Grabar en formato PDF
Memoria histórica
Bombas de impunidad
17/02/2016 | Rolando d’Alessandro

El golpe de Estado protagonizado por el general Franco el 18 de julio de 1936 contó desde el principio con el apoyo militar de la Italia fascista y la
Alemania nazi. La aviación de estas dos potencias permitió establecer el puente aéreo que trasladó las tropas sublevadas de Marruecos a la península,
primer episodio de una participación decisiva para el desenlace final: casi 100 000 soldados y una cantidad ingente de material de guerra (artillería,
submarinos y buques de guerra, tanques y vehículos de transporte, servicio de cartografía, suministro de municiones y combustible, más de 1 350 aviones…).

Tuvo especial relevancia la aportación de la Aviazione Legionaria y de la Legion Condor. En aplicación de teorías formuladas en ámbitos militares italianos
(Giulio Douhet: Il dominio dell’aria), los pilotos fascistas llevaron a cabo durante la guerra una campaña sistemática de ataques contra
la “retaguardia”, inaugurando en Barcelona la técnica de los bombardeos de saturación, dirigidos explícitamente contra la población civil para castigar y
debilitar la capacidad de resistencia de todo un pueblo: centenares de incursiones aéreas, miles de muertos, destrucción de infraestructuras civiles y
viviendas.

Setenta y tres años más tarde, un colectivo de italianos residentes en Catalunya y dos víctimas de los bombardeos de la Barceloneta presentan una demanda
criminal por aquellos hechos, redactada por el abogado Jaume Asens, en la Audiencia Nacional, que se declara “incompetente territorialmente”. El recurso es
rechazado el 5 de septiembre de 2012.

El 1 de junio de 2012 se presenta la querella ante los tribunales de Barcelona. El 13 de junio, el Juzgado de Instrucción la archiva por un defecto de
forma, ya que “no se especifican con la necesaria precisión los autores de los crímenes” (sic). El 23 de enero de 2013, la Audiencia Provincial de
Barcelona ordena reabrir la investigación sobre los hechos denunciados. Es la primera querella criminal que la justicia española admite a trámite por
delitos perpetrados durante la Guerra Civil.

Requeridas por los organismos judiciales catalanes, las autoridades italianas aplican la conocida técnica del catenaccio, retrasando al máximo
cualquier trámite e investigación con tal de que, tras la muerte de los últimos aviadores, la causa penal quede archivada. La prensa italiana apenas se
hace eco de la iniciativa. Comienza entonces una fase de estancamiento de la vía judicial, a punto de concluir, cinco años después, sin ninguna sentencia y
entre la indiferencia general.

En todo el proceso ha destacado la ausencia de las instituciones políticas catalanas (Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat de Catalunya) que, pase a
haber sido invitadas por el auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, se negaron a presentarse como parte activa en la causa. En el Ayuntamiento de
Barcelona, Iniciativa per Catalunya-Verts (ICV) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), una vez en la oposición, tramitaron mociones de apoyo a la
iniciativa judicial. Fuentes del colectivo de querellantes italianos denunciaron de todos modos la falta de colaboración e incluso el obstruccionismo con
que estos y los demás partidos de izquierda, así como el Memorial Democràtic, habían respondido a todas las peticiones de apoyo durante la fase de
presentación de la iniciativa judicial.

Esta pasividad se ha visto superada ahora por la decisión del actual consistorio barcelonés de presentarse como acusación particular en la querella. En el
comunicado en que anuncia esta decisión, el gobierno de la ciudad también comunica su apoyo a la querella argentina contra los crímenes del franquismo y la
aprobación de una declaración institucional que insta al Estado italiano a pedir formalmente perdón por la intervención fascista. Pese a ello, sigue siendo
llamativa la tibieza de las reacciones políticas y mediáticas a esta primera –y de momento única en todo el Estado– actuación legal por la persecución de
los crímenes del franquismo. Un vacío de absoluta impunidad que representa una anomalía escandalosa en el ámbito europeo occidental.

Deuda de guerra

Una parte de esta anomalía radica en la ausencia de cualquier reclamación dirigida, por parte de las instituciones democráticas del Estado español, a las
potencias extranjeras agresoras por los daños infligidos a la población y al territorio de la República. Una anomalía, ya que después de la segunda guerra
mundial, tanto Alemania como Italia se vieron obligadas a resarcir a todos los países víctimas de sus políticas imperialistas. En febrero de 1947, Italia
perdió partes de su territorio (que tuvo que ceder a Yugoslavia, Francia y Grecia) y sus colonias y tuvo que desmantelar gran parte de su ejército,
cediendo los navíos más modernos, y pagar compensaciones económicas, concretamente 125 millones de dólares-oro a Yugoslavia; 105 millones a Grecia; 100
millones a la Unión Soviética; 25 millones a Etiopía y 5 millones a Albania.

Con Egipto hubo un acuerdo separado –ya que en este caso no había habido una declaración formal de guerra antes del inicio de las hostilidades en su
territorio–, en virtud del cual Italia se comprometió a desembolsar un importe de 4,5 millones de libras esterlinas. Con Libia, el contencioso por
la ocupación del país por parte de Italia entre los años 1912 y 1947 concluiría… el 6 de febrero de 2009, con el tratado de Bengasi. En este, Italia se
comprometió a construir infraestructuras por valor de 5 000 millones de dólares durante 20 años.

Por su parte, los tribunales italianos persiguieron, hasta el año 2010, por iniciativa de familiares de víctimas de masacres, a miembros de las SS,
dictando condenas a los culpables directos y el reconocimiento de la responsabilidad civil del Estado alemán. Sin resultado, ya que el gobierno alemán se
amparó en los mismos tratados internacionales que le permitieron eludir sus responsabilidades con Grecia.

El 12 de septiembre de 2012, los representantes griegos recordaron a Alemania la existencia de una deuda por los daños infligidos a su país por las tropas
nazis durante la segunda guerra mundial. Apuntaron incluso la cifra de 300 000 millones de euros. Berlín respondió que el asunto de las reparaciones de
guerra había quedado cerrado en 1990 con el Zwei-plus-Vier-Vertrag (tratado 2+4), tratado firmado con las potencias aliadas con motivo de la
reunificación de Alemania.

En cuanto al Estado español, en 1994 Alemania acordó conceder una reparación simbólica de 12 millones de marcos a Gernika, aunque al final se limitó en
1998 a enviar un mensaje del presidente Roman Herzog a la ciudadanía de la ciudad vasca. En resumen, por la intervención de su país en la guerra de España,
los responsables alemanes dieron por liquidado el tema con unas cuantas frases solemnes. Italia se niega incluso a esto.

Fundamentos de una exigencia de reparación

Italia y Alemania, como Estados, deberían asumir, conforme al derecho internacional, las responsabilidades institucionales que les corresponden:

  • por la violación de tratados y convenios internacionales vigentes en la época, empezando por el de no intervención;

  • por los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos y para los cuales no se puede invocar la inmunidad de los Estados, tal como recoge la
    sentencia 238 del Tribunal Constitucional italiano;

  • por el principio de pacta tertiis nec nocent nec presunt: los pueblos del Estado español agredidos no estuvieron representados por ningún
    Estado legítimo y por tanto no están sujetos a decisiones tomadas por terceros.

Los daños humanos y materiales causados directamente por las aviaciones y artillerías alemanas e italianas y sus cuerpos expedicionarios fueron ingentes,
directos y diferidos, al abrir la puerta a la larga noche franquista. Pero también hubo el pago de la ayuda aportada por los nazi-fascistas al bando
franquista: Hitler lo cobró en el acto, mediante el suministro de materias primas procedentes de las minas de Asturias, mientras que Italia optó por las
letras, que el régimen de Franco fue liquidando hasta la década de 1960 (es decir, durante los primeros 17 años de la República democrática italiana): 5
000 millones de pesetas.

En la Europa actual, marcada per la “ley de la deuda soberana” y por los nuevos vientos de guerra, ninguna propuesta “normalizadora” en el terreno de la
memoria puede eludir los principios de “reconocimiento de responsabilidad, reparación y garantía de no repetición”. Ahora, cuando ya quedan pocas víctimas
directas de la guerra y las del franquismo envejecen, y cuando los gobiernos herederos de las dictaduras europeas convierten en papel mojado –participando
en aventuras militares o, en el caso de Italia, programando la compra de 90 aviones F-35, con un coste medio de 100 millones de euros cada uno– los
artículos de sus constituciones que repudian solemnemente el recurso a la guerra, parece más que justificada una exigencia de reparación que vaya más allá
de la simple retórica.

15/2/2016

Rolando d’Alessandro es uno de los promotores de la querella contra Alemania e Italia por los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos por las
fuerzas aéreas de esos dos países en el territorio de la República Española.



Facebook Twitter RSS

vientosur.info | Diseño y desarrollo en Spip por Freepress S. Coop. Mad.
 
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual Los contenidos de texto, audio e imagen de esta web están bajo una licencia de Creative Commons