sindical CGT, 106. Véase también, Gálvez, L. &. Rodríguez, G. (2011). "Desigualdad de género en las crisis económicas". Investigaciones feministas, nº2, 113-132.

5/ Lacalle, D. (2006). "La clase obrera en España. Continuidades, transformaciones, cambios". Viejo Topo: Madrid

6/ Ranciére, J. (2006). “El odio a la democracia”. Amorrortu: Buenos Aires.

7/ Zizek, S. (2008). "En defensa de la intolerancia". Sequitur: Madrid. 33 pp.

8/ Mouffe, C. &. Laclau, E. (1987). "Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia". Siglo XXI: Madrid, 200 pp;

Owen, J. (2013). "Chavs. La demonización de la clase obrera". Capitán Swing: Madrid.95 pp.

9/ Maqueda Abreu (2015)."La criminalización del espacio público. El imparable ascenso de las "clases peligrosas". Revista de Ciencia Penal y Criminología.

10/ “Las quince novedades del Código Penal” (El Mundo, 28/06/2015) http://www.elmundo.es/espana/2015/06/28/558fc484268e3eed1e8b4571.html

11/ “Cómo puede impulsar las denuncias el protocolo contra los delitos de odio” (El Diario.es,18/12/2014)http://www.eldiario.es/sociedad/protocolo-policial-delitos-reconocimiento-abusos_0_336317054.html

12/ “El 70% de las agresiones homófobas no termina en una denuncia en comisaría” (Salamanca 24 horas, 01/09/2015). http://www.salamanca24horas.com/local/01-09-2015-el-70-de-las-agresiones-homofobas-no-termina-en-una-denuncia-en-la-comisaria

13/ Phillips, A. (1996). "¿Deben las feministas abandonar la democracia liberal?" en Castells, C. (1996). “Perspectivas feministas en teoría política. Paidós: México. 81 pp.

14/ Butler, J. (2000). "El marxismo y lo meramente cultural". New Left Review, nº2, 109-21.

15/ “El FAGC pide al Govern una campaña para divulgar la ley contra la homofobia” (Entorno Inteligente, 02/01/2015).

http://www.entornointeligente.com/articulo/4807735/El-Fagc-pide-al-Govern-una-campana-para-divulgar-la-Ley-contra-la-Homofobia-22012015

16/ “Sanz destaca el avance en la lucha contra los delitos de odio y anima a las víctimas a denunciar para erradicarlos” (20Minutos, 15/10/2015). http://www.20minutos.es/noticia/2580442/0/sanz-destaca-avance-lucha-contra-delitos-odio-anima-victimas-denunciar-para-erradicarlos/

17/ Dice así: “Son circunstancias agravantes (…) Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad.”

18/ Diaz, J.A. (2012). "El odio discriminatorio como circunstancia agravante de la responsabilidad penal". Universidad Autónoma de Madrid: Madrid. 15-6 pp.

19/ Pitch, T. (2003). "Un derecho para dos. La construcción jurídica de género, sexo y sexualidad". Trotta: Madrid; y véase también Maqueda Abreu, M. L. (2008). "¿Es la estrategia penal una solución a la violencia contra las mujeres? Algunas respuestas desde un discurso feminista crítico". En Rubio, A., Laurenzo, P. & Maqueda, M.L. (2008).”Género, violencia y derecho” Tirant to Blanch: Madrid. 363-408 pp.

20/ Young, I. (2002). "La justicia y la política de la diferencia". Cátedra: Madrid. 106-10 pp.

21/ Bodelón, E. & Bergalli. (1992). "La cuestión penal y el derecho penal simbólico". Anuario de Filosofía del Derecho, IX, 43-73.

22/ Badinter, E. (2003). “Hombres, mujeres. Cómo salir del camino equivocado”. FCE: Buenos Aíres. 49 pp.

23/ Es muy habitual que en los procesos migratorios muchas mujeres migrantes adquieran mayores cuotas de autonomía e independencia en contraste a su situación en los países de origen debido a que reciben un salario, aunque miserable, dicho sea de paso. Véase Sassen, S. (2007). “Una sociología de la globalización”. Análisis Político, nº61. 3-27 pp.

24/ Bass, A. (2015). “Getting Screwed: Sex workers and the law”. ForeEdge: New Hampshire.

25/ Seguramente buena parte de su producción feminista podría servir de prueba, si bien resulta suficiente consultar su último libro donde le dedica un capítulo completo al tema de la prostitución. Véase Falcón, L. (2014). “Los nuevos machismos”. Aresta: Barcelona. 93-127 pp.



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