Grabar en formato PDF
País Valencià
Derechos y hechos lingüísticos
02/02/2016 | Ferran Suay

[En el País Valencià el uso del catalán, como ha mostrado Clara Miralles Vila en un reciente trabajo de fin de grado, está más que amenazado. En su análisis Miralles ha empleado dos modelos matemáticos para describir la situación sociolingüística y de competencia entre el valenciano y el castellano. El porcentaje de valencianoparlantes, según sus datos, pasó del 50% en 1990 al 40% en el 2010, y Miralles concluye que si se mantiene la tendencia durante los próximos años, en el 2050 su porcentaje será inferior al 10%. Además, el número de hablantes de cada lengua está también determinado por las oportunidades sociales o económicas que ofrece a sus hablantes y, en función de su desigual atractivo, una lengua dejada al exclusivo albedrío de las elecciones individuales, según las reglas de mercado, desaparece bajo la preponderancia de la otra. En el País Valencià, la derecha y la izquierda españolas y españolistas, aunque con diferencias "de grado", han llevado a cabo una política lingüística similar de menosprecio y sumisión activa al castellano. Por último, el "valencianismo" regionalista y el anticatalanismo son la política explícita de la derecha valenciana y española; y el violento movimiento político articulado en torno al secesionismo lingüístico del valenciano con respecto del catalán en el País Valencià, el llamado blaverisme, es sin duda uno de los más singulares de la historia reciente del estado español, un instrumento de los sectores tradicionalmente hegemónicos de la burguesía valenciana que, estrechamente vinculados a Madrid, aspiraban y aspiran a preservar su hegemonía a cualquier precio. Este factor político es responsable no solo del retroceso público del catalán como lengua en el País Valencià, sino también de la depredación urbanística del territorio, la corrupción o el desmantelamiento de la sanidad y la educación pública. Estos son es los contextos lingüístico, social y político en los que situar el artículo de Ferran Suay. Manuel Girón.]

El 4 de diciembre (se celebró) el primer Día Mundial de los Derechos Lingüísticos, con un gobierno (en el País Valencià) que no es hostil al valenciano. Huelga decir que esto es una buena noticia. Y también una oportunidad.

Con los derechos lingüísticos pasa algo curioso: todo el mundo se manifiesta a favor, y muy pocos hacen algún paso para garantizarlos. Se ve que queda bien salir en la foto y hablar de las lenguas como tesoros ecológicos y epítomes de la diversidad. Llenarse la boca de palabras de respeto y tolerancia es muy barato. Y firmar manifiestos, también.

El caso es, sin embargo, que para garantizar cualquier derecho es necesario arbitrar los deberes concomitantes. En otros ámbitos a nadie le cuesta entenderlo. Si tenemos derecho a la sanidad pública, tiene que haber alguien capaz de proveer atención sanitaria. Sin hospitales y profesionales de la salud, hablar de derecho a la sanidad sería un puro ejercicio de estilo, vacío de contenido. Y no contentaría a nadie.

No es diferente para las lenguas. Para garantizar los derechos de unos hablantes, en el otro lado tiene que haber alguien que los entienda y que sea capaz de atenderlos, porque, efectivamente, las lenguas se utilizan para la comunicación. Todas las lenguas; no únicamente las que disponen de un ejército.

La administración pública valenciana hace muchos años que funciona con un exigente requisito lingüístico: quien no sabe hablar castellano no puede trabajar. Es condición sine qua non, y a nadie se le escapa.

En un territorio con dos idiomas oficiales, hay dos clases de hablantes, los hablantes completos, que son competentes en los dos idiomas, y los incompletos, que sólo lo son en uno. ¿A quiénes debe incorporar una administración pública? ¿Admitiríamos funcionarios que supieron sumar y restar pero no multiplicar y dividir? ¿O que estuvieran capacitados para trabajar en primavera y verano, pero no durante el otoño y el invierno?

Es muy fácil de entender: la igualdad requiere que todos los ciudadanos pudieran ser atendidos en las mismas condiciones. Si unos lo pueden ser en la lengua oficial de su elección y los otros no, estamos ante un sistema de castas. Y eso no es igualdad, es supremacismo.

Cuesta entender que nadie, y particularmente que organizaciones que no tienen ningún inconveniente para firmar preciosos manifiestos a favor de los derechos lingüísticos, pueda oponerse a que la administración pública valenciana tome las medidas oportunas para garantizar la igualdad de trato a todos los ciudadanos.

Si una persona se dirige a un funcionario, y éste puede alegar que no lo entiende, ¿cómo demonios puede ejercer los preciosos derechos lingüísticos que le reconoce la ley, y que todos los alegres manifiestos del día 4 le recordarán? ¿Los debe ejercer individualmente? ¿Tiene que hacer un ejercicio de onanismo lingüístico?

Es evidente que necesitamos una nueva ley capaz de garantizar la igualdad lingüística. La que tenemos ahora, no lo hace. Y las leyes deben garantizar los derechos, y deben hacerlo estableciendo las condiciones para que los deberes correspondientes estén disponibles. No hay derechos sin deberes. Derechos lingüísticos, tampoco. Y este primer 4 de diciembre, el primero con un gobierno partidario de respetar el valenciano, debería marcar un hito en el camino hacia la igualdad lingüística. La hora de pasar de los derechos lingüísticos a los hechos lingüísticos.

03/12/2015

http://opinions.laveupv.com/ferran-suay/blog/6245/drets-i-fets-linguistics



Facebook Twitter RSS

vientosur.info | Diseño y desarrollo en Spip por Freepress S. Coop. Mad.
 
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual Los contenidos de texto, audio e imagen de esta web están bajo una licencia de Creative Commons