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De la declaración de Junts pel Sí y la CUP al “frente antisecesionista”
Derecho a decidir, ya
01/11/2015 | Jaime Pastor

La propuesta de declaración que Junts pel Sí y la CUP han presentado al Parlament de Catalunya con el fin de caminar hacia “un Estado independiente en forma de república” mediante un “proceso de desconexión democrática, sostenida y pacífica con el Estado español” que vaya acompañado de un “proceso constituyente ciudadano, participativo, abierto, integrador y activo para preparar las bases de la futura Constitución catalana”, ha sido objeto de duras denuncias por parte de la mayoría de fuerzas políticas y medios de comunicación de ámbito estatal. Entre ellas, las acusaciones de “golpe de Estado” (Alfonso Guerra dixit) o de “golpe al Estado” (El País) son solo las más suaves, ya que pronto hemos visto una rápida reactivación del peor nacionalismo español ante lo que consideran supone una amenaza a la “unidad de España”, sin que falten los llamamientos a la suspensión inmediata de la autonomía catalana y, como era previsible, la demonización de la CUP por su anticapitalismo.

Pese a la inicial respuesta de Rajoy presentándose como el único presidente que puede garantizar la defensa de España, la firme disposición de los dirigentes del PSOE y de Ciudadanos a competir con él en la asunción de la “responsabilidad de Estado” en medio de una campaña preelectoral ha obligado al Presidente del gobierno a acordar con ellos un “pacto nacional contra el secesionismo”. Pacto del que se ha desmarcado el dirigente de Podemos Pablo Iglesias, quien ha manifestado su voluntad de reconocer el derecho de la ciudadanía catalana a decidir su futuro, si bien ha insistido en que aspira a buscar el encaje constitucional de Catalunya en una España unida con el fin de convencerles de que no se vayan.

Entrando en el fondo del asunto, podrá cuestionarse la legitimidad de una propuesta de declaración que apuesta por caminar hacia un Estado independiente cuando en los resultados de las elecciones del pasado 27 de septiembre no quedó claro que hubiera más de un 50 % de votantes independentistas. Empero, es evidente que sí hay una mayoría absoluta parlamentaria que está a favor de esa opción. Aun así, como se afirma en la declaración de Revolta Global/1, lo lógico sería que la propuesta de un proceso constituyente propio incluyera también la opción de “una libre federación de la República catalana con el resto de pueblos del Estado, un objetivo que permitiría añadir así de forma sólida el bloque favorable al derecho a decidir en la hoja de ruta de ruptura con el Estado”; también sería deseable, como se sostiene en el citado comunicado, que se incluyera “un plan de rescate ciudadano contra los efectos de la crisis y de un plan de regeneración frente a la corrupción”, a la vista además de los nuevos escándalos que afectan al partido dirigido por Artur Mas y que sin duda refuerzan la posición contraria a su investidura como President por parte de la CUP.

Estos y otros aspectos cuestionables de esa propuesta están todavía pendientes del debate que se desarrollará en los próximos días en el Parlament catalán. En cambio, lo que parece enormemente difícil de cambiar es la actitud beligerante de la nueva “troika” estatal (con la agónica UPyD de subalterna), dispuesta a buscar la confrontación, ya que está convencida de que de esta forma puede obtener réditos electorales y desviar la atención (como también busca CDC) de la lucha contra las políticas austeritarias que estos partidos comparten como fieles servidores de la ya vieja “troika” supraestatal.

Por eso lo importante para quienes defendemos el derecho a decidir de Catalunya, incluida la independencia, es insistir una y mil veces más en que si se ha llegado a este momento crítico de amenaza de ruptura de la legalidad formal constitucional es porque ésta ya se vio materialmente rota en el plano que nos ocupa (en otros, como en el de los derechos sociales, ya se rompió desde hace tiempo hasta llegar a su total vaciamiento por escrito con la reforma del artículo 135 en agosto de 2011) desde la sentencia del Tribunal Constitucional de julio de 2010, un verdadero “golpe de Estado judicial”, como la ha definido Javier Pérez Royo recientemente/2. Fue entonces cuando un tribunal crecientemente deslegitimado, incluso en su propia composición, decidió anular artículos clave del nuevo Estatuto de Autonomía catalán, ya recortado por el parlamento español después de haber sido aprobado en referéndum en Catalunya.

Fue justamente a partir de entonces cuando la constatación del fracaso definitivo de la vía federalizante (que ahora, tardíamente, algunos pretenden resucitar queriendo seguir, eso sí, el “modelo” alemán) supuso el punto de inflexión a partir del cual se ha ido produciendo un rápido ascenso de un movimiento soberanista y en gran parte independentista, coincidiendo, además, con los efectos de la crisis financiera y social. La ilegalización de la consulta no vinculante del 9 de noviembre del pasado año vino a confirmar el fundamentalismo constitucional interesado en que se seguía moviendo el gobierno del PP, pese a que una y otra vez las encuestas continúan diciéndonos que una aplastante mayoría de la población catalana está a favor de la celebración de una consulta (en la última del viernes 30 de octubre de Metroscopia en El País, el 80 %).

Fue el cierre definitivo, primero a la vía estatutaria y luego a la de la consulta, la que explica el carácter plebiscitario que, se quiera o no, adquirió la convocatoria electoral del pasado 27 de septiembre. Aun no siendo claros sus resultados en cuanto a los votos se refiere (ya que cabría incluir a una parte de votantes de Catalunya Sí Que es Pot), sí lo es el que por primera vez en la historia hay una mayoría absoluta independentista dentro del nuevo parlamento catalán.

Nos encontramos, por tanto, ante un choque de legitimidades en un momento preelectoral y, por tanto, cuando se mantiene la incógnita sobre cuál va a ser la nueva correlación de fuerzas dentro del parlamento español. Especulando al respecto, no parece, desde luego, que a partir del 20D ni PP ni PSOE (pese a su promesa de reforma constitucional) vayan a cambiar significativamente frente al “desafío secesionista”; tampoco Ciudadanos, cuyo lema “España no se toca” es suficientemente elocuente y con un contenido de 5 puntos que es más explícito aún (incluye, por ejemplo, la prohibición de “gobernar de la mano de los que quieren romper con España”). Solo cabe esperar que Podemos, IU y fuerzas políticas “periféricas”, aun siendo conscientes de que serán minoritarias en el nuevo parlamento español, sean capaces de forjar desde ahora, junto con organizaciones sociales y culturales defensoras de la plurinacionalidad y la pluriculturalidad, una amplia alianza alternativa al “frente antisecesionista”, con la firme disposición a impedir cualquier medida represiva contra los pasos adelante que, en ejercicio de su propia soberanía, pueda adoptar el Parlament catalán.

En efecto, mucho se está hablando ahora del recurso al artículo 155 de la Constitución para que el gobierno español adopte “las medidas necesarias” en el caso de que “una Comunidad Autónoma no cumpliera las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España/3. También del papel sancionador del Tribunal Constitucional, reformado ad hoc a toda prisa en la última recta de la legislatura, para la hipótesis que puede darse en el ínterin previo a la formación de las nuevas Cortes. Centrando el debate en qué tipo de vía represiva adoptar, los grandes partidos y medios de comunicación demuestran, una vez más, su falta de voluntad política para tender puentes y buscar una solución democrática al conflicto abierto, a ese “choque de trenes” al que se alude permanentemente. Si optan por ese camino, recurriendo a los resortes nacionalistas de siempre, sobre todo cuando se tiene un Estado detrás, no harán más que favorecer una “desconexión” mayor en Catalunya, incluso entre quienes no son independentistas.

Sin embargo, no han faltado propuestas de soluciones democráticas en los últimos años, como la de una lectura flexible de la Constitución (en particular, de artículos como el 92 y el 150.2) que habría permitido la celebración legal de una consulta en Catalunya para luego, en función de su resultado (federación o independencia), abrir la puerta a una reforma constitucional o a procesos constituyentes diferentes; o la de un compromiso de los principales partidos de ámbito estatal de plantearse como primera tarea la elaboración de una Ley de Claridad/4, siguiendo el modelo canadiense-quebequés; o, simplemente, la “vía escocesa”, mediante un pacto entre los parlamentos catalán y español que diera paso a un referéndum, demostrando así que el principio democrático está por encima de un principio de legalidad cuando ésta ya no recoge la nueva realidad. Así ha progresado la humanidad a lo largo de la historia en la conquista de sus derechos y así está ocurriendo también en el caso del reconocimiento de los derechos de los pueblos sin Estado: la vieja “teoría del agua salada” (según la cual el derecho de autodeterminación solo es aplicable a los países colonizados), recordada ahora de forma interesada por el fiel Secretario General de la ONU, ha demostrado suficientemente su función de encubrimiento de los intereses de los grandes Estados del Norte hasta que ha quedado ya definitivamente invalidada con experiencias como las de Quebec y Escocia.

Desde fuera de Catalunya urge, pues, no dejarse arrastrar por la nueva ola de nacionalismo español beligerante no solo frente a Catalunya sino también contra otras realidades nacionales legítimas existentes dentro de este Estado y que hasta ahora nunca han sido reconocidas en condiciones de igualdad. La única vía de salida sigue siendo la democrática, la de reconocer la soberanía del pueblo catalán para gobernarse como él quiera. La conquista de su autogobierno, con mayor razón si va acompañada de una voluntad creciente de ruptura con las políticas austeritarias y la corrupción, supondrá sin duda una profunda grieta en el régimen contra el que también combatimos y, por tanto, es tarea nuestra profundizarla en todo el Estado. Por el contrario, si en esta prueba de fuerzas gana la nueva “troika” española, perderemos todos y todas aquellas personas que apostamos por caminar hacia la ruptura democrática y social en todo el Estado.

31/10/2015

Jaime Pastor es profesor de Ciencia Política de la UNED y editor de VIENTO SUR

Notas:

1/ “Ante la declaración de inicio del proceso de independencia”, disponible en http.//www.anticapitalistas.org/comunicados/

2/ “No hay que reformar la Constitución, hay que volarla”, La Vanguardia, 9/10/15; en otra obra suya también reciente, La reforma constitucional inviable (La catarata), Pérez Royo recuerda el carácter antifederal de la Constitución del 78, resaltando también el papel esencial que sigue la organización provincial en el sistema electoral para el Congreso y en la composición del Senado.

3/ Alfonso Guerra ha recordado recientemente que ese artículo se basa en el artículo 37 de la Ley Fundamental de la República Federal Alemana de 1949 como si esto fuera un argumento de autoridad. Todo el mundo debería saber que esa “Constitución” fue elaborada bajo la tutela y control de las potencias ocupantes occidentales, se basa en un federalismo territorial y no plurinacional y, además, nunca ha sido sometida a referéndum, ni siquiera después de la “reunificación” con el Este.

4/ Aunque el “modelo” y su oportunidad para el caso catalán sean discutibles, ésa es la propuesta de los socialistas Manuel Escudero y Odón Elorza en “De la confrontación al diálogo: Una propuesta de Ley de Claridad para España”, El País, 24/9/15.



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