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40 aniversario de la masacre de Vitoria
Jornadas contra la impunidad
05/03/2016 | Josu Chueca, Josu Ibargutxi

Que las Jornadas Internacionales organizadas en torno al 40 aniversario de la masacre policial del 3 de Marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz fueron un éxito lo demuestra la reacción visceral del fascismo español al día siguiente de iniciarse las sesiones: los dos monolitos ubicados en el barrio de Zaramaga, lugar de los hechos, y el monolito erigido en la plaza de Alegría-Dulantzi, cuyo ayuntamiento recientemente decidió denominarla “3 de Marzo”, amanecieron pintados con los colores de la bandera española. Ambos ayuntamientos se encargaron de limpiar inmediatamente las afrentas.

El comité promotor de la Jornadas estaba formado por la propia “Asociación Martxoak-3” y el apoyo de la Plataforma Vasca para la Querella contra los Crímenes del franquismo así como los gabinetes de los eurodiputados vascos Izaskun Bilbao (PNV) y Josu Juaristi (EH Bildu), ambos verdaderos impulsores de la iniciativa ya desde los primeros meses de 2015, cuando se iniciaron los contactos en el parlamento europeo para denunciar los hechos de Vitoria-Gasteiz y la impunidad franquista.

Fueron precisamente Izaskun y Josu quienes se encargaron de abrir las Jornadas, a quienes siguió una salutación del alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran (PNV) resaltando la necesidad de que el Estado español asuma la responsabilidad de los hechos como lo han hecho Merkel en Alemania, o Cameron en Gran Bretaña ante su actuación en Irlanda, y se forme una Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo.

Las sesiones, cuatro por día, de las dos jornadas tuvieron una gran asistencia de público, que culminó con un abarrotado salón para escuchar a los ocho partidos políticos del arco parlamentario vasco (PP, PSE, PNV, EH Bildu, Podemos, Geroa Bai, IU, Ciudadanos) en torno a sus posiciones sobre la Memoria Histórica. Ha sido la primera vez que sus representantes han respondido directamente ante la ciudadanía, sin la protección de escaños, estrados o tribunas, sentados en unas simples sillas frente a cientos de personas. Sus posiciones no varían mucho de sus planteamientos generales: algunos hicieron brindis al sol, otros reconocieron las carencias de la propia Transición, aunque sin marcar ni comprometerse en medidas, y otros asumieron claramente la necesidad de luchar sin desmayo por la Verdad y la Justicia para todas las víctimas.

Todas las sesiones desgranaron contenidos importantes, que se iniciaron con la contextualización política y social radiografiando toda una época que acaba en aquella década de los 70 marcada por la debacle del régimen franquista iniciada en el Proceso de Burgos y en la que se cometieron las atrocidades más espeluznantes por parte de lo que se ha venido en llamar tardofranquismo (fusilamientos de 1975, masacre de Vitoria-Gasteiz, Montejurra, muertos y heridos en múltiples manifestaciones, abogados de Atocha, Manuel García Caparrós en Málaga, Sanfermines 78…).

Los ponentes analizaron las consecuencias de una Transición como la que resultó, a raíz de la cual hoy impera el vacío ético de un Estado que equipara a golpistas y defensores de una República democráticamente constituida , hablando, sin más, de dos bandos, de guerra civil fratricida… y que ha terminado con una Ley de Memoria Histórica que no es más que una simple ley de reparaciones que precisamente privatiza la Memoria, confinándola a una esfera privada sin vincularla a la propia historia del país. Finalizaban diciéndonos que es esa privatización de la Memoria la que impide que existan verdaderas políticas públicas de Memoria. En ese sentido, remarcaban que si el conjunto de la sociedad no se plantea el reconocimiento y reparación de los daños causados, el Estado nunca irá más allá en la recuperación de una Memoria que haga justicia sobre todo lo acontecido en períodos anteriores.

El grupo de abogados deshilvanó todo el entramado jurídico en el que se metieron intentando judicializar la masacre del 3 de marzo, con resultados poco satisfactorios al tiempo que laboriosos. Durante la década del 2000 incoaron procedimientos judiciales diversos contra partícipes victimarios en los hechos, pero las diversas instancias jurídicas provinciales, estatales, e incluso los recursos ante el Tribunal Constitucional no fueron admitidos. Ni siquiera pudo apelarse al tribunal de Estrasburgo, dado que la adhesión del Estado español a dicho protocolo fue posterior a los hechos. A fecha de hoy informaban que solo existe un expediente abierto en la Comisión de DDHH de Naciones Unidas, pero del que no hay respuesta. Concluían depositando su confianza en una posible nueva Justicia y una nueva judicatura, en el marco de una Justicia Transicional que se ha mencionado, aunque no desarrollado, en los últimos años. Junto a ello, reclamaron la necesaria modificación de la Ley 32/99 contra el terrorismo por una Ley Integral de Víctimas en la que se incluyan las ocasionadas por el Estado, “porque el Estado también atenta contra los DDHH”.

La sesión dedicada a las víctimas fue una de las más concurridas. Comparecieron 8 personas que, ellas mismas o sus familiares asesinados, sufrieron directamente la violencia del Estado en diversos períodos: desde 1936 hasta 1983. Todas ellas resumieron lo acontecido en cada caso, las torturadas detallaron lo sufrido y las secuelas físicas y psicológicas, y los familiares de asesinados se sumergieron en el recuerdo de lo acontecido con sus allegados y el calvario por un esclarecimiento de los hechos, no siempre logrado. Algunas de las víctimas reconocieron que hasta hace bien poco no habían logrado hablar de su sufrimiento, a pesar de los muchos años pasados, confirmando la existencia de esa “privatización de la Memoria” que se había tratado en otra sesión. Concluyeron todas las víctimas con una idea fundamental: que la impunidad es un gran problema de Estado generado por una Transición que propició el olvido y la amnesia, acompañado por una judicatura totalmente afecta al franquismo o, en el mejor de los casos, amordazada por unos gobiernos que siempre han procurado ocultar lo sucedido.

Justamente hablar sobre la impunidad en el Estado y la Justicia Universal fue el objetivo de los próximos ponentes, que desgranaron comparativas, fundamentalmente con lo ocurrido en Argentina y la lucha en aquel país, destacando aspectos convergentes y diferenciados. Entre estos últimos se remarcó mucho la voluntad argentina de cumplir con todas las disposiciones internacionales en materia de Jurisdicción Universal, lo que posibilitó que hoy, de los ocho años de dictadura en aquel país, haya más de 600 altos cargos en la cárcel y miles de condenados y con procedimientos judiciales en curso; a diferencia de lo que ha ocurrido recientemente en el Estado español, donde el último gobierno ha conseguido emitir, con su mayoría absoluta, disposiciones para descolgarse de las obligaciones que los convenios de Justicia Universal le conferían, reformando descaradamente dicha Ley que ha dado carpetazo definitivo a casos como los de Couso o la querella contra China por su actuación en el Tibet.

Se realizó también un repaso a la situación de la Querella argentina abierta hace cinco años contra los crímenes del franquismo, y su situación en Euskal Herria y en el Estado, abundando también en la necesidad de romper con la ya mencionada “privatización de la Memoria” y presentar el máximo de testimonios de las barbaridades cometidas por el golpe militar y la dictadura. Se informó también de la campaña iniciada ante los ayuntamientos para que, como instituciones más cercanas a los ciudadanos, se personen directamente en las querellas defendiendo a las víctimas del franquismo de cada pueblo o ciudad, para generar un movimiento imparable que obligue definitivamente al Estado español a eliminar la ley de punto final del año 1977, mal llamada de Amnistía, dado que en ella se protege a todos los responsables del golpe y de la dictadura que le siguió, y además no disponen la anulación de todos los sumarios, sentencias y tribunales militares y civiles del franquismo.

Antes de iniciarse la segunda Jornada asignada al 1 de Marzo, se informó al público asistente a la primera sesión mañanera del ataque ocurrido esa misma madrugada contra los monolitos en recuerdo a los hechos del 3 de Marzo, proyectándose las fotografías obtenidas y leyéndose una sucinta y urgente declaración de repudio de la agresión fascista por parte de la “Asociación Martxoak-3”.

También se dio paso a la lectura del mensaje enviado por Fabián Omar Salvioli/1, Presidente de la Comisión de DDHH de la ONU, quien lo remitió por no haber podido participar en las Jornadas, como era su intención inicial. El mensaje aporta un contenido muy valioso, teniendo en cuenta de dónde viene, y será utilizado para su máxima difusión en medios, instituciones y partidos.

Las sesiones de este segundo día se iniciaron con un repaso a las experiencias internacionales, donde los ponentes explicaron las procesos transicionales en otros países, como los de América Latina, hablando de todos ellos como de largos procesos, con grandes e inevitables altibajos. Consideraron que existen buenas condiciones para una Comisión de La Verdad, remarcando que el derecho a la verdad no solo es de las víctimas, sino de toda la sociedad.

Los hechos ocurridos en el “Bloody Sunday” irlandés también resaltaron las dificultades que se dan cuando los gobiernos, como el británico inicialmente, prohíben incluso las investigaciones sobre lo ocurrido, y la insistencia y organización de las víctimas y sus familiares (recordaron que fue muy similar a lo acontecido en Vitoria-Gasteiz: una movilización social con 13 asesinados y 15 heridos de bala) consiguen, al fin, romper el bloqueo que concluyó en el 2010 con un reconocimiento de las responsabilidades del Estado y con Cameron pidiendo perdón.

Desde el Observatorio Europeo de la Memoria, ubicado en Barcelona, se habló de los nuevos proyectos existentes para espacios y políticas de memoria en Europa, dado que hasta la fecha esas políticas han ocultado interesadamente las memorias del sur europeo, centrándolas solo en el nazismo y el estalinismo. Los objetivos serían trabajar en red, desde las universidades e instituciones, fomentando investigaciones y actuaciones sobre derechos ciudadanos, aunque existen a veces dificultades de financiación de estos proyectos. Se trata de desarrollar nuevos métodos de trabajo desde la participación ciudadana y de utilizar los espacios públicos existentes para recuperar memorias invisibles (actuaciones realizadas ya sobre retazos del muro de Berlin, o la cárcel de mujeres de Les Corts en Barcelona…).

La Memoria de los crímenes franquistas en Europa y en sus instituciones fue el tema tratado por nuestros eurodiputados, resaltando la necesidad de la reivindicación y de la presión internacional, porque ese derecho añadido ayudará al conjunto del trabajo contra la impunidad. Se ha conseguido suscitar cierto interés en Europa, pero debe alimentarse más, porque los Estados que conforman la unión europea desconocen la realidad de impunidad que se vive aquí y les resulta insólito que existan fosas, que haya denuncias constantes de tortura, y que sea imposible exigir responsabilidades de ningún tipo. Por primera vez se ha roto ese muro de silencio, y la Comisión europea ha asumido una queja sobre los hechos del 3 de marzo admitiendo a trámite la exposición de los mismos, a pesar de la resistencia de algunos partidos. Por primera vez habrá una comparecencia para denunciar crímenes franquistas.

Debe también resaltarse la constitución de un Grupo informal de Memoria Histórica por parte de eurodiputados del Estado español que ha iniciado su andadura hace año y medio y ha activado diversas intervenciones durante el 2015. Todos los eurodiputados del Grupo enviaron a las Jornadas sendas videocomunicaciones de apoyo y solidaridad, que fueron emitidas en cada sesión. Por su parte, la delegada de Euskadi en Bruselas informó de las ayudas y subvenciones para políticas de Memoria y de los mecanismos de participación y solicitudes, dejando abierta la Delegación de Euskadi para todas las asociaciones y entidades ciudadanas.

Finalizadas las sesiones mañaneras, se invitó a todos los asistentes a acudir al Ayuntamiento de Vitória-Gasteiz para el homenaje a Lluis Llach programado para el mediodía, donde pudo observarse el multitudinario respaldo que el autor de “Campanades a mort” recibió a pesar de que el PSOE se opuso a su nombramiento como hijo adoptivo de la ciudad.

Las tarde se inició con intervenciones sobre la recuperación de la Memoria en Euskal Herria y las actividades que se vienen desarrollando tanto desde Aranzadi como en Nafarroa. Se analizó también lo realizado desde las instituciones de ambos territorios, que a pesar de las evidentes lagunas y debilidades de decretos y leyes, han servido para reavivar el interés social de recuperar una Memoria que debe ser nuestra y relatada por nosotros. Son los caminos para conseguir toda la Verdad y hacer Justicia.

La mesa redonda de partidos políticos mencionada al inicio fue el último acto antes de ser leído el Manifiesto final, a cuya suscripción fueron invitados los partidos presentes. Tras su lectura, muy aplaudida por un público entregado, las Jornadas se dieron por finalizadas con intervenciones musicales del cantautor alavés Patxi Villamor.

Resaltaríamos, como balance general, la apreciación del impulso social adquirido por las cuestiones de Memoria en los últimos años, gracias a la actividad de las asociaciones memorialistas en Euskal Herria y también en el Estado. A veces resulta difícil visibilizar esa sensibilización, pero la exigencia de conocer la Verdad, de eliminar impunidades y de hacer Justicia se extiende ya como una gran mancha de aceite. De ese aceite que debe engrasar, como siempre, a unas instituciones municipales, autonómicas, estatales y europeas atascadas, dormidas, anquilosadas y que hasta ahora han estado mirando para otro lado. Pero que inician ya, con mayor o menor grado de interés e implicación, tareas para asumir compromisos y recuperar iniciativas institucionales en la defensa no solo de las víctimas sino del conjunto de una sociedad cuya dignidad sigue en entredicho mientras no sea capaz de eliminar toda impunidad.

2/03/2016

Notas:

1/

"Ginebra, 1 de marzo de 2016.

De mi mayor consideración

Tengo el agrado de dirigirme a Ud a efectos de hacerle llegar mis más sinceros deseos de éxito en las “jornadas sobre Memoria Histórica e Impunidad”, que se desarrollan el día de la fecha.

La necesidad de esclarecer los hechos de violaciones graves y/o sistemáticas de derechos humanos es un requerimiento ético y jurídico contemporáneo para todos los Estados en los que aquellos hechos han ocurrido.

Diversos órganos internacionales se han pronunciado al respecto en relación al Reino de España, y como consecuencia del último examen del Estado ante el Comité de Derechos Humanos, éste órgano señaló su preocupación por el mantenimiento de la Ley de Amnistía de 1977, que impide la investigación de las violaciones de los derechos humanos del pasado, en particular los delitos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias.

Asimismo, el Comité señaló su preocupación por las lagunas y deficiencias en la regulación de los procedimientos de búsqueda, exhumación e identificación de personas desaparecidas, en particular, por el hecho de que la localización e identificación de personas desaparecidas se dejan a cargo de la iniciativa de los familiares, y por las desigualdades que de ello resulta para las víctimas dependiendo de la región de que se trate.

Finalmente, el Comité hizo hincapié en las dificultades en el acceso a los archivos, en particular, los archivos militares.

Por ello reiteró su recomendación ya expresada años antes, para que se derogue la Ley de Amnistía o se la enmiende para hacerla plenamente compatible con las disposiciones del Pacto. El Comité entendió asimismo que España debe impulsar activamente las investigaciones respecto de todas las violaciones a los derechos humanos del pasado, velando porque en estas investigaciones se identifiquen a los responsables, se los enjuicie y se les impongan sanciones apropiadas, proporcionales a la gravedad de los crímenes y se repare a las víctimas.

También señaló el Comité que el Estado debe revisar su legislación relativa a la búsqueda, exhumación e identificación de las personas desaparecidas y, a este respecto, lo alentó a implementar las recomendaciones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada.

Asimismo, el Estado parte debe establecer un marco jurídico nacional en materia de archivos, y permitir la apertura de los archivos sobre la base de criterios claros y públicos, de acuerdo con los derechos garantizados por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

A la espera de que vuestras jornadas realicen un aporte positivo para el proceso de verdad, justicia y reparación para las víctimas, me despido reiterándole las expresiones de mi consideración más distinguida.

Dr. Fabián Salvioli

Director del Instituto y la Maestría en Derechos Humanos

Universidad Nacional de La Plata, Argentina

Presidente del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas"



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