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Estado español
Antes roja que rota
30/12/2015 | Sabino Cuadra Lasarte

“España, antes roja que rota”, afirmó José Calvo Sotelo, portavoz de las derechas españolas en las Cortes madrileñas, en 1936. Algo parecido a lo acordado por el Comité Federal del PSOE el pasado fin de semana, que ha dicho que si Podemos no renuncia a defender un referéndum para Cataluña, ni siquiera se juntarán con ellos a tratar de la posibilidad de un Gobierno alternativo al PP. Su principal raya roja esta así, más aún que en cualquier otro tema social, en una verdad de fe similar a la católica: “Personas distintas, las que quieras, pero un solo Dios verdadero: España”.

Cuando los siete padres y ninguna madre de la Constitución debatían el sagrado texto, alguien les pasó un papelito remitido por la gatopardiana cúpula militar conteniendo castrenses consejos de cara a su redacción final. Lo reconoció Jordi Solé Tura, uno de aquellos siete hacedores, quien señaló que los fácticos poderes exigían afirmar “España como patria común e indivisible de todos los españoles”, así como la “indisoluble unidad de la nación española”. Y los siete padres acataron órdenes y dijeron amén.

Desde entonces, la trayectoria del PSOE no se ha movido un ápice de esta sacralización de la unidad patria española: negativa a reconocer el derecho, no solo a decidir, sino ni siquiera a consultar por parte de Catalunya o la CAV; oposición a tramitar y debatir en el Congreso el proyecto de reforma del Estatuto de Ibarretxe; cepillado a conciencia del Estatuto aprobado por el Parlament; rechazo del proceso participativo catalán del 9N de 2014...

En fechas más recientes, abril de 2014, el Parlament catalán llevó al Congreso una propuesta aprobada en su seno por mayoría de dos tercios, reclamando la cesión de la competencia estatal a fin de poder “convocar y celebrar un referéndum sobre el futuro político de Catalunya”. Fue rechazada por 299 votos (PP, PSOE, UPyD, UPN,...) y tan solo 47 a favor. Un resultado similar al obtenido unos meses antes cuando Amaiur-ERC-BNG propusimos en el Congreso el reconocimiento del derecho de autodeterminación.

La legalidad en vigor establece (artículo 92 de la Cconstitución español (CE) y 1º de la Ley Orgánica sobre Referéndum, de 1980) que los posibles referéndum a convocar serán de carácter “consultivo” –es decir, ni vinculante, ni resolutivo- y que la autorización para su convocatoria es “competencia exclusiva del Estado”. Repito, carácter meramente consultivo y necesaria autorización estatal.

Pero es que, además, si su contenido afecta a la sacrosanta unidad patria, la Constitución establece como requisito para estos casos –art. 168- la aprobación de la reforma por dos tercios tanto en el Congreso como en el Senado, la disolución posterior de las Cortes y la convocatoria de elecciones, una nueva ratificación por dos tercios en las dos nuevas cámaras y, finalmente, la realización de un referéndum a nivel estatal. Pregunta: ¿hay alguien capaz de superar esta carrera inacabable de obstáculos?. No, los siete padres y quienes les pasaban los papelitos sabían perfectamente lo que estaban redactando: un laberinto sin salida.

Por eso, separar la solución de las ansias de soberanía y libertad nacional del impulso de una ruptura democrática con el actual régimen no parece conducir a salida real alguna. Más aún cuando, vistos los pasados resultados electorales, la mayoría absoluta del PP en el Senado impide realizar la más mínima reforma constitucional. Pues bien, siendo esto así, ¿tiene algún sentido afirmar, como lo hace por ejemplo Podemos, que la vía del artículo 92 de la CE puede conducir a un escenario refrendatario en el que sea factible decidir y materializar lo resuelto democráticamente?.

Pasadas las elecciones, el escenario catalán comienza a moverse de nuevo. Ahora bien, seamos sinceros: ¿cabe alguna posibilidad de que una solución al proceso soberanista-constituyente-independentista allí emprendido pase hoy por Madrid? Al margen de las luces y sombras que pueda tener ese proceso, que sin duda alguna las tiene, ¿habrá que decir a ese pueblo que no, que espere, que se apee del viaje iniciado porque vendrán tiempos mejores y se conseguirá finalmente desde Madrid deshacer el nudo gordiano que impide hoy su avance? ¿Esperar, en definitiva, a que haya un cambio en el escenario estatal adverso –PP, PSOE, C’s, UPN,...- que permita abrir las puertas a una solución democrática a la cuestión nacional catalana, vasca,...?

En el fondo, la vía de la ruptura democrática, esa que afirma que el proceso tendrá que plantearse más pronto o más tarde en términos de confrontación y desobediencia ciudadana, social e institucional, es la única que en mi opinión puede llevarnos a un escenario democrático en la que los pueblos catalán, vasco, gallego... puedan realmente decidir. Claro está, no nos hacemos falsas ilusiones al respecto. Es ésta una vía difícil, complicada, llena de dificultades, peligros y amenazas, pero ¿hay alguna otra?.

Se comienza a afirmar también hoy -lo cual es muy plausible políticamente-, el carácter “plurinacional” del Estado español. Ahora bien, partiendo de ahí no podemos olvidar tampoco que, en el marco actual, esas naciones de las que se habla no se encuentran en pie de igualdad, sino de subordinación. Porque, mientras una cuenta con Constitución, leyes básicas, ejército, Tribunal Constitucional, etc., el resto carece de todo esto y soporta esa situación (suspensión y anulación de leyes autonómicas, imposición de leyes estatales rechazadas...) en una situación clara de opresión nacional. Por eso, la afirmación así, sin más, de un marco “plurinacional”, no soluciona el problema de tener que jugar con cartas marcadas y árbitros comprados.

Fue la Transición y la Constitución las que nos trajeron el actual marco, impuesto por quienes lo impusieron. Ellas no pueden ser parte de la solución, porque son precisamente parte del problema. Optamos por el cambio, no por el cambiazo. No más fraudes. No queremos una segunda transición que recupere el espíritu de la de los setenta, sino una primera ruptura, aquella que no se dio y fue taponada por la actual Constitución. Recuperar la primacía de la movilización ciudadana y social es esencial para todo ello.

29/12/2015



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