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Tribuna VIENTO SUR
Una posibilidad de cambio
18/01/2016 | José Errejón

Los resultados del 20D han mostrado un panorama revelador. El partido de la insubordinación democrática/1, el impugnador del tinglado corrupto y en descomposición en el que se ha convertido el régimen del 78, ha ganado en las dos Comunidades autónomas (CC.AA.) tradicionalmente motores del desarrollo económico- Catalunya y Euskadi- y ha sido segundo en Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia, desplazando a posiciones muy subalternas al PSOE que pierde así en ellas su condición de representante de los grupos subalternos y de los sectores más avanzados en dichas sociedades.

De todas ellas, son aquellas en las que predomina la más fuerte aspiración al autogobierno las que de forma más explícita impugnan el orden del 78 y exigen abrir un proceso constituyente en el curso del cual pueda ser redefinido su encaje dentro del Estado español. La derecha y la parte del PSOE más comprometida con la permanencia del régimen y sus tinglados pretenden presentar esta exigencia democrática como una amenaza para la unidad de España. Se aferran, en realidad, a una situación que les asegura, a ellos y a los grupos sociales a los que representan, un conjunto de privilegios que se han convertido en obstáculos esenciales para que la sociedad española pueda superar el marasmo en el que la ha sumido la hegemonía del modelo inmobiliario y rentista vigente por décadas y encajado en la injusta división del trabajo que constituye el soporte de la UE.

Los pueblos catalán, vasco, gallego y valenciano no tienen nada en contra del resto de los pueblos sometidos al Estado español pero aspiran a establecer una relación basada en la cooperación y el respeto mutuo que parta del reconocimiento de las identidades nacional culturales. Que en España conviven varias de estas identidades es algo difícil de negar; que la consagración constitucional de esta convivencia sea la adecuada a las aspiraciones antes comentadas es, asimismo, difícil de sostener.

El derecho a decidir cuáles son los términos en los que los pueblos desean fundar su convivencia no debiera ser motivo de escándalo. Corresponde en realidad al sentido más profundo del pacto social en que se fundamentan los estados modernos. Es el respeto a esta condición básica de la democracia lo que está detrás de la propuesta de Podemos de convocar un referéndum para que pueda expresarse en libertad la voluntad del pueblo catalán que se hace pueblo precisamente a través de esta manifestación de voluntad.

La cerrazón de los “defensores de la indisoluble unidad de la nación española” en la que forman políticas socialistas otrora defensores del federalismo, ha conseguido generar un clima de crispación en la sociedad española, atenazada por el temor a que estas expresiones constitutivas de voluntad popular amenacen las condiciones de vida logradas durante el periodo constitucional. Es fundamental, a este respecto, promover un clima de diálogo y entendimiento entre fuerzas políticas estatales y “periféricas”.

Los resultados del 20D han puesto de relieve entre otras cosas lo infundado del temor a que una posición favorable al derecho a decidir de la sociedad catalana fuera penalizada en el resto de España. No solo eso: enfatizando el derecho a decidir como el eje de su campaña, En Comù-Podem se ha colocado como la primera fuerza lo que pone de relieve a su vez que, si se garantiza el contenido material del derecho a decidir, la mayoría del electorado catalán podría optar por una fórmula de autogobierno que no supusiera necesariamente ruptura inmediata con el vigente ordenamiento constitucional

El referéndum que plantea Podem no cuestiona la soberanía nacional proclamada en el artículo 1,2 de la Constitución. Lo que se está planteando es la posibilidad que los catalanes puedan expresar libremente su opinión sobre su relación con el Estado español. Y para ello en absoluto se precisa título alguno de soberanía y el absurdo se pone de relieve si se recuerda que ya se expresó en el 2010 apoyando el Estatuto de Autonomía luego ratificado por el Parlamento español y fraudulentamente recortado por el Tribunal Constitucional.

Pero, hay que insistir, no estamos en presencia de un problema de soberanía sino de democracia. ¿No sería bueno en todo caso y fuera quién fuera el inquilino de la Moncloa, saber lo que piensan los catalanes al respecto? ¿O es que hay miedo de que una vez conocida esta voluntad popular su sentido fuera comprendido y respetado por el resto de los pueblos de España? Los partidos del régimen invocan de forma reiterada la unidad e indivisibilidad del soberano, pero ¿por qué no hacen posible que las partes constitutivas del mismo conozcan los términos y el alcance de esta expresión de voluntad?.

Esa soberanía tan enfáticamente proclamada viene a operar en realidad como una armadura que impide conocer la voluntad de los pueblos reales. La constitución del pueblo español ha sido la obra de la Constitución y ésta el fruto de unas elecciones en las que el pueblo soberano no pudo obrar en su condición de sujeto constituyente/2 . ¡Cruel sarcasmo que la soberanía de un pueblo se invoque para negar la existencia y la libertad de otro!

Lo que inquieta a los defensores del régimen oligárquico es precisamente la expresión misma de la voluntad popular; que un pueblo se exprese libremente y que, en tanto que tal, se construya como pueblo podría ser un peligroso precedente, otros pueblos podrían seguir su senda y expresar su voluntad sobre las políticas que se les impone. Pretenden sembrar la hostilidad entre los pueblos y mantenerles separados para que su unidad, ficticia unidad, sea solo posible a través del Estado que somete a todos. Los pueblos tienden a la amistad y la cooperación, no buscan la opresión de otros pueblos. Durante décadas se ha alimentado el rencor de los pueblos castellanos, andaluz, extremeño, etc., contra los pretendidos privilegios de vascos y catalanes. Con la instauración del “Estado de las Autonomías” se intentó neutralizar la singularidad del fenómeno nacional con el famoso café para todos; con una mera desconcentración administrativa ampliada se pretendía asfixiar la aspiración popular al autogobierno. Fue en vano. Como tantas veces en la historia, los pueblos aprovecharon las posibilidades que se les daban para expandir su protagonismo sin renunciar a sus aspiraciones esenciales. Con el ejercicio de esos derechos, por limitados que estuvieran, los sentimientos de identidad se fueron desarrollando y madurando. De expresar un mero rechazo a una integración impuesta por las armas se pasó a una concepción del autogobierno mucho más compleja en la que el contenido del mismo afectaba a las áreas más cotidianas de la vida colectiva, a la actividad económica, al uso de los recursos y los bienes comunes.

La madurez y el desarrollo de la idea de autogobierno como contenido de la aspiración nacional encuentra entonces un punto de coincidencia con el desarrollo de un amplio movimiento social en el resto del Estado contra la oligarquización de la vida política y contra la degradación de las condiciones de vida, resultado de las políticas de ajuste y consolidación fiscal implementadas por los partidos del régimen.

El encuentro de ambas dinámicas sociales alcanza una relevancia que puede ser calificada sin exageración de histórica. El régimen del 78 había asentado su legitimidad sobre la promesa de cerrar las dos fracturas históricas que habían privada de legitimidad al Estado en los dos últimos siglos.

En primer lugar, la fractura social. La convicción, durante largo tiempo expresada en forma de resignación y apatía por lo público, de que la actividad y funcionamiento del Estado solo era en beneficio de una minoría que disponía de él como un patrimonio privado ha caracterizado el imaginario de las capas populares.

Y la fractura territorial, una visión del Estado español muy extendida especialmente en Euskal Herria y Catalunya, como un Estado ocupante en cuyo interior no había cabida para el desarrollo de los rasgos nacional culturales propio y, desde luego, de autogobierno.

La Constitución del 78, en efecto, contenía la promesa de desarrollar los derechos sociales y ciudadanos haciendo efectivo el principio de igualdad que constituye el fundamento último del Estado de derecho. Y contenía también la posibilidad de desarrollar un modelo territorial que hiciera compatible el reconocimiento de las identidades nacionales y regionales, su autogobierno con la igualdad de derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas en cualquier punto del territorio. Pero el proceso de modernización capitalista desarrollado a partir de 1982 ha recuperado enseguida las tendencias a la oligarquización del Estado que se han acentuado con la crisis del 2008. El partido que de forma más coherente ha impulsado este proyecto de oligarquización ha entendido también que era el tiempo de cortar el desarrollo del autogobierno en Catalunya iniciando así un proceso de recentralización efectiva ante la pasividad del partido de la izquierda del régimen.

Contra este proyecto de oligarquización se han insubordinado los movimientos de las plazas a partir del 15 de mayo de 2011 y el movimiento nacional catalán. Me aventuro a sostener que la onda expansiva del primero contribuyó a desarrollar el segundo y que ambos pusieron de manifiesto la crisis profunda del régimen del 78. Que, con posterioridad, el movimiento soberanista en Catalunya haya acentuado este rasgo no implica que haya perdido su carácter radicalmente democrático y anti oligárquico. La confluencia de ambas armas van más allá de arreglos cupulares llevados a cabo para las elecciones del 20D; expresa una tendencia profunda en el seno de la sociedad que se ha expresado en los más de 5 millones de votos obtenidos por Podemos que han puesto a la defensiva a los partidos del régimen, a los viejos y al nuevo.

Lo más importante del 20D es la expresión de esta tendencia más allá del juicio que pueda merecernos la formación política que le ha servido de referencia. El movimiento de las plazas, las mareas, contra los desahucios y que ahora se expresa en ese fortísimo apoyo popular, impensable hace tan solo un par de años. Y que ese apoyo permite pensar en equilibrios de fuerza que frenen el proyecto de oligarquización y que, eventualmente, pudieran hacer posibles esquemas de gobierno capaces de revertir las tendencias regresivas del anterior gobierno y de inaugurar procesos de democratización y fortalecimiento de los derechos sociales, ambientes y nacionales.

A nadie se le ocultan las dificultades de esta hipótesis de gobierno. En su contra se agrupan estos días todas las fuerzas del régimen, con un papel muy especial de la nomenclatura del felipismo. Podrían haber quedado en silencio para que el benévolo recuerdo de su gestión compensara la erosión de las instituciones y los derechos sociales que llevaron a cabo con su equivoca modernización. Pero no, vuelven a reivindicar su obra, y entonces no queda más remedio que calificarlos como se merecen: artífices y colaboradores del régimen oligárquico en cuya conservación han depositado sus intereses de casta. Si un día recibieron el apoyo de las capas subalternas, hoy ensucian ese legado y muestran a las claras su papel reaccionario.

El PSOE, que durante siglo y medio ha sido el referente mayoritario de la gente trabajadora en España, está situado ante una encrucijada histórica. Podría contribuir a inaugurar otro ciclo político basado en la democracia y los derechos sociales, en la cooperación y la solidaridad entre los pueblos de España. Pero tiran de él en sentido contrario los que le han convertido en la muleta del poder oligárquico, los que se sientan en los consejos de administración de los bancos y las grandes compañías eléctricas. Esa pelea no puede ser indiferente para cuantos coincidimos en la aspiración de más y mejores derechos, de mayor democracia y justicia social. En esta pelea tenemos partido y hay que tomarlo de forma decidida. La culminación del ciclo electoral ha modificado sustancialmente el tablero político y ha colocado en su parte izquierda a Podemos como vocación hegemónica y con clara intención de disputar el gobierno a la derecha.

La suerte de dicha pelea tendrá una influencia decisiva en el futuro de España. Si la larga mano de Felipe González se sale con la suya y consigue sentar un gobierno de unión nacional PP/Cs/PSOE, la continuidad en las políticas austeritarias intensificadas por los efectos de una más que probable recesión volverá a sumir a la gente del pueblo en una sima de pobreza y desigualdad, a la que se añadirá la frustración por haber rozado un cambio de rumbo más favorable a sus aspiraciones de mejoras en sus condiciones de vida.

18/01/2016

José Errejón es funcionario

Notas:

1/ Con esta expresión pretendo designar la constelación de fuerzas políticas que, en la estela del 15M y con el indispensable aporte del derecho a decidir, plantean de forma más o menos explícita una perspectiva de ruptura con el régimen del 78

2/ No es necesario reproducir aquí los términos de la discusión filosófica sobre la contraposición soberanía/democracia. Un concepto este de soberanía indisolublemente asociado a la constitución de los Estados modernos como fuente de legitimación residente primero en el Rey y luego en la Nación y el Pueblo.



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