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Portugal
Memorándum y lucha de clases (2008-2013)
20/11/2015 | Raquel Varela, Renato Guedes, Ana Rajado, António Simões do Paço, Maria João Behran

Desde hace varios años, el pueblo portugués sufre políticas de austeridad tan brutales socialmente como ineficaces económicamente. Fundamentalmente, estas políticas son fruto del Memorándum firmado en mayo de 2011 entre el gobierno portugués, entonces bajo la batuta de Jose Socrates (PS) y la troika: CE (Comisión Europea), BCE (Banco Central Europeo) y FMI (Fondo Monetario Internacional), con el pretexto de poder reembolsar un deuda pública que entre 2010 y 2013 pasó del 94% al 129% del PIB. ¿Qué consecuencias ha tenido este Memorándum en lo que respecta a las condiciones de vida y a la conflictividad social?

La crisis de 2008 y el Memorándum

El impacto de la crisis cíclica de 2007-2008, conocido mundialmente como crisis financiera global, crisis de los crédito fallidos, y cuyo episodio más simbólico fue la quiebra de Lehman Brothers Holdings Inc., el cuarto mayor banco de inversiones en EE UU, tuvo un gran impacto en Portugal y en otras economías semi-periféricas de la Unión Europea (UE). Las cuentas estatales sufrieron profundos cambios que dieron pie a la crisis de la deuda pública. El déficit público pasó del 3,6% del PIB en 2008 a 10,2% en 2009 y 9,8% en 2010/1.

En un primer momento, el incremento del déficit se contempló como una consecuencia inevitable de las medidas adoptadas en todo Europa para hacer frente a los efectos de la crisis/2.

Después, el gobierno y la Comisión Europea (CE) decidieron ceñirse al Pacto de estabilidad inscrito en el Tratado de Maastricht, es decir, limitar el déficit público al 3% del PIB. Con el objetivo de garantizar las diversas rentas fijas del capital -intereses de la deuda pública, cooperación público-privada en la que el Estado hace suyos los riesgos de las empresas privadas, subcontratación externa de servicios, etc.- (Nakatani, 2012), el gobierno defendió la vuelta a la disciplina presupuestaria y solicitó un préstamo exterior para el pago de la deuda pública y la recapitalización del sector bancario (77 000 mil millones de euros). Negoció el Memorándum a través de un protocolo firmado con la troika.

Las medidas de austeridad que se derivaron del mismo contenían recortes directos en los salarios, en el salario social (Estado social), en el salario diferido (seguridad social, pensiones) y un incremento regresivo de los impuestos indirectos (impuestos sobre el consumo como el IVA, hoy en día en el 23%). De forma paralela se dio un proceso de privatización de empresas públicas así como de mercantilización creciente de los servicios públicos, sobre todo en el área de la salud (por ejemplo, hoy en día, la mitad del presupuesto de los hospitales privados está a cargo de las arcas públicas). Actualmente, la mayor parte de los gastos del Estado se destina al pago de los intereses de la deuda pública, que se corresponde a la totalidad del presupuesto del Servicio Nacional de Salud, que no hace mucho, era totalmente gratuito y considerado como uno de los mejores del mundo (7ª posición). Estas medidas fueron asumidas como una forma de "garantizar el pago del préstamo".

En paralelo, el gobierno puso en pie una serie de medidas que están a punto de aplicarse y que, si no hay una resistencia de los trabajadores y trabajadoras, modificarán las relaciones de trabajo. Medidas que conllevan:

1.- el incremento brutal del paro acompañado de la recesión. Pero como la reducción de empleo es más fuerte que la recesión, la intensificación del trabajo conduce a un incremento de la productividad, es decir, a una reducción del coste unitario del trabajo para garantizar la rentabilidad del capital invertido (desvalorizado con la crisis de 2008). Esta política de empleo cuyo objetivo es aumentar la productividad está definida en el Informe del presupuesto de Estado del Gobierno para 2013 (Ver gráfico 1);

2.- el fin del "derecho al trabajo" a través de la liberalización de los despidos; y

3.- una reducción severa de los convenios colectivos.

Gráfico 1 : Paro (por tramos y en valores absolutos)

Es difícil determinar a quién atribuir y en qué grado la responsabilidad de las políticas de austeridad. Partidos, movimientos sociales y centrales sindicales tienden a acusar al gobierno (y por ello exigen, todos ellos, su dimisión desde septiembre de 2012), pero también incriminan a la UE: ausencia de solidaridad; sobre todo de las instituciones emblemáticas bajo "control" alemán como el BCE, así como del FMI, debido a las políticas aplicadas. Resulta llamativa la ausencia de un debate en los sindicatos sobre la moneda única.

La fuerza de trabajo en Portugal. Precariedad y salarios directos bajos

En el primer trimestre de 2013, la población de Portugal era de 10,5 millones de personas, siendo la población activa de 5,4 millones (casi el 51,5% de la población total). En 2012, la tasa de paro oficial se situaba en el 17,7%. Sin embargo, en 2013, la tasa real de paro se situaba en el 25,7%. Es decir: 1 400 000 (total de personas en el paro, inactivas disponibles o con sub-empleo a tiempo parcial). La precariedad abarca a más de un millón de personas, con un salario medio inferior en un 37% al de las y los trabajadores con un contrato indefinido (Rosa, 2013). En otras palabras, actualmente, la mitad de la fuerza de trabajo en Portugal es o bien precaria o está en paro. Entre las y los trabajadores por cuenta ajena, más del 80% ganan menos de 900 euros al mes.

EL Pacto Social acordado en 1975, fruto del proceso revolucionario de 1974-1975 conocido como la Revolución de los claveles, conllevó un incremento de las remuneraciones del trabajo sobre el capital del orden del 15% (Silva, 1985) y fue ratificado en la Constitución aprobada en 1976. Este pacto siguió vigente hasta la crisis de 1981-1985, garantizando el derecho a un empleo reglado y protegido, en función del clima conflictivo heredado de la Revolución: 10 gobiernos en 10 años, entre 1976 y 1985 (Varela, 2012).

Pero una de las consecuencias más importantes de la incapacidad de la resistencia organizada por parte de los sectores laborales a las medidas contra-cíclicas de los años 1980 -entre ellas la reducción del coste unitario del trabajo y, consiguientemente, el incremento de los beneficios- será, a partir de los años 1980, la precarización creciente de la fuerza de trabajo. Las garantías laborales legales tienden a ser reservadas para la generación de la Revolución de Abril, mientras que las generaciones jóvenes padecen una precarización creciente que irá acentuándose de forma dramática a lo largo de la primera década del siglo XXI.

Para comprender cómo se ha podido dar este proceso, creemos que se han tenido que reunir cinco condiciones:

1.- La derrota del sector más importante del movimiento obrero organizado como ejemplo para el resto de los sectores laborales y las clases medias. Tres años de retrasos salariales en la empresa naval Lisnave -la concentración obrera más grande del país con cerca de 9 000 obreros que firmaron el primer acuerdo a nivel de empresa en esos términos de "pax social". Esto repercutió sobre otros sectores, como señalan, entre otros autores, Stoleroff (2013) y Strath (1989), de manera similar a la derrota de los mineros que se produjo bajo el gobierno de Margaret Thatcher en el Reino Unido, de los controladores aéreos en Estado Unidos, de los obreros de la Fiat en Turín y, más tarde, de los trabajadores en el sector del petróleo en Brasil.

2) Los vínculos estrechos entre un sindicalismo más proclive a la negociación que a la confrontación (más o menos acomodaticio según fuera impulsado por la UGT, de inspiración social-demócrata, o por la CGTP, más próxima a los comunistas) y el régimen democrático; vínculos establecidos a partir del Estado, contemplado no como un oponente sino como árbitro al que se plantean las propuestas, en lugar de hacerlo a las empresas como ocurría durante la revolución (Lima, 1986, Stoleroff, 1988)

3) La mejora del nivel de vida y consumo de las clases medias y trabajadoras.

4) La utilización, siguiendo las orientaciones del Banco Mundial, de fondos de la Seguridad Social para gestionar la precariedad y el paro, lo que crea un "colchón" social con el fin de evitar explosiones como resultado de la extrema pobreza, la desigualdad o la represión social (2013). Esta utilización fue negociada, caso por caso, y casi todas fueron aceptadas por los sindicatos bajo la forma de jubilaciones anticipadas: sector bancario, seguros, grandes empresas metalúrgicas (sólo en el sector naval de la Lisnave, casi 5 000 trabajadores obtuvieron la prejubilación hasta con 10 años de anticipación; en el sector portuario la plantilla se redujo de 7 000 a 700 en todo el país/4), empresas de telecomunicaciones, por citar algunos ejemplos. Por el contrario, los "derechos adquiridos" se mantienen para quienes ya lo disponían y ya no se contratan nuevos trabajadores y lo que se contratan lo son en condiciones de precariedad, lo que conlleva una reducción substancial de las contribuciones a la Seguridad Social. Así pues vemos que existe una estrecha relación entre la gestión de la fuerza de trabajo utilizada, los fondos de la Seguridad Social y la creciente creación de medidas asistenciales para atenuar los efectos de los conflictos sociales derivados del paro (subsidios de paro, indemnizaciones para los despedidos, formación profesional, renta mínima - comparables al programa Bolsa familia en Brasil o la ley Hartz IV en Alemania- renta de inserción social, subsidio social de paro, subsidio parcial de paro).

5) La consecuencia de la precarización de la fuerza de trabajo es el paro, y la del paro, la pobreza. Esta secuencia es incuestionable en la sociedad portuguesa de las últimas tres décadas. Cuanto más se legisla a favor de la flexibilidad laboral, más aumentan la precariedad, el paro y la pobreza. Actualmente en Portugal, más de un millón de personan dependen de programas de asistencia. Casi la mitad de portugueses y portuguesas que trabajan no llegan a ganar más de 421 € al mes para vivir (Behram). Las cifras de la pobreza son también, por otra parte, las de la riqueza. Entre 1993 y 2009, si bien la proporción de la renta del 5 % de la población más pobre se ha duplicado -es verdad que gracias a las políticas sociales-, el volumen de las rentas más elevadas habría aumentado en un 67 % (Silva, 2013).

Salario social: Estado social y Seguridad Social

Con el memorándum de la troika, se asiste a un refuerzo del discurso sobre la imposibilidad de seguir manteniendo el Estado social en Portugal. En un estudio publicado (Quem Paga o Estado Social em Portugal?, Bertrand, 2012), ya desmentimos esa tesis. Calculamos el número de gente que trabajaba y vivía pagando impuestos (directos e indirectos) y contribuciones al Estado y el de quienes recibían un servicio público (sanidad, educación, seguridad social, transporte, deporte, espacios públicos, cultura) entre los años 1995-2010. Llegamos a las siguientes conclusiones:

· Los trabajadores y trabajadoras aportan el 75% de los ingresos fiscales, incluso si no ganan mas que alrededor del equivalente del 50% del PIB antes de los impuestos y contribuciones sociales/6.

· La recuperación total de impuestos y contribuciones de las y los trabajadores, entre 1995 y 2003, fue excedentaria en relación a los gastos inherentes a los servicios sociales del Estado; dicho de otro modo, las y los trabajadores pagaron más en impuestos y retribuciones de lo que recibieron en servicios sociales del Estado;

· A partir de 2003, el salario social neto registró un pequeño déficit, que podría ser contrarrestado si los fondos reservados para las funciones sociales del Estado no hubieran sido parcialmente desviados hacia los subsidios para las empresas, la integración de los fondos de pensión en quiebra por la negligencia de los gestores privados, las políticas de empleo, etc.;

· No vemos la correlación entre los gastos inherentes a servicios sociales del Estado y el déficit público; en los años en los que el salario social no fue excedentario se registró ya un déficit público grande; en los años en lo que se observa un ligero déficit del salario social neto (2003-2010), el déficit publico continúa aumentando de forma desproporcionada.

Para el Estado social, y en parte también para el salario social neto, las medidas que afectan a las pensiones, que han sufrido recortes dramáticos (entre el 10 y el 50%) han sido particularmente fuertes.

El debate sobre la sostenibilidad de la Seguridad Social ha estado dominado por argumentos demográficos que parten de una tesis semi-catastrofista; a saber: la evolución de la pirámide de edad (con el incremento de la población de pensionistas en relación a la población activa) comprometería su sostenibilidad. Esta explicación es errónea. La clave de la sostenibilidad de la Seguridad Social se encuentra en la riqueza producida y en las relaciones laborales y no en el marco demográfico actual, en el que la ONU no prevé, por otra parte, alteración significativa antes del 2060.

El aumento de la esperanza de vida (EMV) no constituye ninguna tragedia sino un progreso de la civilización, fruto de una evolución de miles de años. Por otra parte, la EMV constituye una media: entre la de un obrero manual y la de un cuadro de alto nivel puede haber una diferencia de ¡18 años! Recordemos también que la EMV en Portugal es sensiblemente idéntica a la de los países del norte de Europa, mientras que la EMV en buenas condiciones de salud es una de las más bajas: 6 años contra 15 en Dinamarca, por ejemplo. En fin, los cálculos actuales para la EMV utilizan como referencia el nivel de bienestar actual, es decir, el acceso a la salud y a la Seguridad Social, a una vivienda digna, a una alimentación de calidad y a la movilidad. Si se reducen estos sectores, la perspectiva es el hundimiento del EMV. En otros términos, los recortes en el gasto de la Seguridad Social pueden significar, de hecho, que se vive menos tiempo.

La Seguridad Social portuguesa es sostenible y excedentaria (es el único sector que lo ha sido siempre en Portugal) si se impide su descapitalización por el Estado y si se garantizan las relaciones laborales estables.

La descapitalización de la Seguridad social comenzó en la segunda mitad de los años 1980 a través de:

a) La utilización de fondos de la Seguridad Social para desarrollar programas de asistencia derivados del paro (los "padres" que pagan el paro de sus "hijos").

b) Las prejubilaciones: alguna a 45 o 50 años. Las y los trabajadores efectivos y con derechos (que contribuyen) son reemplazados por contratos precarios.

c) Las deudas no cubiertas (8 000 millones de euros)

d) La transferencia de fondos de pensiones de la CGD, PT, Marconi y ANA/7 (que actualmente se han devaluado a menos de un tercio).

e) La opacidad que recubre el valor real (no nominal) de los fondos de pensiones del sector bancario/8; los subsidios de la Seguridad Social para los despidos (que se han triplicado en estos tres últimos años).

f) La fprofesional y las políticas activas de empleo (1,4 % del PIB) entre ellos, el programa Aliento Juvenil, que permite a las empresas contratar gente a un precio ridículo.

g) E incluso un episodio grotesco: la utilización de fondos de la Seguridad Social para la "ayuda humanitaria a Kosovo".

Hemos consagrado la mayor parte de nuestros trabajos, publicados en el libro colectivo A Segurança Social é Sustentável. Trabalho, Estado e Segurança Social em Portugal (Varela, 2013), a las relaciones laborales en Portugal y a su evolución histórica, porque pensamos que constituyen la clave de la sostenibilidad de la Seguridad Social.

Si bien es cierto que el número de personas mayores y de gente jubilada ha aumentado en Portugal, no es menos cierto que el número de trabajadores y trabajadoras activos jamás ha sido tan importante como a principios del siglo XXI (no hay que olvidar la entrada masiva de mujeres en el mercado). Hoy en día en Portugal hay 5,4 millones de personas activas y 2,5 millones de personas jubiladas y mayores, es decir, el doble de activos en relación a estas últimas.

Para definir la sostenibilidad de la Seguridad Social es interesante conocer la productividad de estos trabajadores. Vemos que ésta ha aumentado más de lo que sería necesario para compensar una reducción, en un previsible futuro, de la población activa o un incremento proporcional de gente pensionista (la productividad por trabajador en Portugal aumentó en 5,37 puntos entre 1961 y 2011, es decir el 430% por trabajador o trabajadora). No obstante la mitad de la población activa está en paro o en situación precaria (cobrando una media de 37% menos, como lo hemos señalado, lo que no le permite cotizar para que la gente que ya no trabaja tenga una pensión digna).

Sindicalismo, huelgas y conflictos colectivos

Entre 2007 y 2013, Portugal conoció seis huelgas generales y numerosas huelgas en la administración pública/9. Citemos la huelga general del 14 de noviembre de 2012 que paralizó al país y contó con una fuerte movilización en las calles. Fue durante esa huelga general, tras el comienzo de las políticas de austeridad, cuando tuvieron lugar los primeros incidentes violentos entre los manifestantes y la policía en los alrededores del Parlamento. Es preciso subrayar que en esta ocasión y por primera vez en 20 años, la CGTP también llamó a manifestarse, respondiendo de ese modo a la presión de las redes sociales, cuando hasta esa fecha era una tradición que el día de huelga general no hubiera manifestaciones.

La última huelga general tuvo lugar el 27 de junio de 2013 con el objetivo de hacer caer al gobierno; pero fracasó en su objetivo. Diversos medios de comunicación subrayaron la capacidad de la huelga para paralizar, sobre todo, el sector del transporte y de ese modo afectar al resto de la cadena de producción. No olvidemos que las huelgas tuvieron su mayor impacto en las regiones de Lisboa y Porto, pero que su incidencia fue menor en las ciudades medianas y pequeñas.

Citemos también que en esta última huelga participó la UGT (más cercana a la social-democracia) cuyas posiciones -hasta entonces- eran cercanas a las del gobierno (de las seis huelgas generales de estos seis últimos años, no apoyó más que dos) apoyando el Memorándum y firmando acuerdos de concertación social que la CGTP había renunciado a firmar/10. También hay que constatar que la fuerza de la UGT se reduce en la medida en la que paulatinamente pierde influencia en el sector de seguros y bancos (sus principales sectores). De ahí el carácter más simbólico que real de los acuerdos firmados.

Este número de huelgas es, señalémoslo, histórico y remarcable; jamás ha habido en Portugal tantas huelgas generales en tan poco tiempo (Varela 2012). Independientemente de la movilización -que fue fuerte en la huelga general de noviembre de 2010 y más débil en la huelga general de 2012-, este número de huelgas expresa la dificultad para el conjunto de la sociedad portuguesa de apoyar, en el contexto capitalista, las disparidades sociales que le atraviesan. Según las cifras oficiales, Portugal conoció 3 000 manifestaciones en 2011/11. La manifestación del 12 de marzo de 2011 en Lisboa -convocada al margen de las estructuras sindicales- reunió 100 000 personas; las del 15 de septiembre y del 2 de marzo de 2013 movilizaron, cada una, más de un millón de personas en las calles del país. Fueron las movilizaciones más importantes desde el 1 de mayo de 1974, tras la caída de la dictadura.

Esta crisis, en la que las medidas contra-cíclicas han devastado sectores muy importantes de la clase trabajadora y de las clases medias de la sociedad (en un proceso de proletarización/precarización) también está, probablemente, en vías de destruir las condiciones que han permitido esas medidas, es decir, el pacto social.

El desarrollo del capitalismo portugués tras el 25 de abril de 1974 se debe, en gran parte, a la existencia de un dispositivo que regula las relaciones de trabajo, ampliamente protegidas a través de los convenios colectivos y la prohibición de los despidos (y/o con fuertes indemnizaciones). Actualmente esta situación está en entredicho por las negociaciones entre el gobierno y la troika, orientadas a precarizar las relaciones laborales y a facilitar los despidos con el objetivo de reemplazar a las y los trabajadores con plenos derechos por contratos precarios. Los gráficos 2 y 3 muestran la evolución de los instrumentos de regulación colectiva del trabajo (IRTC) y los decretos de extensión (extensión del contrato colectivo) que ilustran esta tendencia.

Grafico 2 : Evolución del número de IRCT publicados en el Boletín del Trabajo y Empleo, por tipo de IRCT, entre 1976 y 2012

Fuente : Marques Alves, Paulo ; Poças, Luís ; Tomé, Raul (sous presse), La crise de l’emploi jeune et la négociation collective, in Actas do XV EN SIOT, Lisbonne, APSIOT.

Gráfico 3: Evolución de número total de Decretos de extensión, publicados en el Boletín del Trabajo y el Empleo entre 1976 y 2012.

Fuente: Marques Alves, Paulo ; Poças, Luís ; Tomé, Raul (sous presse), La crisis del empleo joven y la negociación colectiva, in Actas do XV EN SIOT, Lisboa, APSIOT.

Resulta curioso recordar aquí el discurso de Amavel Alves, miembro del PCP y de la Comisión ejecutiva de la CGTP, que en 2004 declara públicamente que no negociar con la CGTP y los sindicatos podría ser bastante peor para la patronal que la negociación: "la patronal teme que los trabajadores, con convenios colectivos sectoriales que los protejan, reivindiquen y luchen empresa a empresa. Es decir, que en lugar de neutralizar un conflicto, se exponen a suscitar múltiples"/12. Dicho de otro modo, si bien es cierto que en lo inmediato el convenio colectivo mantiene a los trabajadores en malas condiciones, a medio plazo su ausencia puede tener consecuencias explosivas.

A semejanza de la mayoría de los países europeos, parece indiscutible que Portugal conoce, si se tiene en cuenta la tendencia a la baja, general y reciente, de la tasa de sindicalización, una caída de los ingresos per capita de los sindicatos debido a la reducción de los salarios -reales y nominales- de los trabajadores y trabajadoras sindicados. Según diferentes cálculos, la tasa varió del 52% en 1976 al 58% en 1981 (Alves, 2009), y la OCDE presenta una evolución entre el 60% en 1978, 51,4% en 1986 y 28% en 1992. Diferentes fuentes sitúan la actual tasa de sindicalización entre el 15 y el 19%. En el sector privado, los sindicatos representan alrededor del 9% de los trabajadores y trabajadoras/13.

Entre las razones que explican esta disminución de la tasa de sindicalización, se señalan, sobre todo, el cambio en las relaciones laborales y el vínculo de los sindicatos portugueses con los aparatos de los partidos (la UGT con el PS y la CGTP, con mucho, la más importante, con el PCP) (Stoleroff, 2013). Alves (2009) estableció, por ejemplo, que la tasa de sindicalización entre las personan que tienen un contrato indefinido a tiempo completo es muy superior (22,6%) al de las personas que tienen un contrato a tiempo parcial (4,5%). Por tanto, existe una correlación. Pero, nos podemos preguntar: ¿existe una causalidad? Los estudios que se conocen no toman en consideración la complejidad del asunto. Y ello, porque la cuestión se podría plantear a la inversa, como lo hace Van der Velden (2012) en el estudio sobre las huelgas en Holanda, donde se observa que la tasa de sindicalización aumenta tras las huelgas radicales: ocupación de empresas, huelgas de larga duración, contratos de solidaridad con otras categorías o sectores de trabajadores. Por tanto, la cuestión, que queda abierta, se puede plantear del siguiente modo: ¿no es la ausencia de una política radical de los sindicatos la que conduce a la desindicalización?

A modo de conclusión

Paradójicamente, la Seguridad Social universal lograda en el período revolucionario 1974-1975, que constituyó una conquista histórica, a partir de finales de los años 1980 se transformó en un "colchón" social para financiar el paro y la precariedad. Previamente, con el fin de dar forma a las nuevas relaciones laborales, se reconoció la legitimidad de un salario familiar, en tanto que las familias aceptaban seguir apoyando a sus hijos; y después los recursos de la Seguridad Social fueron utilizados de forma sistemática para establecer una estructura asistencial que acompañaba la flexibilización del mercado laboral por la vía del subsidio de paro, de ayudas a empresas, de indemnizaciones por despidos y de programas de asistencia.

De hecho, a partir de la mitad de los años 1980, la fuerza de trabajo en Portugal se fragmentó progresivamente entre, de un lado, una fuerza de trabajo en su mayoría con más edad, más derechos, más sindicalizada, con menos formación, protegida todavía por el Pacto social puesto en pie por la Revolución de 197-75, más propensa a la mediación y, de otro, un país precario, una fuerza de trabajo del tipo just in time (trabajar sobre pedido)a la que se le convoca cuando las empresas tienen necesidad de ella y que vuelve al paro cuando la producción disminuye, que en general es más cualificada (Alves, 2009) pero con menor capacidad político-organizativa. Este marco representa un modelo tendencial con numerosas excepciones, pero que ilustra la dinámica de la formación actual del mercado de trabajo. Esta situación ha debilitado objetivamente a los sindicatos (Stoleroff, 2013), a las comisiones de trabajadores y a otros organismos representativos de las y los trabajadores (ORT).

El paro y la precariedad son la cara visible de las medidas contra-cíclicas y, en la medida en que la sociedad es reflejo de fuerzas antagónicas, de la incapacidad de las estructuras políticas y sindicales representativas de las y los trabajadores para hacerle frente. La sociedad portuguesa se encuentra frente a un reto histórico: El "comprar a los padres y madres para vender a los hijos e hijas"; dicho de otro modo, el conservar a lo largo de los últimos 20 años los derechos adquiridos por la franja de más edad de la población (los derechos establecidos tras el 25 de abril de 1974) y precarizar a la juventud, no parece haber ofrecido garantías ni a los padres ni a los hijos. Actualmente todos los trabajadores están amenazados por una regresión histórica (desgraciadamente no tenemos espacio para tratar aquí este tema) que no puede ser comparada más que a los procesos clásicos de proletarización (y de acumulación primitiva) de finales del siglo XIX y de los años 60, en los que la "solución" desembocó en el recurso a la inmigración intensiva del campo a la ciudad, y después al extranjero, para terminar, sin movilidad social y válvulas de escape, en revoluciones La segunda, la revolución de 1974, más radical que la primera: la revolución de octubre de 1905.

El desarrollo de estos conflictos depende, por tanto, de numerosos factores (Arcary, 2013) que están por definir; fundamentalmente:

1. si existe una hemorragia de cuadros;

2. si la emigración funciona como válvula de escapa (¿habrá países y mercados para absorber esta fuerza de trabajo cualificado?);

3. si se llega a apartar del mercado de trabajo a la fuerza de trabajo de más edad y menos cualificada (trabajando aún o retirada), ofreciéndole ayudas y subsidios de subsistencia, para hacer entrar en el mercado a una fuerza de trabajo generalmente más cualificada y precaria.

4. si la erosión de los derechos laborales no conduce una situación de conflicto inorgánico explosivo; es decir, si la ausencia de convenios colectivos no implica solo una fragilidad de los trabajadores y trabajadoras sino que, por otro lado y en la medida que debilita a los partes sociales, conduce a la no existencia objetiva de un pacto social (recordemos que lo que fue la ausencia de organizaciones de trabajadores en abril de 1974, en un contexto de gran precariedad de la mano de obra en las empresas, que dio pie a las Comisiones de Trabajadores)/14.

5. si el estrangulamiento de la movilidad social, es decir de la perspectiva de vivir con más bienestar, no es un factor de explosión social;

6. si el grado molecular de organización -en su doble vertiente, sindical y política- de los sectores más jóvenes y precarios no dificulta su capacidad para imponer sus derechos;

7. si una sociedad más urbana, culta, formada y más consciente de sus derechos acepta la regresión histórica que constituye la más grande modificación del mercado laboral portugués desde los años revolucionarios de 1974-1975.

12/11/2015

http://www.contretemps.eu/interventions/%C2%AB-m%C3%A9morandum-%C2%BB-luttes-classes-portugal-2008-2013

Raquel Varela , historiadora, investigadora del Instituto de historia contemporánea en la Nueva Universidad de Lisboa y en el Instituto internacional de historia social, autora de Historia popular de la Revolución portuguesa y de un libro sobre la situación actual, ¿A dónde va Portugal?

Renado Guedes , investigador del Centro de física teórica de la Universidad de Lisboa y del Instituto de historia contemporánea de la Nueva universidad de Lisboa donde trabaja sobre la contabilidad del salario social.

Ana Rojado, diplomada en geografía de la Universidad de Coímbra, investiga en el Instituto de historia contemporánea en la Nueva Universidad de Lisboa y colabora en el trabajo colectivo (30 tomos) sobre la dictadura salazarista (Os anos de Salazar).

Maria João Behran, investigadorea en el sector de la salud, enfermera y militante.

Antonio Simões do Paço, historiador, investiga en el Instituto de historia contemporánea de la Nueva universidad de Lisboa y autor de varios libros. Sobre todo, dirige el libro Os anos de Salazar.

Notas:

1/ Eurostat : Government deficit/surplus, debt and associated data, 14/06/2012.

2/ Aún cuando no sea objeto de este trabajo, querríamos subrayar que compartimos los puntos de vista teóricos que consideran que la crisis del sistema capitalista se manifiesta por una deflación o caída de los precios de los activos financieros, así como la devaluación de las acciones en bolsa, de los títulos de crédito, de las hipotecas, etc. Lo que significa, en la práctica, una desvalorización del patrimonio y una caída de la tasa de beneficio. Se observa, entonces, un hundimiento de la actividad económica, sobre todo industrial. De otra parte, el gobierno y los bancos centrales recurren a medidas para contrarrestar este movimiento, como la reducción de los tipos de interés, a fin de facilitar el acceso a dinero más barato y estimular un incremento de las inversiones (Rosdolsky, 2001).

3/ Cette évolution s’explique, essentiellement, par la réduction du PIB moins accentuée que l’emploi (ROE p. 17).

4/ Sobre las reformas anticipadas para el sector portuario, ver el Decreto-Ley n° 483/99 du 9 novembre.

5/ INE (2012) Destaque Rendimento e Condições de Vida – 2011. Juillet 2012. Diponible en: http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=132814977&DESTAQUESmodo=2[Consulté le 08.03.2013].

6/ Para no extendernos, consideramos como "contribución" el total de cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras y de la patronal a la Seguridad Social -ambas partes constitutivas del salario, de acuerdo con el sistema europeo de cuentas, 1995.

7/ CDG (Caja General de Depósitos, banco público); PT (Telecomunicaciones Portugal) ; Marconi (comunicaciones) ; ANA (gestión de aeropuertos).

8/ Transferida en 2012. Los fondos de pensiones del sector bancario fueron transferidos al Estado, al Instituto de Crédito Público, y su valor oficial utilizado para "pagar las deudas del Estado a los sectores bancario y farmacéutico". Actualmente, el presupuesto del Estado transfiere 530 millones de euros anuales para pagar las pensiones de las y los pensionistas de ese sector.

9/ 30 de mayo de 2007, 24 de noviembre de 2010, 24 de noviembre de 2011, 22 de marzo de 2012. Para más detalles sobre las huelgas generales en la administración pública, ver Varela Raquel, 2011.

10/ El dirigente la UGT acusa al gobierno de sabotear la concertación social (28 de julio de 2013).

11/ Diario Económico, 28 de marzo de 2013.

12/ Alvez, Amável, A contratação coletiva, uma arma dos trabalhadores in O Militante, n 273, noviembre-diciembre de 2004.

13/ Diario económico, 27 de junio de 2013.

14/ Estructuras de doble poder, asambleas participativas, durante la Revolución portuguesa de 1974-1975.

Referencias bibliográficas

Arcary, Valério, (2013), Os limites da estabilidade social. Até quando irá a sociedade “aguentar” o “estado a que isto chegou” ? in Varela, Raquel (coord), A Segurança Social é Sustentável.Trabalho, Estado e Segurança Social em Portugal, Lisboa, Bertrand, pp. 365-430.

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