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Catalunya
La desobediencia, sus alternativas y sus desafíos
15/11/2015 | Martí Caussa

La resolución del Parlament de Catalunya del 9N del 2015 es una proclamación de la soberanía propia y de desobediencia a las instituciones del Estado español. Se trata sin duda de una medida excepcional, de enorme trascendencia, y anuncia una batalla de grandes dimensiones si se lleva adelante de modo consecuente. Así lo evidencian la reacción del Estado español, de los principales partidos políticos y de los grandes medios de comunicación. Ante el choque que se avecina es lógico preguntarse si existe otra vía para poder ejercer el derecho a decidir. Y la respuesta es que sí, pero esta vía ya no depende de Catalunya, depende solamente del Estado y no está dispuesto a utilizarla; aunque sea una vía plenamente democrática y asumida por otros países en circunstancias similares: un referéndum vinculante.

El PQ de Quebec sólo había obtenido el 41,37% de los votos cuando Canadá aceptó celebrar el referéndum de 1980; y el 44,75% en las elecciones de 1994 antes de celebrar un segundo referéndum en 1995. El SNP obtuvo solo un 44,04 % en las elecciones de 2011 y Cameron aceptó convocar el referéndum de 2014 en Escocia. Junts pel Sí y la CUP obtuvieron el 47,74% en las elecciones del 27S, pero PP, PSOE y C’s se niegan en redondo a convocar un referéndum. Catalunya lo ha pedido insistentemente, con millones de personas en la calle desde el año 2010, cuando el Tribunal Constitucional decidió mutilar gravemente el Estatut que había sido aprobado en referéndum después de haber sido ya seriamente recortado por la Cortes españolas. Y todavía hoy la hoja de ruta de Junts pel Sí afirma tener una “actitud expectante respecto a la alternativa de un referéndum vinculante”.

Pero una cosa es estar dispuesto a estudiar una propuesta de referéndum por parte del Estado y otra seguir llamando a la misma puerta, sin hacer nada diferente, cuando se recibe una negativa tras otra. La resolución presentada al Parlament por Catalunya Sí que es Pot proponía: “Para apoyar esta exigencia democrática de convocatoria de un referéndum, si al finalizar el año 2016 quedara bloqueada esta opción, el Parlament de Catalunya llamaría a poner en marcha nuevos y más enérgicos procesos de movilización”. Sin embargo existe la casi total seguridad de que a finales de 2016 existirá el mismo bloqueo que ahora, porque así lo han repetido hasta la saciedad los partidos que tienen más probabilidades de formar gobierno (PP, PSOE y C’s); Podemos es el único partido que se ha comprometido a convocar este referéndum de forma inmediata si gana las elecciones, pero hay muy pocas posibilidades de que esto suceda. Por eso la alternativa de Catalunya Sí que es Pot conduce a esperar a finales de 2016 para convocar nuevas movilizaciones, que difícilmente serían más enérgicas que las de 2012, 2013 y 2014, porque a lo largo de este año el movimiento por el derecho a decidir se habría desgastado y desmoralizado.

Sin embargo el 9N de 2014 inauguró una nueva vía: obedecer el mandato de las instituciones propias (el Parlament) y desobedecer el mandato de las instituciones españolas (el Tribunal Constitucional), cuando éstas niegan derechos fundamentales (consultar a la ciudadanía sobre las relaciones que quería mantener con el Estado español). En aquella ocasión 2 3000 000 personas protagonizaron una desobediencia civil masiva y pacífica. La resolución del Parlament del 9N de 2015 propone profundizar en esta vía. Y de momento la alternativa es: sometimiento o desobediencia.

En Catalunya y el Estado español la desobediencia civil no es una novedad en las movilizaciones populares de la época democrática. A finales de los años 70 y principios de los 80 el movimiento feminista, en su lucha por el derecho al aborto, practico abortos ilegales y realizó miles de autoinculpaciones de haber abortado ilegalmente hasta que su lucha obtuvo una importante victoria parcial con la entrada en vigor de la ley del aborto de 1985. A finales de los años 80 y durante los 90 se desarrolló un importante movimiento por la abolición del servicio militar obligatorio que puso en marcha la objeción de conciencia colectiva y la insumisión hasta conseguir la abolición de la mili en el año 2001. Sin duda lo que está en juego ahora es todavía más importante: la posible independencia de un territorio que concentra aproximadamente el 15% de la población y el 20% del PNB del Estado español. Precisamente por eso, si se adopta la vía de la desobediencia civil masiva, hay que esperar una lucha larga y difícil, tanto por la resistencia del Estado español, como por el contexto europeo e internacional (que es muy distinto de cuando los países bálticos consiguieron importantes apoyos a su independencia).

La única posibilidad de éxito es ampliar todavía mucho más la base popular del movimiento. Para ello una condición imprescindible es que las clases populares asocien la independencia a una mejora de sus condiciones de vida. El anexo de nueve puntos que se añadió al final de la resolución del Parlament es un paso en la buena dirección, porque aborda algunas de las necesidades populares urgentes: pobreza energética, vivienda, sanidad, educación, etc. Pero solo un paso, llega tarde y se trata solo de un papel, mientras que lo decisivo es adoptar medidas prácticas concretas. Otra condición importante es la que consta en el tercer punto de la resolución: la “apertura de un proceso constituyente ciudadano, participativo, abierto, integrador y activo para preparar las bases de la futura constitución catalana”. Pero hay que conseguir que participen en este proceso los sectores que, sin ser independentistas, defienden el derecho a decidir (representantes y votantes de Catalunya sí que es Pot, de candidaturas municipales como Barcelona en Comú, etc.); para ello será necesario poner en pie mecanismos flexibles, imaginativos y respetuosos con la diferencia: discusión por bloques temáticos, consultas populares sobre algunos de los temas fundamentales, etc.

Si se está de acuerdo con las tareas anteriores, probablemente se coincidirá en que para llevar a buen puerto la declaración aprobada por el Parlament haría falta un gobierno y un presidente independentista de izquierda, no necesariamente revolucionario o anticapitalista, pero sí de izquierda en el sentido de ser sensible a las necesidades de una población machacada por la crisis y de impulsar la democracia participativa. Y ahí reside uno de los grandes problemas, el que permite explicar la tensión política vivida con los dos intentos fracasados para investir a Artur Mas como presidente.

En efecto, Junts pel Sí (la coalición ganadora) es una mezcla de independentistas de derecha y de izquierda moderada; y el candidato que proponen es un representante notorio del independentismo neoliberal, que ha presidido un gobierno que ha desarrollado políticas contrarias a los intereses populares y cuyo partido, CDC, está implicado en importantes casos de corrupción; es un presidente que genera justificada desconfianza en los sectores populares a los que se trata de atraer. Ante la razonable negativa de la CUP a investirle, el sector de izquierda de Junts pel Sí, particularmente ERC y las personas ligadas a la ANC y Omnium, parece que no quieren o no pueden encontrar un candidato diferente, con un perfil coherente con la declaración que ha aprobado el Parlament. Como en ocasiones anteriores el argumento de la unidad sirve en la práctica para ceder ante las exigencias de Mas y de CDC; y en lugar de presionar a estos últimos se presiona a la CUP. Existe el riesgo de que éste sea el significado de la concentración convocada por la ANC el 22 de noviembre en el Parc de la Ciutadella con el lema “Unitat, govern, independencia”; esperemos que consiga evitarse.

La CUP no tiene fuerza suficiente para imponer sus tesis: ni en diputados, ni en votos, ni en capacidad de movilización. Su fuerza principal es que se necesitan los votos de al menos dos de sus diputados para investir al presidente que proponga Junts pel Sí, pero es poco probable que sea uno diferente de Mas. Esto sitúa a la CUP en un dilema complicado, puesto que sus opciones pueden verse reducidas a elegir entre un mal menor y la catástrofe. El mal menor sería seguir como oposición después de ceder dos votos para la elección de Mas a cambio de obtener compromisos del nuevo gobierno: los conseguidos hasta la última sesión de investidura han sido el anexo de medidas sociales a la resolución del Parlament, un diseño de gobierno más coral (con tres vicepresidencias) y la promesa de una moción de confianza en el plazo de diez meses. Lo catástrofe sería que la negativa a ceder dos votos para investir a Mas, incluso después de obtener compromisos importantes del nuevo gobierno, hiciera a la CUP co-responsable de la convocatoria de nuevas elecciones autonómicas en marzo: este escenario sería un elemento de desmoralización del movimiento y harían imposible volver a obtener una relación de fuerza como la actual.

Si finalmente se consigue un presidente diferente de Mas lo celebraré como un éxito del movimiento popular y de la CUP. Si la CUP cede dos votos para investir a Mas y se mantiene como oposición, valoraré las contrapartidas que haya obtenido y cómo las ha peleado en función de las fuerzas que realmente tiene. Hasta ahora lo ha hecho muy bien y por eso sube en las encuestas. Y confío que lo seguirá haciendo igual.



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