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Tribuna VIENTO SUR
Abrir todos los candados
07/11/2015 | José Errejón

Hace unos meses, en el comienzo de la andadura de PODEMOS, Pablo Iglesias hizo fortuna con la expresión “abrir el candado del 78”, ilustrando la condición de obstáculo histórico que el régimen supone para avanzar en el camino de la democracia, la justicia y la igualdad.

Sostengo desde hace tiempo que estamos asistiendo a una profunda y sustancial modificación del régimen del 78 y que su crisis se está resolviendo con efectos múltiples: cambio de los actores políticos y sus papeles, desaparición de actores que aparecían como sustanciales en el dibujo constitucional inicial, nuevos sistemas de legitimidades de la acción estatal, etc. Cada uno de estos cambios daría lugar a un ensayo específico por la relevancia que suponen para la configuración de la vida colectiva en los próximos tiempos. Pero entre ellos ha cobrado relevancia el que se deriva de una reforma constitucional explícita/1, la del Art. 135. Con la misma, toda apariencia de pluralidad en las vías políticas que la Constitución ampara se ha terminado, algunos comentarios bien pensantes acerca de su contenido y las pretendidas dos almas que albergaba resultarían hoy cómicos si no resultaran trágicos.

En virtud de la tan comentada reforma constitucional se ha cerrado la posibilidad misma de abordar políticas contracíclicas y se ha encorsetado la historia política de los próximos años en las ineludibles y prioritarias obligaciones para con la deuda. Las posibilidad de implementar y aplicar políticas distintas inherentes a una Constitución basada en los principios del Estado Social y Democrático de Derecho; en concreto, la posibilidad de llevar a cabo políticas que contrarresten los efectos del ciclo económico cuando estos resulten adversos en términos de caída del PIB, estancamiento económico, aumento del desempleo y reducción de la demanda, incremento del déficit y la deuda pública, incremento del déficit comercial.

Mas en general, el Art. 135 y su desarrollo clausuran la potencialidad redistributivo de la política fiscal y presupuestaria al negar las posibilidades de intervención del Estado en el ciclo económico para corregir las ineficiencias en la asignación de recursos derivadas del mero juego de los mercados e impedir la puesta en marcha de un sistema de estímulos que compensen los déficits de demanda.

La filosofía del Pacto de Estabilidad y Crecimiento es renunciar al uso discrecional de la política presupuestaria, una política fiscal neutral que deja jugar a los estabilizadores automáticos, incrementando el margen de maniobra del BCE para adaptar su política monetaria a situaciones cíclicas cambiantes sin menos cabo de su credibilidad anti inflacionista.

El complejo normativo Art. 135 CE/LOEPSF [Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera] ha supuesto la culminación de un largo proceso de desconstitucionalización cuyo origen puede datarse en el Acta Única de 1985.

He comentado con reiteración les efectos de la LOEPSF sobre la autonomía de las administraciones territoriales (aa.tt.). En el momento presente, en pleno ciclo presupuestario de las comunidades autónomas (CCAA), los nuevos grupos parlamentarios se encuentran ante la sorpresa de la imposibilidad de llevar a cabo ni siquiera propuestas parciales relacionadas con los programas con los que han sido elegidos por los ciudadanos. Así, las mejoras en las políticas de dependencia, la recuperación de la gestión directa de los servicios públicos, la mejora en las condiciones de vida de las y los empleados públicos, el esfuerzo en inversión pública y el estímulo a la privada para la generación de empleo y la modernización de una parte de nuestro aparato productivo, las destinadas a corregir los enormes daños causados a los sistemas naturales por un modelo de crecimiento económico tan devastador en lo ambiental como irresponsable en los social e ineficiente en lo económico, todos estos propósitos políticos democráticamente respaldados por una parte muy importante de la ciudadanía se quedarán en agua de borrajas por el candado de las prohibiciones de la LOEPSF de la que tan orgullosos se muestra el ministro Montoro y que el PSOE no ha sido capaz de replicar por la vergüenza de haber tenido la responsabilidad de promoverla con la alfombra roja del Art. 135.Tres son los elementos de cierre de esta Ley que los parlamentarios comprometidos con la ruptura democrática deben hacer saltar

1) Está en primer lugar la estabilidad presupuestaria que prohíbe a cualquier administración pública incurrir en déficit estructural definido como déficit ajustado del ciclo y neto de medidas excepcionales y temporales, así como de la posibilidad de que reformas estructurales con efectos presupuestario de largo plazo, en cuyo caso se podrá alcanzar un déficit estructural del 0,4% del PIB (que es lo que ya recogía el Art. 135 reformado). Se exceptúan, además, las catástrofes naturales, las situaciones de emergencia que escapan al control de las administraciones públicas y las recesiones graves entendiendo por tales una tasa de crecimiento real negativa en términos de la Contabilidad Nacional

2) La regla de gasto establece que el gasto computable de las administraciones públicas no podrá superar una tasa de referencia del crecimiento del PIB a medio plazo que calculará el Ministerio de Economía. Por gasto computable se entiende el total de los gastos no financieros excluidos los intereses de la deuda, los del desempleo, el gasto cofinanciado por la UE y las transferencias a las aatt correspondientes a sus sistemas de financiación

3) El principio de sostenibilidad financiera determina que el volumen de deuda pública no podrá superar el 60 % del PIB con una distribución del 44,13 y 3 % para la Administración general del Estado (AGE), las comunidades autónomas (CCAA) y las corporaciones locales (CCLL), respectivamente, determinado que aquella administración pública que supere su límite de deuda no podrá realizar operaciones de endeudamiento neto y estableciendo la prioridad absoluta del pago de la deuda.

En estas tres reglas se encuentra contenida toda la filosofía neoliberal que de forma tan cruel están aplicando las instituciones comunitarias a los pueblos del sur de Europa siguiendo las enseñanzas practicadas desde hace décadas por el FMI con los pueblos del sur del planeta

Actuando sobre las administraciones públicas en situación de casi permanente crisis fiscal, básicamente por causa de insuficiencias financieras para hacer frente a unos servicios públicos de demanda creciente e insuficientemente valorados con ocasión de su transferencia desde la AGE a las CCAA, la aplicación de estas tres reglas fatídicas producen una situación de asfixia financiera que puede precipitar la efectiva desaparición de los servicios públicos que gestionan y la irrelevancia práctica de estas administraciones más próximas al ciudadano. Se comprenderá ahora la afirmación anterior sobre la efectiva mutación del régimen del 78. No estamos hablando de simples cambios legales que pudieran alterar en uno u otro sentido y con mayor ó menor alcance temporal, la marcha normal en las políticas estatales. Estamos en presencia de una auténtica mutación constitucional, casi no valorada suficientemente en su origen por los actores sociales que se supone militan en su contra. Que una Comunidad Autónoma ó un ayuntamiento no puedan desempeñar sus competencias por falta de recursos y que, por el contario, deban aplicar los existentes al pago de las deudas con los acreedores, siendo así que, golferías aparte, una gran parte de las mismas tiene su origen en las insuficiencias financieras antes comentadas parecería responder a un plan cuidadosamente trazado y destinado a privar de esos elementos de compensación de las desigualdades producidas por el juego de los mercados y que constituyen los servicios públicos.

Tal y como reza la exposición de motivos de la LOEPSF "la estabilidad presupuestaria ha sido considerada base para impulsar el crecimiento y la creación de empleo (…)”.Y su salvaguardia “instrumento indispensable para garantizar la financiación adecuada del sector público y para ofrecer seguridad a los inversores respecto a la capacidad española para crecer y atender nuestros compromisos/2.

Tal declaración, además, se formula entroncando con una experiencia virtuosa, la del “proceso de consolidación fiscal y reducción de la deuda pública que permitió la entrada de España en la UEM (…) uno de los principales activos sobre los que se cimentó el largo período de crecimiento de la economía española hasta 2008”. Hay en esta larga cita un conjunto de proposiciones que merecen la pena ser examinadas con detalle.

La primera es que el sector y los servicios públicos se financian básicamente a través de la actividad de los inversores financieros, no de los impuestos a los que se relega a la función de allegar los recursos suficientes para hacer frente a las obligaciones contraídas con los acreedores que financian el presupuesto público

La segunda, y corolario de la anterior, es que esta actividad financiera exige como condición de existencia un marco de seguridad que viene proporcionado por unas finanzas estables entendiendo por tales aquellas que se limitan a atender las obligaciones de gasto exclusivamente sistémicas; junto a las mencionadas del servicio de la deuda, las del sostenimiento del aparato del Estado (desengrasado de los excesos del Estado de Bienestar y con un nivel siempre actualizado para los gastos de los aparatos coercitivos) y aquellos en infraestructuras de la producción y la distribución capitalista cuya inversión no ofrezca oportunidades de rentabilidad cierta para los inversores privados. La existencia de este “marco de seguridad” es antagónica con la intervención, por moderada que fuese, del Estado en la actividad económica, fuera de los aspectos arriba comentados. Esa concepción ultraliberal supone cerrar la puerta a la tradición “compensadora” y “correctora” de los fallos e ineficiencias del mercado que, cuando se producen, como en el caso cada vez más frecuente de las burbujas de activos, cumplen -siempre de acuerdo con la imaginería neoliberal- una función equilibradora, la que la tradición schumpeteriana llamaría la destrucción creadora, la desaparición de agentes económicos incapaces de aguantar las tensiones de los mercados.

De ese modo, la política económica solo es una: la que establece el marco en dónde, con las menores interferencias posibles, los agentes económicos adoptan sus decisiones de gasto, consumo e inversión de acuerdo con sus expectativas de maximización de sus intereses y prescindiendo de cualquier consideración acerca de los efectos que pudieran producir los mismos en terceros y en el entorno natural. Se opera aquí una efectiva redefinición del papel del Estado en relación con la concepción que había venido siendo hegemónica a partir de 1945 y, desde luego, la consagrada en la Constitución de 1978.

En el imaginario general, democracia es ante todo, capacidad de elegir. La crisis “iniciada” en 2008 ha introducido un criterio adicional al de las democracias tal y como las conocemos; la cuestión ahora no es solo o, mejor, es cada vez menos, si la ciudadanía puede hacer valer su opinión sino si los gobiernos pueden gobernar si es posible hacer política en medio de la austeridad/3. Las necesidades de crédito de los gobiernos, agravada por la caída de sus ingresos tributarios por efecto del envejecimiento demográfico y el aumento del desempleo/4, ha aumentado su dependencia de los mercados financieros para sostener los niveles de gasto público necesarios para garantizarla paz civil y cierta dosis mínima de legitimidad.

Afectados por esta dependencia, los gobiernos, el Gobierno español en particular, han visto seriamente afectada su capacidad de intervención para atender las principales necesidades y demandas sociales. De forma sistemática invocan, como imperativos de orden superior para negar la satisfacción de necesidades básicas de la población, las restricciones de los mercados financieros, materializados en forma de subidas en la prima de riesgo de la deuda en cuanto se producen ligeras desviaciones del déficit fijado por las instituciones europeas, en funciones efectivas de auxiliares de estos mercados para disciplinar de forma adecuada el gasto público y las intervenciones de los Estados en el ciclo económico.

Los resultados, además, no son para echar las campanas al vuelo. Tras cuatro años de políticas de consolidación fiscal con el gobierno del PP ni la evolución del déficit ni al de la deuda pública (que ha crecido para absorber buena parte de la privada, especialmente, la de las empresas financieras, sin que esta haya descendido en la misma proporción), presentan resultados espectaculares. La Comisión de la UE ha llamado la atención del Gobierno por el imposible cumplimiento de los objetivos de déficit para 2015 y 2016/5 y todo apunta a que el Gobierno salido de las urnas del 20 de Diciembre se encontrará un complicado panorama que podría verse agravado si se confirman los augurios de desaceleración del crecimiento mundial del FMI y sus efectos en la contracción del comercio que no dejará de afectar a las exportaciones españolas si se consolida la tendencia de apreciación del euro respecto al dólar.

Frente a esa política suicida que ha supuesto una importante caída del PIB desde el comienzo de su aplicación y frente a la ineficacia probada de la política de dinero fácil del BCE para relanzar la actividad económica/6, tal vez sea el tiempo de probar lo que Jeremy Corbyn ha llamado programa de flexibilización cuantitativa para la gente, que el BCE compre bonos y otros activos directamente a los municipios (o a las CCAA en España) para que puedan invertir en salud, escuelas, viviendas en alquiler, atención a los dependientes, restauración ecológica e infraestructuras verdes, etc./7.

En este punto hay que prevenirse contra la fiebre de tardokeynesismo que se detecta entre la otrora izquierda radical. No se producirá la tan ansiada recuperación por la vía de la expansión de la actividad económica. Tal opción convencional representaría un consumo de energía, agua, materiales y recursos no renovables que, además de chocar con límites de disponibilidad de recursos y fragilidad de los ecosistemas, implicarían unos costes de financiación imposibles de asumir por la maltrecha hacienda pública y aún menos por las empresas privadas que finalmente tuvieran que asumir el coste de la inversión, pro generosa que fuera el régimen de ayudas habilitado por el Estado.

Hay que tener el coraje político de postular una decidida acción política redistributiva como forma de impulsar la demanda sin que la misma represente incrementos en los consumos totales prohibitivos desde los puntos de vista ecológicos y energéticos. La obsesión con el incremento del PIB es una trampa que ha atado durante decenios a la izquierda al carro del modelo de crecimiento capitalista. Hay que abrir el candado de la estabilidad presupuestaria, en realidad un mecanismo de redistribución de rentas y poder a favor de los más ricos, pero no para lanzarse a una enloquecida (y probablemente imposible) carrera por el crecimiento económico. El aumento del gasto público no tiene por qué ser equivalente a un incremento del PIB sobre todo si este es impulsado por u incremento del consumo energético y un aumento de las emisiones de CO2. Es preciso comenzar una labor de liberación del imaginario capitalista que ha asociado la mejora de las condiciones de vida de la mayoría al crecimiento siempre constante de los beneficios. Está profundamente asentado el sentido común que asocia las posibilidades del bienestar en la vida de los de abajo al crecimiento de la riqueza de los de arriba. Esa versión popular de la economía de la oferta es solo una de las expresiones de la hegemonía ideológica capitalista en nuestras sociedades.

Podemos y debemos pensar una posibilidad histórica en la que el asentamiento de unas condiciones de vida dignas para todos no tenga que lograrse a costa de la construcción de este infierno de plástico y aire acondicionado en el que el capitalismo está encerrando nuestras vidas mientras condena a millones de personas a una subsistencia infrahumana.

Hay que abrir todos los candados, no sólo el del régimen del 78. Hay que abrir, sobre todo, el candado de la imaginación popular que desde hace decenios -y por obra de una izquierda que accedió al Estado para cambiar de forma gradual y pacífica estructuras sociales injustas y ha sido transformada en reserva de segunda mano para la gestión de tal sistema- es prisionera del imaginario que la esclaviza e impide existir de forma autónoma y cooperativa.

Hay que abrir todos los candados y las llaves para ello son la determinación y el coraje, la unidad y la movilización.

5/11/2015

José Errejón es funcionario

Notas

1/ Las implícitas han podido ser tan relevantes como esta pero esta ha echado el candado a la posibilidad de activar las potencialidades democráticas y sociales de la Constitución, tuvieran estas el alcance que tuvieran, cosa que aquí no se discute.

2/ Ley Orgánica 2/2002, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, BOE 30 de abril de 2012 (en lo sucesivo LOEPSF).

3/ La frase en cursiva está tomada literalmente del libro de Daniel Innerarity “La política en tiempos de indignación”. Con independencia de las conclusiones a las que llega, que no comparto, me parece que es difícil plantear el problema de la compatibilidad entre democracia y capital financiero de forma más concisa.

4/ No estoy seguro que la desfiscalización de las rentas más altas y las del capital tengan un peso similar al de los dos factores enunciados en la caída de los ingresos tributarios. Otra cosa es que el esquema tributario de los Estados capitalistas y en concreto del español sea equitativo en la distribución de las cargas públicas entre las rentas del capital y el trabajo, que no lo es. Este debate nos llevaría al alcance y límites de las políticas tributarias en el Estado capitalista que es tanto como preguntarse por las posibilidades de la política como instrumento de lucha anticapitalista, cuyo planteamiento supera las posibilidades y el tiempo de estos comentarios. Para los interesados se recomienda ver los trabajos de la gente del grupo alemán Krisis.

5/ Luego la presión de los gobiernos de derechas, mayoritarios en al UEM e interesados en mantener el mito de la “España cumplidora” frente a la Grecia que debió ser castigada, ha conseguido descafeinar la crítica del francés Moscovici.

6/ Pero extremadamente eficaz para aumentar la riqueza del 5% más rico que son los que se han beneficiado de esta política de dinero fácil.

7/ El estancamiento de la actividad económica afecta también a las propuestas que salen de los principales centros del pensamiento capitalista. Así Andy Haldane, economista jefe del Banco de Inglaterra ha llegado a proponer que tal vez los gobiernos deberían considera la abolición del dinero efectivo y los bancos centrales adoptar tasas de interés negativas (es decir, cobrar a la gente por tener depósitos)para así obligar a gastar, invertir o especular”. O el dinero helicóptero que al parecer llegó a plantearse Bernanke, arrojar dinero en papel sobre las ciudades de Estados Unidos para impulsar directamente la demanda de bines y servicios sin pasar por los bancos (“La flexibilización cuantitativa,…”). Michael Roberts, Sin Permiso 25/09/2015. Tal vez si se les deja tiempo, estos “pensadores” terminarán encontrando por si mismos algunas de las consideraciones críticas sobre el capitalismo que se han hecho desde el movimiento socialista en los siglos XIX y XX.



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