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sinpermiso.info | Aportación desde la práctica al debate sobre la tributación de la riqueza
El Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas de Gipuzkoa (2013-2014)
11/12/2015 | Helena Franco Ibarzabal (EHBildu)

1. Impuestos de patrimonio y justicia fiscal

En las últimas décadas los impuestos sobre la riqueza están prácticamente desaparecidos de la agenda político-económica de nuestros países. En plena hegemonía del discurso neoliberal, los impuestos patrimoniales se han visto o bien absolutamente mermados y desfigurados o bien han sido directamente eliminados. E incluso la justificación social de los mismos, el porqué de su propia existencia, parece haberse esfumado no sólo de los media o de los parlamentos, supuestos foros de discusión y contraste político por excelencia; sino que incluso en los ámbitos académicos, más orientados al análisis y la discusión teórica, constituye en la actualidad un área absolutamente marginal.

Y sin embargo, la evidencia de una creciente concentración de la riqueza en menos manos, observable a escala global pero también a niveles locales o regionales (y sus posible implicaciones: mayor polarización social, mayores desigualdades entre las personas, con el riesgo potencial que puede generar en la estabilidad política y social de los países y de las relaciones internacionales), debería sugerir justo lo contrario, es decir, debería urgir a gobiernos y agentes políticos, económicos y sociales a favorecer la implementación de medidas y actuaciones de política económica que tengan por objeto contrarrestar tales tendencias. Actuaciones que requerirían obviamente mecanismos redistributivos eficaces, que afectaran tanto a las nuevas rentas que se generen como a la riqueza acumulada.
En estas circunstancias, entendemos que quienes nos proclamamos de izquierdas y, en consecuencia, comprometidos con el progreso social y humano sin exclusión, debemos actuar con determinación para, frente al simplismo individualista del discurso dominante, recuperar y prestigiar la defensa del interés colectivo y la transformación social. Y entroncado en el marco de dicha argumentación, poner en valor la necesidad de una mayor exigencia de tributación a las grandes fortunas y grandes patrimonios.

Y no sólo eso, desde una actitud políticamente honesta y coherente, tampoco debemos conformarnos con un debate exclusivamente circunscrito al ámbito de las ideas. El movimiento se demuestra andando, y en ese sentido, las posiciones teóricas deben acompañarse y reforzarse con una práctica consecuente con las mismas.
La fuerza soberanista y de izquierdas vasca EHBildu, desde el momento en que accede al gobierno foral del Territorio Histórico de Gipuzkoa, ámbito territorial cuyas instituciones están dotadas de cierta capacidad normativa en materia fiscal, adopta una actitud de responsabilidad a ese respecto. Tomando como punto de partida una premisa básica: “no puede haber un sistema fiscal justo sin acometer de forma seria lo relativo a la tributación sobre la riqueza”, nos embarcamos desde el inicio en esta tarea impulsando en primera instancia la reinstauración del Impuesto de Patrimonio para 2011 y 2012 y diseñando a su vez un nuevo impuesto, el Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas (el IRGF) a aplicar desde 2013, con el objetivo de garantizar un tributación sobre la riqueza real y en consonancia con el verdadero valor del patrimonio de los contribuyentes.
Lamentablemente, el recorrido del IRGF parece que podría verse truncado en breve, con lo que su periodo de vigencia se vería limitado a los años 2013 y 2014. En efecto, tras las elecciones de mayo de 2015 el nuevo gobierno foral conformado por el PNV (Partido Nacionalista Vasco) y el PSE (Partido Socialista de Euskadi) establece entre sus objetivos prioritarios profundizar en la contrarreforma fiscal, de acuerdo con lo establecido en el pacto que estas dos mismas formaciones firmaron en setiembre de 2013; y cuyo objetivo no es otro sino desandar los avances en la justicia fiscal emprendidos en Gipuzkoa de la mano de EHBildu y retornar a la senda neoliberal. En este contexto, el IRGF constituye su principal centro de ataque, hasta tal punto que sin que hubieran transcurrido tres meses desde la constitución del gobierno ya habían presentado su proyecto de norma foral de modificación parcial del IRGF (para que pueda ser aprobado antes de fin de año y por tanto de aplicación en el 2015), y han anunciado que próximamente presentaran una reforma más completa e integral de dicho tributo. En la práctica, con la excusa de la armonización fiscal, desvirtuar la imposición sobre la riqueza, restaurando las vías de elusión para los grandes patrimonios.

Aún así o quizá, visto lo visto, aún con más empeño, pensamos que el análisis de los rasgos característicos del IRGF constituye una contribución interesante al debate general sobre cómo articular una tributación sobre la riqueza que nos permita avanzar hacia una organización social más justa, moderna y avanzada.

2. El valor político de la tributación sobre la riqueza

En un contexto de cuestionamiento general de la oportunidad de restablecer gravámenes sobre la riqueza, se torna aun más importante definir la contribución social de los mismos, establecer de una manera suficientemente clara y contundente los motivos que desde el punto de vista del bienestar colectivo, desde la defensa del interés general, avalan este tipo de tributación.

Función de legitimación y concienciación

Las figuras tributarias que gravan la riqueza juegan un papel esencial como elementos de legitimación de los sistemas fiscales, pieza indispensable para garantizar el desarrollo de un estado de bienestar basado en la justicia social.

Nos referimos en concreto al hecho de que si bien el grueso de la recaudación fiscal se obtiene del conjunto de la ciudadanía, es fundamental que todos esos ciudadanos y ciudadanas, y sobre todo los menos pudientes, confíen en ese sistema fiscal, que realmente crean en su carácter progresivo y equitativo. Y ello requiere inevitablemente establecer un nivel de exigencia mayor a los que mayor capacidad económica tienen y, por tanto, están en condiciones de aportar en mayor medida al bienestar general.

Esto es, siendo evidente que el sector público debemos mantenerlo entre todos y todas, lo cierto es que deberíamos hacerlo desde la convicción de que merece la pena pagar impuestos, por las contrapartidas que tiene, en forma de servicios colectivos, de prestaciones sociales, de equipamientos e infraestructuras sociales y productivas; en definitiva, por sus retornos en forma de garantías a una calidad de vida digna para todas las personas. Acompañado, por supuesto, de mecanismos de control eficaces para evitar despilfarros y usos indebidos del dinero público.

Ese convencimiento va asimismo ligado con una determinada forma de recaudar, un diseño fiscal concreto. Y es precisamente desde ese punto de vista donde cobran sentido los impuestos sobre el patrimonio, puesto que todos somos conscientes de que la posesión de riqueza otorga sin duda un mayor poder económico a quien es titular de la misma; esa capacidad económica adicional es lo que justifica una exigencia de tributación adicional a tales “afortunados”.

Función censal y de control

No obstante, los efectos favorables derivados de la implantación de figuras tributarias que graven los patrimonios no se limitan obviamente a la función de legitimación. Cabe destacar, en ese sentido, su función censal y de control democrático sobre la riqueza, ya que permite obtener un conocimiento exhaustivo y sistematizado de los patrimonios y fortunas acumulados en un territorio, y conocer a su vez las modificaciones en su distribución y composición (vía donaciones, herencias,…).

A través del establecimiento y aplicación eficaz de este tipo de impuestos, las autoridades tributarias pueden contar con un flujo de información adicional de gran utilidad en la lucha contra el fraude fiscal.

Función incentivo a usos productivos

Asimismo, en el caso de los tributos sobre la riqueza bien diseñados, a saber, aquellos en los que la normativa fiscal no deja abiertas las habituales vías de elusión, sirven para incentivar el uso productivo de la riqueza frente al mantenimiento ocioso de los bienes que la componen u otros usos de tipo especulativo. Como veremos más adelante, son básicamente dos los elementos que generan ese efecto incentivador: por un lado, el hecho de gravar la posesión de los activos y no su rendimiento, lo cual alienta la obtención de cierta rentabilidad de los mismos; y, por otro lado, el tratamiento fiscal más favorable otorgado a los bienes productivos, frente a los activos inmobiliarios o meramente financieros.

Función recaudatoria

Si bien la capacidad recaudatoria de este tipo de impuestos, es poco significativa en relación con la de impuestos de alcance más amplio, como el IVA o el IRPF, no por ello deja de suponer una fuente adicional de recursos a las arcas públicas, siempre deficitarias respecto a las necesidades sociales de la población.

El grueso de la financiación de las administraciones públicas proviene de esos otros tipos de imposición que descansan básicamente en las rentas de los trabajadores y trabajadoras. Es por ello que aunque, respecto al total, los efectos de los impuestos sobre la riqueza en la presión fiscal o la recaudación tributaria sean relativamente discretos, no debemos menospreciar su aportación, ya que se trata de fondos relativamente estables ante cambios en la coyuntura económica, poco restrictivos en el consumo de los que contribuyen y, a su vez, de carácter plenamente redistributivo y favorecedor de la cohesión social.

Función de contención de la concentración de riqueza

Finalmente, una política fiscal redistributiva sobre los patrimonios y las herencias es un instrumento indispensable para frenar la concentración de la riqueza. De hecho, es cada vez más evidente que para avanzar en esa dirección no es suficiente con gravar de una manera más o menos progresivas las nuevas rentas que se generan año a año, se hace igualmente necesario gravar la riqueza acumulada y las formas de transmisión de la misma (que generalmente tiende hacia una mayor concentración en ciertas personas y familias). Sin olvidarnos de la indispensable complementariedad que debe garantizarse desde el lado del gasto público, con unas políticas de gasto que refuercen ese esfuerzo “desconcentrador”.

3. EL IRGF: Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas de Gipuzkoa

Explicaremos a continuación las particularidades del impuesto sobre la riqueza que se diseño y aplicó en Gipuzkoa en la legislatura 2011-2015, con EHBildu en el gobierno foral. Cabe subrayar que de acuerdo con lo dispuesto tanto en el Concierto como en el Convenio Económico, los Territorios Históricos vascos tienen capacidad normativa propia en este tipo de tributos. Matiz importante, para subrayar que a pesar del calificativo de “foral” no se trata de un impuesto local o municipal, sino un impuesto asimilable al impuesto sobre el patrimonio (si bien su ámbito de aplicación se reduce al territorio foral y no al conjunto de una comunidad autónoma o de un estado).

Objetivo: un verdadero impuesto sobre la riqueza

El punto de partida era hallar el diseño tributario adecuado para establecer un impuesto sobre el patrimonio personal realmente equitativo y progresivo, de modo que se garantizara también la exigencia de tributación a las grandes fortunas.

Es comúnmente aceptado que los impuestos de patrimonio acaban convirtiéndose en instrumentos para gravar a los patrimonios medianos, favoreciendo a su vez una tributación light de las grandes fortunas, de modo que: ni se paga igual por mismos niveles de riqueza, ni pagan proporcionalmente más quienes más tienen.

Las principales vías de escape que para las grandes fortunas suelen tener los impuestos patrimoniales al uso, es decir, los elementos que desde una perspectiva de justicia fiscal torpedean los principios de equidad y progresividad en la tributación de la riqueza son básicamente dos: el establecimiento de un “escudo fiscal” y la inclusión de exenciones fiscales a ciertos tipos de bienes (de carácter empresarial o profesional), de modo que la valoración real de la riqueza poseída por unos individuos respecto a otros queda totalmente distorsionada.

Es curioso, sin embargo, que aun a pesar de identificar correctamente los grandes puntos flacos de dichos impuestos, la gran mayoría de los especialistas en la materia y casi la unanimidad de la clase política concluyen que dadas tales limitaciones lo mejor es o mantenerlos como tal o, en su caso, suprimirlos; siendo muy pocos quienes abogan por modificarlos, reformarlos para corregir esas ineficiencias y distorsiones, y favorecer así el interés general frente al mantenimiento de los privilegios de los más pudientes. Como explicaremos a continuación el IRGF de Gipuzkoa se enmarca claramente en esta última línea.

Entorno fiscal complejo, riesgos acotados

Un elemento a considerar a la hora de implementar propuestas fiscales orientadas a aumentar la presión sobre los grandes patrimonios, es el riesgo de deslocalización de capitales que puede generarse, dada la actual movilidad del capital y en un contexto en el que coexisten diferentes sistemas fiscales con diferentes exigencias de tributación.
Ante tal realidad, desde algunas voces se desaconseja la implantación de impuestos sobre la riqueza de forma aislada en un país o territorio concreto, apelando a la necesidad de un consenso fiscal internacional (o al menos europeo) como pre-condición para garantizar la efectividad de tales impuestos.

Indudablemente una mayor armonización a nivel mundial en lo que a la imposición sobre la riqueza se refiere es algo conveniente y a impulsar, pero no puede ser la coartada perfecta para no hacer nada en absoluto; no es preciso esperar a que el resto de territorios o países avancen para aplicar medidas que aporten en la redistribución de la riqueza. Depende en gran parte de la voluntad política de los gobiernos y autoridades tributarias, valorando los riesgos que de ello se derivan y adoptando sus decisiones desde su convicción en el modelo social y fiscal que defienden.

Ahora bien, tampoco puede obviarse la complejidad del actual panorama fiscal, y es por ello que a la hora de configurar tales impuestos resulta inevitable a tener muy presente cuáles son las situaciones de referencia de los sistemas fiscales del entorno.
Es por ello que diseñamos el impuesto de tal manera que garantizara el cumplimiento de los objetivos perseguidos (es decir, respetara sobre todo los principios de equidad y progresividad) pero asumiendo a su vez unos niveles de riesgos acotados en cuanto a posibles deslocalizaciones y movilidades de contribuyentes a raíz de dicho impuesto.

Características básicas del IRGF

Empezaríamos por apuntar que en el IRGF, como es habitual en los impuestos sobre la propiedad, lo que se grava es la riqueza en términos netos, es decir, descontadas las deudas pendientes: al total del valor de los bienes y derechos de los que sea titular el contribuyente se restan las cargas y gravámenes de los mismos, y asimismo las deudas y obligaciones personales del contribuyente.

Se establece un mínimo exento de 700 000€, a completar con una exención por vivienda habitual de hasta 300 000€; básicamente significa que se empieza a tributar a partir de un millón. Se ha optado por un nivel similar a los del entorno, que deja fuera de la exigencia del IRGF los patrimonios más modestos, concentrándose, en cambio, en los contribuyentes más acaudalados.

En lo que a exenciones se refiere, además de incluir las más habituales (referidas, entre otras, a los bienes integrantes del patrimonio histórico y cultural, a las EPSVs o planes de pensiones, o a los derechos derivados de la propiedad intelectual o industrial no afectos a actividad económica), en el IRGF hemos querido introducir otras más novedosas, que afectarían a una serie de bienes que más allá de su aprovechamiento individual revisten a su vez un valor añadido social o reportan al uso colectivo. En concreto, las instalaciones en energías renovables, los senderos, terrenos e instalaciones de uso público, los bosques de especies autóctonas, o los bienes dedicados a actividades agrarias sin que constituyan la principal fuente de renta del contribuyente se consideran exentos hasta un importe máximo de 100 000€.

En cuanto a los tipos impositivos, se introduce una tarifa en 4 tramos, con tipos que van desde un 0,25% inicial hasta un 1% a partir de los tres millones de patrimonio. Se trata de unos tipos relativamente reducidos, en relación a otros posibles diseños impositivos. Sin embargo, el porqué de esta tarifa más baja solo puede entenderse en relación con el resto de características del impuesto. Efectivamente, y a pesar de que muchas veces los tipos son lo más “vistoso” de un determinado impuesto, resulta inadecuado evaluarlos aisladamente, de hecho el potencial recaudatorio y de aportación a la justicia fiscal de toda figura tributaria debe realizarse partiendo de un análisis integral de la misma.

En el caso que nos ocupa, el establecimiento de unos tipos más bajos se acompaña de otros elementos que permiten la ampliación de las bases imponibles (el importe sobre el que se aplica los tipos impositivos), aproximándolas lo más posible a los niveles reales de riqueza., lo cual nos parece más acertado desde el punto de vista de la equidad y progresividad.

La mayor aportación del IRGF: cerrar las dos grandes vías de elusión a las grandes fortunas

La mayor virtualidad del IRGF de Gipuzkoa, ha sido su apuesta decidida por subsanar las ineficiencias por todos reconocidas que favorecían la elusión de los impuestos sobre la riqueza por parte de las grandes fortunas. Introduce en dichos ámbitos diferencias sustanciales respecto a las figuras de imposición sobre el patrimonio de su entorno; y han sido, esos elementos diferenciadores los que lo han colocado, en consecuencia, en el punto de mira de la crítica mediática y política.

El primer punto fuerte: la desaparición del llamado “escudo fiscal"

En el IRGF se suprime el escudo fiscal; es decir, se elimina el tope respecto a su renta declarada que debe pagar un contribuyente entre el IRPF y el Impuesto sobre el patrimonio.

Para aclararnos, el escudo fiscal se contempla para aquellas personas que cuentan con un patrimonio enorme pero del que obtiene muy poca renta; por ejemplo, porque tienen sus bienes inmuebles vacíos en lugar de alquilados; o porque invierten su dinero en fondos de inversión (que no reparten beneficios en cada ejercicio, sino que se van acumulando y aparecen cuando se vende la participación). Gracias a ese “escudo” contribuiría muy poco a las arcas públicas.

Entendemos que hay razones de suficiente calado que recomiendan eliminar el “escudo fiscal”:

· En primer lugar, desde el punto de vista de la equidad, parece evidente que a un mismo nivel de riqueza le debería corresponder una misma tributación, independientemente de la composición de dicho patrimonio y, sobre todo, independientemente de la rentabilidad que se obtenga del mismo. Recordemos en ese sentido que este impuesto tiene por objeto gravar la posesión de riqueza, no las rentas que nos genera dicha riqueza.

· En segundo lugar, mientras que mantener el escudo da mucho margen para la ingeniería fiscal, el hecho de su desaparición al contrario, desalentaría este tipo de prácticas. En efecto, mientras haya un escudo, si sabes que declarando menos renta vas a tener que tributar menos no sólo en IRPF sino también en el impuesto sobre el patrimonio, intentarás elaborar una planificación financiero-fiscal que contemple fórmulas para limitar la rentabilidad declarada de los bienes integrantes de tu patrimonio, por ejemplo a través de productos con diferimiento en su tributación (las rentas que generan no se declaran a efectos del IRPF hasta el momento de la venta de dicho activo, o quizá nunca, si el contribuyente falleciera antes de proceder a dicha venta), o incluso optando porque el el patrimonio no se use de una manera productiva, para no obtener renta y así tributar menos.

· Por ello, y como tercer argumento, del mismo modo en que la existencia del escudo promueve la ociosidad de los bienes, su eliminación estimula el uso productivo de los mismos (si un contribuyente sabe que lo que se grava es su patrimonio, independientemente de la rentabilidad que obtenga del mismo, este hecho genera un efecto incentivador en la búsqueda de una rentabilidad suficiente para, por lo menos, cumplir con las obligaciones tributarias).

El principal contraargumento para negar la conveniencia de la supresión del escudo viene a decir que sin el límite conjunto respecto a la renta (declarada) el impuesto tendría alcance confiscatorio. En concreto, los defensores del escudo, sin entrar a valorar por qué un patrimonio determinado no produce beneficios, se limitan a reprochar que el IRGF de Gipuzkoa es confiscatorio, porque a alguien con poca renta se vería obligado a vender parte de sus bienes para pagar dicho impuesto.


Sin embargo, esta posición resulta difícilmente justificable, cuando el tope máximo de tributación es de un 1% (el tipo impositivo máximo), frente a una rentabilidad media del capital en torno al 4-5%, según observaciones y cálculos realizados desde diferentes estudios y para diversos países. Es decir, el que quiere puede fácilmente obtener de su patrimonio un rendimiento más que suficiente para cuando menos satisfacer sus obligaciones fiscales (y cívicas).

El segundo punto fuerte: bonificación en lugar de exención a ciertos bienes empresariales

La segunda novedad más importante del IRGF consiste en la eliminación de la exención para bienes afectos a actividades económicas y empresas familiares, sustituyéndola por una bonificación del 75%.

Fundamentalmente, nos estamos refiriendo al tratamiento a otorgar a una serie de bienes patrimoniales ligados a las dos situaciones específicas mencionadas.

Por un lado, está la de aquellas personas que ejercen una actividad, una profesión determinada. En los impuestos de patrimonio al uso, todos los bienes que se utilizan para llevar cabo esa actividad económica quedan exentos, es decir, no se declaran, quedando así abierto un gran campo para la picaresca (ejemplos típicos pueden ser garajes y automóviles de lujo que se declaran como afectos a la actividad).

No obstante, en relación con las posibles distorsiones que puede generar en la equidad del tributo, nos parece más relevante la segunda situación: se da en el caso de aquellas familias que poseen conjuntamente entre sus miembros una empresa, las conocidas como empresas familiares (que, a pesar de lo equívoco que pueda resultar el término, no tienen porqué ser pequeñas empresas; empresas familiares son por ejemplo la empresa textil Inditex, la cadena de distribución El Corte Inglés o el grupo L’Oréal).

En relación a las participaciones empresariales, la exención se aplica:

- o de forma “individual” (una persona que tenga un mínimo del 5% de las participaciones de esa empresa y además trabaje en ella, ganando al menos la mitad de todos sus ingresos por ese trabajo);

-o cuando es una familia, entendida en el sentido amplio del término, que posee conjuntamente al menos el 20% de una empresa y que al menos uno de los miembros de esa gran familia ejerza funciones de dirección y por lo tanto gane más de la mitad de sus ingresos de ese trabajo. Cabe destacar que en este segundo caso es la participación de toda la familia, no solamente la del que trabaja en la empresa, la que tendrá un tratamiento fiscal diferente al de otras formas de participaciones empresariales o financieras.

En la mayoría de los países, las participaciones que cumplen tales condiciones gozan de una fiscalidad beneficiosa, hoy en día básicamente a través de la exención. La justificación parte de reconocer, no sólo la aportación de dichos bienes a la economía productiva, sino sobre todo la mayor implicación personal y la asunción de un mayor nivel de riesgo por parte de los propietarios de los mismos.

Siendo sensibles con dicha tendencia, también en Gipuzkoa son objeto de un tratamiento específico, optando en nuestro caso por la bonificación frente a la exención. Dicho en otros términos, en el IRGF esos capitales sí forman parte del patrimonio declarado de los contribuyentes, pero van a verse bonificados frente a otras formas de poseer riqueza.
Así, solamente tributa el 25% del valor de esos bienes, es decir, hay una bonificación del 75%; lo cual significa que con este impuesto los que inviertan en su empresa pagaran un máximo de un 0,25% por esas participaciones empresariales mientras que aquellos que inviertan en inmuebles o en activos financieros tendrán que pagar un máximo de un 1%. Obviamente, ese 0,25 puede ser poco, si se trata de un pequeño negocio, o una cantidad importante, si de lo que estamos hablando es de una gran empresa.

Razones que justifican la bonificación en lugar de la exención

La inclusión de también este tipo de bienes empresariales y profesionales en el IRGF parte de considerar que los mismos constituyen parte de la riqueza de los individuos y que por lo tanto debe contabilizarse como tal y, en consecuencia, quedar sujetos al impuesto. Porque es innegable que no tienen la misma capacidad económica quien tiene 5, 10, 100 o más millones de euros en participaciones en su empresa que quien no los tiene, no tienen el mismo poder económico, y por lo tanto no nos parece ni correcto ni justo que esos capitales no sean considerados en el cálculo de la riqueza de los individuos.
Además, conceptualmente parece difícil de entender que el capital de los dueños de las empresas no forme parte de su riqueza, mientras que participaciones menores de los trabajadores o de pequeños accionistas en dichas empresas sí serían incluidas en sus respectivos patrimonios.

Por otro lado, permite un mayor control por parte de las autoridades de una parte muy importante de los patrimonios privados (con la exención, por el contrario, al no tener que declararse dichas participaciones, se pierde una fuente esencial de información tributaria).

Asimismo, al eliminar la exención se desincentiva en parte el recurso a estrategias de ingeniería fiscal para eludir no sólo el pago del impuesto sino también el control de dichos bienes. Cualquiera puede concluir que no parece excesivamente complicado organizar el patrimonio familiar y la dedicación de sus miembros a las empresas de modo que puedan ser consideradas empresas familiares, o dicho de otro modo, cumplir las condiciones para poder gozar de la exención.

En definitiva, sólidos argumentos que nos llevan a oponernos frontalmente a dejar exentos este tipo de bienes. Aunque al mismo tiempo, sin alejarnos radicalmente de la tendencia dominante en el entorno, optamos por un tratamiento diferenciado frente a otros tipos de activos, a través de la bonificación, otorgando de este modo un reconocimiento e impulso a las inversiones productivas frente a otras formas de poseer riqueza con menores efectos positivos en la economía real.

Pues bien, a pesar de que los bienes empresariales y profesionales siguen viéndose claramente favorecidos también en el IRGF, parece que el avance hacia la equidad y, menos aún, el control que supone la sustitución de la exención por una bonificación no ha gustado en los círculos del poder económico. Ha sido, sin duda, el elemento más atacado por parte de los grandes empresarios y de sus soportes políticos y mediáticos.
Al respecto es ilustrativo que la primera modificación que el gobierno foral PNV-PSE pretende realizar en su apresurada reforma de la tributación sobre la riqueza sea precisamente la relativa a las participaciones empresariales, retornando a la vieja fórmula de la exención frente a la “no exención bonificada” del IRGF hasta ahora en vigor.
Una vez más, los motivos aducidos para dicha modificación hacen referencia a la armonización (adecuar la tributación a las características del entorno) y a la necesidad de favorecer la actividad económica, el crecimiento y al empleo; argumentos muy poco precisos, y repetidos recurrentemente en su formulación general cuando se trata de justificar la rebaja de impuestos a los ricos y a las grandes empresas, en definitiva amparar el dumping fiscal.

Ahora bien, consideramos poco acertado que por parte de unos responsables políticos que, en principio, se supone al servicio del interés general, se asuma como mejor opción la exención total, puesto que en base a esos mismos argumentos se habría podido apostar por otro tipo de reformulaciones, como por ejemplo la posibilidad de incrementar la bonificación hacia un porcentaje superior al 75% o el establecer bonificaciones con diferentes porcentajes por tramos.

Si el objetivo realmente fuera no querer perjudicar a esas inversiones productivas, sobre todo en el caso de patrimonios medianos, por esa línea se podría establecer una fórmula adecuada para aliviar la carga tributaria a soportar por aquellas personas con una parte importante de su riqueza en bienes profesionales o participaciones en empresas familiares; pero al mismo tiempo se garantizaría el control democrático de esa parte de la riqueza del país, y la disposición por parte de las autoridades fiscales de una información fundamental para la eficacia en la lucha contra el fraude fiscal. Desgraciadamente, al apostar por la exención se actúa justo en sentido contrario, entorpeciendo el avance en la indiscutible demanda social de tolerancia cero ante el fraude fiscal.

4. Algunas conclusiones y perspectivas de futuro

Como hemos subrayado a lo largo del artículo, es imprescindible profundizar y socializar el discurso favorable a la tributación de la riqueza. El peligro de avance hacia unas sociedades cada vez más duales y polarizadas requiere de políticas redistributivas eficaces y justas, tanto por el lado del gasto público como de los ingresos.

El establecimiento de gravámenes a la posesión de riqueza debe realizarse con rigor, transparencia y honestidad. En este sentido, están totalmente fuera de lugar figuras impositivas con vías de escape diseñadas ad hoc para los poseedores de grandes fortunas, permitiendo así que los más privilegiados no contribuyan a las arcas públicas en la medida en que les corresponde, dado sus niveles de riqueza reales.

No hay duda de que es necesaria una mayor armonización fiscal a nivel internacional. La urgencia es más que evidente en lo que a la imposición sobre los beneficios se refiere, tanto a nivel de homogeneización legal y normativa como de medidas efectivas de control y lucha contra la evasión fiscal; pero también en el ámbito de la imposición patrimonial sería conveniente esa mayor sintonía en los diseños tributarios. De este modo, además de avanzar de una manera más globalizada hacia sistemas fiscales más desarrollados, se reduciría el riesgo de “fugas” de grandes contribuyentes y, desde luego, se desactivaría la coartada utilizada por muchos gobiernos para justificar ante su ciudadanía su inacción o retroceso a la hora de gravar a “los más ricos”.

Mientras en el arco internacional se va generando una nueva relación de fuerzas a nivel político favorable a la recuperación de la imposición sobre la riqueza, se puede empezar a dar pasos desde territorios concretos. Obviamente, los responsables políticos que apuesten por avanzar en este ámbito deben ser conscientes de los riesgo asociados a dicha apuesta, y por tanto realizar propuestas realistas y acotadas, que lejos de provocar fugas generalizadas de patrimonios, se traduzcan en exigencias fiscales moderadas, que puedan encajar con relativa comodidad en las disponibilidades económicas de los contribuyentes afectados.

Es posible avanzar en la tributación de la riqueza en un solo estado o territorio, aunque el avance sea necesariamente limitado; y la tarea a emprender complicada, y no exenta de riesgos, para quienes lideren ese proceso de transformación del sistema fiscal hacia parámetros de justicia y equidad. Es por ello que resulta absolutamente necesario que los agentes políticos y sociales que simpatizamos con esa idea mostremos sin fisuras nuestro apoyo e impulso a los gobiernos comprometidos con dicho cambio.

Los hombres y mujeres de EHBildu, en la legislatura en que estuvimos al frente del gobierno de Gipuzkoa, apostamos por implantar el IRGF, el Impuesto sobre la Riqueza y Grandes Fortunas; aceptando un nivel de riesgo que pensábamos asumible y relativamente controlado, confiando en una respuesta solidaria o, cuando menos, razonable por parte de la gran mayoría de entre las y los guipuzcoanos que por sus patrimonios quedaban sujetos al dicho impuesto; y siendo conscientes a su vez de que las deslocalizaciones no son ni tan fáciles ni tan frecuentes como nos quieren hacer creer los que interesadamente agitan una y otra vez el discurso del miedo, para frenar cualquier intento de cambio y transformación fiscal y social.

Y parece que los datos nos han dado la razón. No se puede hablar de fuga de patrimonios. Frente a las voces alarmistas que auguraban todo tipo de descalabro, los datos son concluyentes: no son más que 49 los contribuyentes que habiendo declarado por el impuesto de patrimonio en 2012 cambian de domicilio en 2013; estamos hablando de un 0,62% del total de personas que tienen que contribuir por el Impuesto de las Grandes Fortunas. Un número globalmente no significativo desde el punto de vista estadístico; y menos aun si consideramos que entre ellos hay casos en los cuales desde luego no parece que la razón del traslado haya sido la presión fiscal adicional que les pudiera suponer el nuevo impuesto aunque, obviamente, en algunos otros casos sí (la existencia de territorios muy cercanos, como Madrid, que con una bonificación del 100% sobre el impuesto de patrimonio pude considerarse un paraíso fiscal en lo que a la tributación sobre la riqueza acumulada se refiere, ha podido motivar algún cambio de domicilio por motivos fiscales).
En definitiva, nos gustaría trasladar la idea que pese a todas las presiones desde los grupos de poder, pese a lo limitado de su periodo de vigencia, la implantación del IRGF ha sido un acierto: es un buen impuesto, un verdadero impuesto sobre la riqueza, que imprimía un carácter más equitativo y más justo al sistema fiscal de Gipuzkoa. Ha sido una de las actuaciones del anterior gobierno foral mejor valorada por la ciudadanía. Con el IRGF se ganaba en transparencia, y en información, tan necesaria para una eficaz lucha contra el fraude. Y en cuanto a la recaudación es responsable del 1,5% de la recaudación total del territorio (cerca de 60 millones de euros). Pero además, ha sido (y seguirá siendo) un elemento central en la socialización del debate fiscal y en el avance en la concienciación ciudadana respecto a la importancia de configurar entre todos y todas sistemas fiscales no al servicio de unos pocos sino del conjunto de la sociedad.

29 de noviembre de 2015

Helena Franco Ibafzabal ha sido Diputada de Hacienda y Finanzas por EBildu en la Diputación Foral de Gipuzkoa en la legislatura 2011 -2015

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