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Estado español
Mercado de trabajo y protección por desempleo
23/02/2016 | Fundación 1 de mayo

El mantenimiento de un enorme desempleo, unido a los recortes en las prestaciones de desempleo, ha dado lugar a una radical reducción de la cuantía y la cobertura de las prestaciones de desempleo en el Estado español. En el año 2015 ha tenido lugar una reducción del desempleo y un aumento de la población ocupada. Pero como recoge el análisis de la Fundación 1 de Mayo de donde extraemos los siguientes datos, la reducción del número de personas paradas se debe en buena parte a una caída de la población en situación de actividad laboral debida al desánimo por las escasas expectativas de encontrar empleo, a la emigración y a otras causas.

La tasa de desempleo a finales del 2015, del 20,9% de media, llega hasta el 22,52% entre las mujeres y al 46,2% entre los menores de 25 años. El 73% de los parados lleva más de dos años buscando empleo, por lo que han agotado las prestaciones contributivas de desempleo y en muchos casos también las asistenciales.

El empleo creado es de menor calidad, siendo mayoría de contratos temporales. A pesar de que la destrucción de empleo de los primeros años de la crisis, al cebarse en quienes tenían contratos temporales, dio lugar a una caída de la tasa de temporalidad, ésta ha vuelto a aumentar hasta un 26%. Han aumentado vertiginosamente los contratos a tiempo parcial, que llegan a alcanzar el 16% del total de los contratos, especialmente concentrados entre las mujeres.

Al agotamiento de las prestaciones de desempleo debido a la persistencia del desempleo masivo se une los recortes en las prestaciones. En el 2013 se redujo la cuantía de la prestación a partir del séptimo mes del 60 al 50% de la base reguladora, lo que supone una reducción del 20%. El SEPE (antiguo INEM) dejó de aportar el 35% de la cuota de Seguridad Social que corresponde pagar a quien está cobrando la prestación de desempleo. Se endurecieron las reglas para valorar los ingresos de quienes pretenden cobrar el subsidio de desempleo una vez agotada la prestación. La edad mínima para cobrar el subsidio para mayores hasta la edad de jubilación pasó de los 52 a los 55 años.

El subsidio de desempleo para mayores de 55 años, que se mantiene en una cuantía de de 426 euros al mes desde el 2013, ha cambiado su condición de derecho individual, pasando a convertirse en una prestación sujeta a la escasez de ingresos de la unidad familiar. Se requiere que los ingresos de la familia constituida por cónyuge e hijos e hijas menores de 26 años o incapaces sea inferior a los 483,98 euros por persona. Es decir, un cónyuge que no llegue a mileurista (bastará con que gane 968 euros al mes), incluso si está en paro y lo que está cobrando es la prestación de desempleo, será considerado responsable del sostenimiento de la otra parte. Este subsidio va acompañado del mantenimiento de las cotizaciones a efectos de la futura pensión. Por ello la imposibilidad de acceder al mismo supone, no solo la privación de ingresos que pueden ser imprescindibles dadas las dificultades de vuelta al trabajo de las personas paradas de más edad, sino un empeoramiento de su futura pensión o incluso la imposibilidad de acceder a la misma. Esta medida afecta especialmente a las mujeres que pierdan el empleo ya que en muchos casos no pueden acceder a este subsidio por el mayor salario, pensión y prestación de desempleo que perciben los hombres.

Como resultado conjunto del desempleo, la caída salarial, especialmente entre los salarios más bajos y los recortes en las prestaciones, el número de personas beneficiarias se ha reducido en el 30% en relación con el 2009, la tasa de población cubierta ha caído el 31% desde el 2011 y el gasto en prestaciones sigue cayendo desde el 2013. Entre las personas que tienen protección es cada vez más elevado el porcentaje de quienes perciben prestaciones asistenciales, de cuantía más reducida.

El informe de la Fundación 1 de Mayo de febrero de 2016, que se puede consultar en el enlace al final de esta presentación, recoge una detallada información estadística de la evolución del empleo, el desempleo y de las prestaciones de desempleo, con datos desglosados por Comunidades Autónomas y por sexos, así como un análisis de los factores de su negativa evolución. Concluye con una recopilación de la última red de protección, constituida por las rentas mínimas a cargo de las Comunidades Autónomas, de cuantía en general muy reducida, configurada como un derecho “débil” y cuya generalización ha sido propuesta por Comisiones Obreras y UGT por una parte y por Podemos e Izquierda Unida-Unidad Popular, por otra parte. Un análisis de su realidad, a partir del caso de la Comunidad Autónoma Vaca, y un análisis crítico de las propuestas de cambio se puede ver en Viento Sur. Mikel de la Fuente.



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