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Tribuna VIENTO SUR
PSOE-C’s: acuerdo contra los derechos sociales
03/03/2016 | Mikel de la Fuente

El acuerdo suscrito entre el PSOE y Ciudadanos no llega a constituir un ejemplo de política socioliberal, es decir, la que mantiene una desregulación y reducción de los derechos sociales y a favor de los beneficios empresariales, particularmente de las finanzas, acompañada de algunas políticas sociales que tengan por objetivo evitar las situaciones de pobreza severa y el riesgo de explosiones sociales. Es más bien un caso de política neoliberal pura y dura, ya que las medidas sociales que se proponen son de muy escasa envergadura y se acomodan a las exigencias de la Troika. Sin embargo, es muy posible que la mayoría de esas medidas ni siquiera lleguen a aplicarse dada la voluntad explícita de los firmantes de cumplir los mandatos de la Unión Europea, que ya está anunciando que se debe dar una nueva vuelta de tuerca a la reforma laboral y al recorte del déficit público, por lo que cualquier política de recuperación de los derechos laborales y sociales es incompatible con la política austeritaria. El desdén manifestado por los firmantes del acuerdo con los 96 mil millones de gasto público que ha planteado Podemos para recuperar esos derechos es una muestra más de su carácter.

Lo dicho no significa que no haya medidas positivas en el acuerdo, tales como, por poner un ejemplo en materia de derechos sociales, la recuperación del subsidio de desempleo para mayores de 52 años y el acceso al mismo en función de los ingresos de la persona beneficiaria y no del conjunto de las rentas de la unidad de convivencia. Pero esas medidas son excepcionales y el tono viene dado por la inconcreción y el mantenimiento de lo esencial de los recortes realizados no solo por el gobierno del PP sino también por el anterior gobierno del PSOE. Alguno de los aspectos más positivos del acuerdo es el que se refiere a la garantía constitucional de los derechos sociales básicos… que tiene escasas posibilidades de llevar a buen término, salvo que se ponga en práctica un nuevo proceso constituyente, dada la necesidad de mayoría reforzada para el cambio constitucional y de la posición contraria del PP, de Ciudadanos y en buena medida del mismo PSOE, para afirmar derechos sociales dignos de este nombre.

Por razones de tiempo y del conocimiento de los temas por su autor, este artículo no abarca todos los temas sociolaborales. Así, no se analizan las medidas de política sanitaria y educativa, ni las de conciliación entre vida personal y laboral. En materia de indemnizaciones de despido, se ha hecho evidente que, contrariamente a las declaraciones de los portavoces del PSOE, Podemos no mentía cuando denunciaba la reducción de las mismas. Las diferentes versiones entre sus firmantes sobre el alcance de algunas cuestiones (sobre la supresión de las Diputaciones y sobre la derogación de la reforma laboral), conducen a afirmar que en este tema el PSOE quiere maquillar el acuerdo y tiene razón Rivera cuando dice que lo que vale es lo firmado. Cuando se finaliza de redactar este artículo se asiste al esperpento de los documentos que está enviando el PSOE a las organizaciones de la izquierda con las que estaba en conversaciones, que se basan en retórica por un lado y en cambios cosméticos por otro de la redacción del acuerdo inicial.

Política de empleo.El acuerdo reconoce la escasa o nula eficacia para la creación y mantenimiento de un empleo digno del enorme gasto en bonificaciones, exenciones y reducciones de cotizaciones sociales de la política de empleo (más de la mitad de los 7.300 millones que se gasta en las “políticas activas de empleo”), que van a manos de las empresas y que, además, contribuyen a reducir los ingresos de la Seguridad Social. Dice que esos fondos deben destinarse a la orientación laboral y a la formación de las personas desempleadas –especialmente las de larga duración en desempleo– y en actividad. Sin embargo, mantiene la antigua política cuando propone incentivar la contratación de los desempleados de larga duración, sin plantear otras medidas alternativas, más eficaces y más ahorradoras de recursos públicos, tales como,por ejemplo, la obligación de contratar a esas personas en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos, a través de las llamadas cláusulas sociales.

Reformas laborales. A pesar de la insistencia de Pedro Sánchez en afirmar que el acuerdo incluye la derogación de la reforma laboral del PP de 2012, esa afirmación no es cierta. Y ello no solo porque ese término ni figura en el documento del acuerdo sino sobre todo porque se mantienen los contenidos fundamentales de la misma, tales como las causas que permiten las facultades empresariales para modificar unilateralmente las condiciones de trabajo en materias de movilidad funcional, clasificación profesional, modificación sustancial de las condiciones de trabajo, distribución irregular de la jornada y de la cuantía del salario, cuya posible reducción se limita a “solo” un 5%.

Utiliza la misma argumentación que ya utilizó el PP en el 2012 cuando dice que es necesario permitir a las empresas formas de flexibilidad y adaptación para responder a los desafíos económicos y tecnológicos a fin de que “el despido sea el último instrumento de ajuste”, habiéndose probado que ese auge de la flexibilidad empresarial de ninguna forma ha reducido los despidos. Introduce una figura de contrato temporal sin causa. Para aumentar el empleo estable en lugar de limitar las posibilidades de contratación temporal, de prohibir los despidos en las empresas con beneficio (“de conveniencia bolsística”) y los llamados “despidos objetivos” y de penalizar más fuertemente los despidos improcedentes, propone su incentivación mediante reducciones de las cotizaciones sociales, es decir, mediante nuevos agujeros a la caja de la seguridad social.

La rectificación obligada por parte del PSOE para probar que no se reducían las indemnizaciones de despido, deja en pie la reducción de la indemnización por despido improcedente, que ya había iniciado el gobierno del PSOE en 2010 y luego consolidó el gobierno del PP, desde 45 a 33 días por año, con un límite de 24 mensualidades en lugar de las 33 anteriores.

Se dice que se suprime la prioridad absoluta al convenio de empresa sobre los convenios de ámbito superior, pero salvo en jornada y salario, el convenio de empresa sigue teniendo la preferencia. Se amplía de 12 a 18 meses la ultraactividad de los convenios pero no indefinidamente, como sucedía antes de la reforma de 2012. Tras ese plazo, las trabajadoras y trabajadores de nuevo ingreso no quedan protegidos por los convenios caducados sino que se les puede aplicar la regulación legal, que en materia de salarios, jornada y otras, está muy alejada del contenido de los convenios: SMI, jornada de 40 horas semanales, etc. Se pretende una recentralización de la negociación colectiva (“el ámbito provincial…debe ser superado”), que a la vista de la escasa presión movilizadora de los sindicatos estatales, va unida a un deterioro de los contenidos en relación a los convenios provinciales. En lugar de afirmar su papel de mejora de las condiciones laborales en relación con las fijadas en la ley, se pretende que los convenios sean “mecanismos de adaptación negociada a las necesidades reales de las empresas”.

Dependencia.En materia de promoción de la autonomía personal y protección contra la dependencia se propone un “pacto de Estado”, lo que equivale a decir que su contenido será muy limitado. Las únicas referencias concretas en esta materia se limitan a “Derogar el incremento del copago y las incompatibilidades introducidas en la pasada legislatura” y “Abordar la incorporación al Régimen General a los cuidadores familiares de las personas en situación de dependencia”. En relación con lo primero, mientras que la cuantía del copago puede llegar hasta el 90% del coste para los mayores ingresos, con una media del 20% sobre el total del gasto, no se hace ninguna precisión sobre el importe de la reducción. Mientras se mantenga un copago de gran magnitud, la pretendida universalidad de la protección contra la dependencia y el desplazamiento de las actividades de cuidado desde el interior de las familias a los servicios sociales serán ilusorias. En efecto, un gran número de personas usuarias optan por asumir el cuidado y cobrar la prestación económica de cuidados en el entorno familiar y la asunción de los cuidados por las mujeres de las familias y/o contratar a trabajadoras domésticas, mayoritariamente mantenidas en la economía sumergida y con ello sin acceso a las prestaciones de Seguridad Social.

En relación con lo segundo, la fórmula (“abordar…”) no deja clara la recuperación, ni el plazo de la misma, de la eliminación efectuada por el gobierno Rajoy de la financiación a cargo del Estado del convenio especial con la Seguridad Social de las personas cuidadoras.

Por otra parte, no se indica nada sobre la anulación de otros recortes en la protección, que según el XVI Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia presentado el 26 de febrero se ha concretado en una cifra de 2 865 millones de euros, que abarcan la supresión del nivel acordado entre Estado y comunidades autónomas y la reducción del nivel mínimo de protección a cargo del Estado. Esos recortes han dado lugar a que una de cada tres personas reconocidas como dependientes (1 180 435 en diciembre de 2015, un 2,5% de la población) no recibe protección y que de las 384 326 en lista de espera, el 27% están declaradas en los grados más elevados (II y III) y un mínimo de 125 000 han fallecido cuando estaban en espera de recibir una prestación. Según ese informe el servicio de atención contra la dependencia (SAAD) tiene una gran capacidad de generación de empleo en relación con el gasto, de forma que la atención a las personas en espera supondría la generación de más de 90 000 puestos de trabajo directos, sin contar con los inducidos. Ello muestra que la satisfacción de necesidades sociales urgentísimas, que no deben esperar a ningún “pacto de Estado”, puede ir acompañada de una reducción importante del desempleo.

Pensiones. El acuerdo empieza por remitirse al consenso materializado en el Pacto de Toledo… al amparo del cual se han realizado todos los recortes desde su inicio. Se omite la eliminación de las abundantes medidas de recorte realizadas tanto por el gobierno de Zapatero como por el de Rajoy: ampliación de la edad de jubilación a los 67 años, aumento del período de cálculo de la pensión de jubilación de 15 a 25 años, de los años cotizados para alcanzar el 100% de la pensión de 35 a 37 años –según varios estudios solo estas dos últimas medidas supondrán una reducción de más del 10% en la cuantía de las pensiones–, de la reducción de la pensión de jubilación en base al aumento de la esperanza de vida a partir de 2019, que dará lugar de inicio a una disminución del 5% y otras tantas. Como resultado de estos recortes, cuyos efectos en la cuantía de las pensiones individuales se van a notar cada vez más, el gasto en pensiones en febrero de 2016 solo ha aumentado el 2,9% en relación con el mismo mes de febrero de 2015, uno de los más reducidos de las últimas décadas y que se debe tanto a un escaso aumento tanto del número de pensiones (el 1%), como de la cuantía media de las mismas (el 2,1% en el caso de las pensiones de jubilación).

Lo más concreto es el objetivo del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, pero sin plantear si la revalorización se va a realizar conforme a la evolución del IPC y si para ello se va a derogar la ley de 2013 que la anuló. En cuanto la inflación repunte, como es de prever, las revalorizaciones anuales del 0,25% van a suponer una pérdida del poder adquisitivo de las pensiones.

Aunque no se recoge el agotamiento del Fondo de Reserva, producto de la caída de los ingresos debida a la brutal destrucción de empleos y de caída de las bases de cotización por la caída de los salarios, así como el aumento citado de las reducciones y exenciones de cotizaciones sociales sin compensar por los presupuestos generales del Estado, si se asume implícitamente ese agotamiento. Para poder seguir pagando las pensiones se propone la dedicación a las pensiones de ingresos fiscales, sin tomar en consideración el aumento de las cotizaciones empresariales y la ampliación de sus bases al conjunto del valor añadido, incluyendo los beneficios empresariales. Además, no parece creíble ese aumento de los ingresos por vía tributaria cuando los firmantes manifiestan abiertamente su voluntad de respetar los límites del déficit público impuestos por las instituciones europeas, así como de evitar el aumento de los impuestos.

Salario mínimo.La Carta Social Europea propone que el salario mínimo (SMI) sea equivalente al 60% del salario medio. Para acercarse a ese objetivo Rodríguez Zapatero se comprometió a fijar en 600 euros el salario mínimo en la primera legislatura, objetivo que cumplió, y en 800 euros al final de su segunda legislatura. Sin embargo, a partir del 2010, con su aceptación de las exigencias de la Troika en la política económica y social, el incremento del salario mínimo fue inferior a la inflación, hasta llegar a la congelación en el año 2012, congelación que se repitió ya con el gobierno del PP en el año 2014 y con aumentos del 0,5% en el año 2015 y del 1% en el 2016, en el que la cuantía mensual es de 655 euros (en 14 pagas). De esta forma el SMI no alcanza el 40% del salario medio y está muy alejado de la mayoría de los Estados europeos de similar Producto Interior Bruto por habitante.

El acuerdo se limita a un aumento del 1% del SMI para el 2016, es decir, prácticamente lo mismo que lo ya aprobado por el gobierno del PP. Aunque no se deja claro se entiende que ese aumento se sumaría al ya aprobado y tendría por objetivo “ir recuperando su pérdida de poder adquisitivo, que ha alcanzado en los últimos años el 4,1%”. Para años futuros los aumentos del salario mínimo dependerían de la productividad y la competitividad,

En esta materia el acuerdo se aleja drásticamente de las propuestas de UGT y CC OO, quienes en noviembre de 2015 instaban al gobierno del PP a que subiera el SMI un 11% en 2016 (hasta 720 euros) y el 11% en 2017 (hasta 800 euros), de forma que se alcanzara 5 años más tarde la propuesta de Zapatero y el SMI se acercara al 60% del salario medio neto. Los sindicatos más combativos reclaman salarios mínimos más elevados. Así, la CGT reclamaba 1.000 euros ya en el 2007. LAB exige su fijación en 1.200 euros/mes y ELA doblar su cuantía. Con el acuerdo, la mera recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años se dilataría un amplio período. Esta cuestión de la fijación a un nivel decente del SMI es más importante que en el pasado, ya que un número creciente de salarios están fijados en cuantías muy próximas al SMI, por lo que el aumento sustancial del mismo permitiría una elevación generalizada de los salarios más bajos.

Pobreza y emergencia social. El “plan de choque” para combatir la exclusión social, la pobreza laboral y la pobreza infantil estaría dotado con siete mil millones de euros para un Ingreso Mínimo Vital y un Complemento Salarial Garantizado. La insuficiencia de esa dotación se acredita por el dato de que Comisiones y UGT han estimado en 11.000 millones de euros su plan de rentas mínimas para los 1,8 millones de hogares (y 2,1 millones de beneficiarios) que estimaban en el 2015 que tienen ingresos inferiores a 6.000 euros anuales. Y ello a pesar de la insuficiencia del este plan ya que la asignación por cada persona individual es solo de 426 euros mensuales, muy inferior al umbral de la pobreza. El acuerdo ni siquiera cifra ese importe mensual.

Salarios. En lugar de fijar el SMI en una cuantía decente, el acuerdo propone subvencionar los bajos salarios a cargo de los presupuestos públicos, a través del llamado Complemento Salarial Garantizado, que bajo la forma de crédito fiscal complementará los ingresos salariales, en función de la cuantía de éstos de “la persona principal” y de su situación familiar. De esta forma se reducen los costes salariales de las empresas y se normalizan los bajos salarios abonados por las mismas. Contribuye a consolidar la caída de los salarios reales de los últimos años. Según cálculos de Thomson Reuters en un informe publicado por el diario Financial Times http://www.idealista.com/news/finanzas-personales/laboral/2015/05/25/737161 “los españoles han perdido una cuarta parte de su salario real” desde el 2007, es decir los resultantes de los salarios nominales menos la inflación han caído en España un 25%. Esa cifra tan elevada está confirmada por el Banco de España, que en su Boletín Económico de febrero de 2014 señalaba que la caída de los salarios era el doble de la que recogían las estadísticas, lo cual se explica porque la crisis económica ha eliminado un mayor número de puestos ocupados por trabajadores peor cualificados y de menor experiencia, que eran también los que tenían sueldos más bajos. Por este motivo, el Banco de España reconoce que "la evolución salarial agregada" se ha visto inflada de forma artificial por la pérdida de peso relativo de los menores salarios.

1/03/2016

Mikel de la Fuente es miembro del Consejo de Redacción de VIENTO SUR



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