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Debates
Estado de bienestar y política de cuidados
19/10/2015 | Johanna Brenner

Poner fin a la explotación de las trabajadoras de cuidados en los entornos urbanos requiere alternativas radicalmente democráticas que vayan más allá de la denominada “conciliación entre trabajo y vida”.

Si tuviera un euro, o tan solo unos céntimos, por cada palabra que se ha escrito proponiendo soluciones a la conciliación de la vida laboral y familiar, mi fortuna estaría ya cerca de la de Alice Walton. Como ocurre con muchos otros dilemas centrales del capitalismo, las soluciones políticas ofrecidas en los últimos treinta años parecen razonables; sin embargo, al igual que el anillo de un tiovivo, quedan siempre fuera de nuestro alcance.

Los Estados del bienestar nórdicos ofrecieron durante un tiempo un brillante ejemplo de capitalismo de rostro amable para las familias. No hay duda de que este modelo supuso importantes logros para las mujeres de la clase trabajadora y las madres cabeza de familia.

Sin embargo, aun apreciando la buena calidad desarrollada en el cuidado de la infancia, los permisos de paternidad y otras políticas que han facilitado el acceso de las mujeres al trabajo remunerado, voces críticas feministas han insistido en que estas medidas agravaban la segregación ocupacional por género, limitaban la capacidad de empleo de la mujer en el sector privado y reproducían la división del trabajo dentro del hogar. Efectivamente, esto ha sido así incluso en Suecia, pese a que en este país se ofrecían meses adicionales de permiso de paternidad para los varones.

No cabe duda de que merece la pena defender el Estado del bienestar frente a la ofensiva de las políticas neoliberales de austeridad. Pero ni siquiera en su época dorada los Estados del bienestar nórdicos se acercaron a una socialización real del trabajo de cuidados: especialmente cuando pensamos más allá de la crianza, para incluir todas las actividades de cuidado que una persona necesita a lo largo de su vida. El cuidado directo y otros trabajos relacionados, como comprar, cocinar y limpiar, siguen siendo una responsabilidad privada, de los hogares, y fundamentalmente de las mujeres.

Podemos discutir en qué medida ha habido cambios en lo relativo a la participación de los varones en el trabajo doméstico, pero la cuestión es, además, que ni siquiera aquellos hogares más democratizados, formados por familias nucleares con dos sueldos, logran cumplir con sus responsabilidades de cuidados sin que sus propios miembros padezcan agotamiento por exceso de trabajo, o acaben explotando a trabajadoras del sector servicios y de cuidados con bajos salarios.

Muchos hogares resuelven las discusiones sobre quién limpia el baño contratando a otras mujeres que hagan el trabajo. Esta “solución” se apoya en la explotación de trabajo inmigrante: en su mayor parte de personas sin papeles, ya sean mujeres de Europa del Este que limpian casas en Alemania, o las canguros latinoamericanas en Los Ángeles. Pocas familias estadounidenses podrían permitirse canguros, empleadas de hogar, o trabajadoras de ayuda a domicilio si estas trabajadoras estuvieran ganando un salario digno que les permitiese vivir, o tan solo los quince dólares la hora que reivindican los trabajadores de empresas de fast-food.

Muchos hogares no pueden permitirse ni siquiera contratar empleadas de hogar con bajos salarios, así que concilian los cuidados y el empleo asalariado trabajando a tiempo parcial, por turnos, o logrando acuerdos informales con familiares o vecinos. O se apoyan en otras formas de servicios baratos del sector privado con trabajadores y trabajadoras mal pagadas, como cadenas de guarderías, que se mueven por la lógica del beneficio contratando menos personal del que sería necesario, o centros de día para mayores saturados.

Cuando las madres emigran para trabajar como cuidadoras, dejando detrás a sus familias, la nutrición emocional se convierte en otra industria extractiva en la que se están transfiriendo recursos del Sur al Norte global.

Probablemente estemos todos de acuerdo en que los niños y niñas van a estar igual de bien cuidados por personas que no son sus padres. Pero ¿es legítimo que la precariedad y la vulnerabilidad de las relaciones con los hijos/hijas o con los padres y/o las madres, sea el precio a pagar para la supervivencia económica? El cuidado de otros es una actividad humana fundamental; la elección de cómo cuidamos a las personas que queremos es un derecho humano importante (tan importante como el derecho a ser cuidada).

Explotación de trabajo remunerado y no remunerado, agotamiento y malestar, miedos al envejecimiento, preocupaciones por nuestras hijas e hijos, y una vida íntima en tensión por la sobrecarga del trabajo de cuidados son condiciones que impregnan nuestras vidas cotidianas. Los Estados del bienestar socialdemócratas lograron victorias únicas y breves frente a la tendencia del capital a forzar que los costes de reproducir la fuerza de trabajo carguen sobre las espaldas de las propias trabajadoras. La privatización del trabajo humanamente necesario de los cuidados es endémica, pese a que el capital necesita trabajadores sanos a los que explotar.

Necesitamos imaginar alternativas profundamente democráticas que vayan más allá de ayudar a los hogares a echarse a los hombros lo que supuestamente son sus responsabilidades de cuidado. Socializar de verdad los costes de los cuidados requiere un cambio monumental que nos libere del control que el capital tiene actualmente sobre nuestra riqueza social. Apoyarnos en varias décadas de pensamiento feminista socialista nos ayuda a imaginar cómo sería tal situación.

Más allá de los centros de día gratuitos.

Al pensar alternativas al hogar de familia nuclear como la institución principal encargada de sostener el cuidado, las feministas socialistas han ideado formas colectivas de convivencia en las que un grupo más amplio de personas puedan cuidarse las unas a las otras, cubrir las necesidades físicas diarias, criar a los niños y niñas, y dar apoyo a los amigos y parientes mayores.

Las feministas socialistas han defendido también una ruptura de la división de género actual en el trabajo de los cuidados. Ambos proyectos están relacionados: mientras el trabajo de cuidados se siga considerando una responsabilidad de las mujeres, éste continuará devaluado; y mientras sea una responsabilidad privada, mantendrá la división actual de género.

El cuidado colectivo fomenta una capacidad más profunda de empatía e identificación social superando la estrecha esfera de la familia directa. Para las feministas socialistas, ampliar la vida relacional más allá de los pequeños círculos definidos por el parentesco es una parte esencial de cualquier proyecto emancipador.

Desde la revolucionaria francesa del diecinueve Jeanne Deroin, o la bolchevique Alexandra Kollontai, a las feministas de la llamada “segunda ola”, Sheila Rowbotham, Hilary Wainwright, y Lynne Segal, muchas feministas socialistas participaron, junto con activistas de otras tradiciones revolucionarias, en experimentos de trabajo cooperativo y vida comunal.

Muchas de estas feministas socialistas han estado particularmente interesadas en la transformación del espacio urbano, bien porque era el lugar donde vivían, pero también por la influencia de los movimientos de clase obrera que han proliferado a lo largo del tiempo en las ciudades. Éstas son normalmente lugares de radicalismo político y cultural. Con sus espacios de anonimato, la ciudad ha ofrecido un refugio frente al conformismo burgués y ha nutrido subculturas desde las que han emergido nuevas identidades y movimientos sociales. La densidad del entorno urbanístico y la mezcla de espacios residenciales y comerciales ofrecen en muchos barrios urbanos un entorno de mayor apoyo económico y social para las mujeres, como asalariadas y como cuidadoras no remuneradas.

Las mujeres de los barrios obreros han creado, por pura necesidad, redes de apoyo entre hogares, a través de las cuales comparten el trabajo de cuidados. Estas redes de cuidados han constituido a su vez la base social que ha permitido a las mujeres organizar luchas en torno a una serie de cuestiones clave para la responsabilidad de sostener hogares y familias: derechos de inquilinos/as, políticas de bienestar del consumidor, justicia medioambiental, y salud comunitaria, por nombrar solo unas pocas.

Algunos de estos movimientos tienen como raíz una defensa y demanda de ampliación del espacio púbico: por ejemplo, calles seguras, parques, y programas de actividades recreativas tras las horas escolares. En este sentido, las mujeres de clase trabajadora llevan tiempo reconociendo su “derecho a la ciudad” y luchando para tener acceso a la riqueza y los recursos que fluyen en ella.

Desde principios del siglo XX urbanistas, arquitectas y académicas feministas cuestionaron aquellas políticas urbanas que asumían un modelo de varones sustentadores con empleo remunerado [male breadwinners] y un trabajo de cuidados relegado al espacio de lo privado. En 1980 Dolores Hayden escribía uno de estos artículos revolucionarios en el que describía lo que podían ser proyectos de vivienda pública que incorporaran guarderías, lavanderías, comedores, y espacios públicos de juego para cubrir las necesidades de los hogares encabezados por madres solas trabajadoras.

En Estados Unidos se podría haber desarrollado una política de vivienda pública en estas líneas. Sin embargo, tras un largo período en el que el Estado dejó de invertir, en muchas ciudades se está demoliendo la vivienda pública que se construyó, forzando a las familias más pobres a recurrir a la Sección 8 de Vales para el alquiler de viviendas/1 y al mercado de vivienda privada, atrapándolas en un ambiente que inhibe el espacio colectivo, en lugar de fomentarlo.

Los discursos racistas de la “cultura de la pobreza” han servido para justificar estos cambios. Forman parte de las políticas urbanas neoliberales que ofrecen la ilusión de “elección” y “oportunidad” como base para la gentrificación, la segregación, y la erosión de vínculos y redes comunitarias construidas a lo largo de generaciones. Estas políticas de vivienda de acumulación por desposesión, junto a las reformas del Estado del bienestar, han supuesto graves problemas para los movimientos de justicia social liderados por mujeres.

Entornos rehabilitados.

Paradójicamente, al mismo tiempo que la vivienda pública estaba siendo atacada, una serie de grupos pioneros constituidos por personas de clase media pudiente se estaban organizando para crear otro tipo de entorno urbanístico: proyectos de viviendas colectivas que fomenten la creación de comunidades de cuidados.

En cualquier proyecto colectivo hay una tensión entre las necesidades particulares de los individuos y las demandas de la vida grupal. Los proyectos de vivienda colectiva tratan de resolver esta tensión mediante un equilibrio entre los espacios privados y los colectivos, de manera que los residentes puedan participar en la vida compartida con diversos niveles de intensidad. Las viviendas colectivas combinan espacios individuales con una casa grande, amplia y cómoda, para las comidas y los encuentros sociales.

El espacio común, además de cocina y comedor, puede incluir un espacio infantil, biblioteca, sala recreativa, salas de reuniones, un taller, una oficina, lavandería y espacio para alojar a invitados (facilitando así que, aunque los espacios individuales sean relativamente pequeñas, los miembros de la casa puedan igualmente alojar a invitados).

La vivienda colectiva es una prometedora estrategia de socialización del cuidado porque en ella los adultos comparten la responsabilidad de cuidar en relaciones recíprocas entre un amplio grupo de personas. En ellas los adultos pueden participar en el cuidado de los niños sin que necesariamente tengan hijos biológicos, y pueden compartir las cargas y los placeres de cuidarse los unos a los otros. Al hacer desaparecer el sufrimiento que supone para algunas personas estar solas, la vivienda colectiva crea las condiciones para una libertad real en lo que respecta a tener pareja.

Los miembros de viviendas colectivas comparten responsabilidades de organización de la vida en común, participan en grupos de trabajo y en la toma de decisiones. También se espera de ellos que participen en las comidas colectivas, aunque la organización de éstas, la frecuencia de los encuentros y la participación demandada, varía según cada casa.

La mayor parte de los proyectos de vivienda colectiva en EEUU se han construido en terrenos vacíos, pero algunos se han desarrollado en zonas urbanas rehabilitando edificios antiguos; por ejemplo, el Swan’s Market, en San Francisco, que tiene un uso compartido de vivienda comunal y pequeño comercio.

La inclusión de vivienda en alquiler junto con espacios individuales en propiedad ha sido una estrategia para atraer a las viviendas colectivas a madres y padres solos, y a individuos y familias con bajos ingresos. En 2013 la ciudad de Sebastopol, en California, construyó su primer proyecto de vivienda colectiva de alquiler para personas mayores y familias de bajos ingresos. La promotora sin ánimo de lucro Satellite Affordable Housing Associates contrató a un dinamizador comunitario para trabajar durante dos años con los inquilinos en el desarrollo de sus líneas y normas colectivas y en la adquisición de habilidades para la toma de decisiones por consenso.

Comunidades de cuidados.

Estas decisiones sobre los entornos urbanísticos son sólo algunas de las muchas posibilidades de socialización de los cuidados. Plantearse cómo organizar el cuidado de forma más colectiva y social, y no tan individual y privada, supone hacerse preguntas sobre el poder, los privilegios, y los riesgos de un control grupal opresivo. ¿Quién establecerá las normas? ¿Qué posibilidades de elección tendremos sobre a quién y cómo cuidar? ¿Y qué significa hacer del cuidado un bien común? Estas preguntas entrañan cuestiones centrales y complejas sobre el papel de la democracia, la comunidad y el Estado.

Los bienes públicos pueden producirse, administrarse y suministrarse de forma burocrática o participativa, jerárquica u horizontal, centralizada o descentralizada. Como explicó Pierre Bourdieu, nuestras disposiciones se desarrollan a través de la práctica y de representaciones, de manera que nuestras formas de imaginar las relaciones con los demás arraigan en lo más profundo de nuestros hábitos y nuestras identidades.

Cuando los bienes colectivos son producidos y distribuidos por instituciones que se articulan en formas colectivas de gobierno y de toma de decisiones, se crea un entorno social en el que las personas desarrollan habilidades fundamentales para la solidaridad. La capacidad de control a nivel local fomentará que haya una gran variedad de instituciones de este tipo, y que las personas puedan así experimentar con diversas formas de organizar la vida colectiva.

En este sentido, la descentralización del Estado del bienestar y la provisión del cuidado a través de instituciones locales basadas en la vecindad ayudaría a construir formas de vida en común más democráticas. No obstante, un posible fallo de este planteamiento es que los colectivos pueden ser opresivos e intolerantes, manteniendo su cohesión a través de la exclusión de determinados individuos o grupos, y siendo incapaces de resolver el conflicto a través de la negociación. Necesitamos pensar en formas de organización colectiva que minimicen estos riesgos potenciales. La capacidad de control local es un elemento necesario, pero una condición insuficiente para la creación de formas de vida democráticas. Si esos distintos colectivos no se relacionan entre sí de forma significativa, la solidaridad local puede convertirse fácilmente en un proteccionismo provinciano.

La toma de decisiones a nivel local permite a los colectivos desarrollar sus propias estrategias en el empleo de recursos y organizar sus responsabilidades de cuidados. Pero la distribución de recursos entre distintos colectivos y el establecimiento de un marco para la toma de estas decisiones requiere crear formas de gobierno a un nivel territorial superior. La extensión del proceso democrático de toma de decisiones pone a los grupos locales en contacto con una ciudadanía más amplia.

Nuestro modelo es el de un sistema de municipalismo donde los grupos locales envíen representantes a instituciones de toma de decisiones a nivel regional. Por ejemplo, las cooperativas de guarderías (que estarían arraigadas en los barrios, conectadas a grupos de viviendas colectivas, apoyadas por voluntarios de cada una de estos espacios colectivos de cuidados y empleando a trabajadores con una buena formación y salarios dignos) enviarían representantes a la asociación de las cooperativas de guarderías a nivel municipal.

Las decisiones sobre los cuidados podrían llevarse a cabo entre las cooperativas de cuidado de las y los menores y los trabajadores y trabajadoras. Y podrían participar en el diálogo sobre las políticas y la asignación de recursos a nivel regional a través de sus representantes, que informarían de su actividad con regularidad. El control de la mayor parte de las decisiones permanecería a nivel local, pero al mismo tiempo, se contaría con una activa participación a nivel regional, y ésta sería un requisito para recibir recursos.

Es importante señalar que hay muchas maneras “buenas” de cuidar. Nuestra visión de la socialización tendría que incluir flexibilidad, variedad y la posibilidad de elección. Estos son principios importantes porque nos fuerzan a apreciar la complejidad de las relaciones humanas y estar dispuestas a dejar que las personas experimenten con diferentes estrategias a la hora de vivir juntas y cuidar las unas de los otras. Habrá diversas preferencias sobre si apoyarse más en trabajo pagado, en cuidados colectivizados, o en unos y otros. Habrá diferencias culturales que negociar también.

Las ciudades tienen una ventaja en este sentido porque es fácil desplazarse de un espacio colectivo a otro, incrementando las posibilidades que una tiene de elegir de qué forma vivir. Además, cuando existe un transporte público bueno, las personas de colectivos diversos tienen más oportunidades de realizar encuentros presenciales para dialogar de forma respetuosa sobre el conjunto de cuestiones que surgen en el trabajo de cuidados: si lo realizamos como trabajo no remunerado hacia aquellos que queremos, o como trabajadores cualificados. Y, no nos equivoquemos, todo el trabajo de cuidados es cualificado, aunque estas habilidades raramente son reconocidas.

Es, de hecho, un testimonio de la capacidad de adaptación de los seres humanos y del poder de los vínculos colectivos que tantas trabajadoras de cuidados, infraremuneradas e infrareconocidas como están, encuentren sentido al trabajo que realizan y lo hagan tan bien como lo hacen en esas circunstancias. Imaginemos qué bueno sería el trabajo de cuidados remunerado si se realizara a través de cooperativas con financiación pública, donde los y las trabajadoras pudieran realizarse profesional e intelectualmente, tuvieran control sobre su trabajo, el tiempo necesario para hacerlo de manera que cubriese las necesidades de las personas que cuidaran y donde, por supuesto, ganaran unos salarios dignos y tuvieran reconocimiento social.

Contamos ya con algunas experiencias que sugieren cómo podrían funcionar ese tipo de instituciones. Las guarderías públicas de Quebec están organizadas de forma conjunta por los sindicatos de las y los trabajadores y las asociaciones de madres y padres, que participan todos ellos en unos comités de dirección elegidos democráticamente. Los trabajadores y trabajadoras de las guarderías de Quebec tienen salarios muy por encima de la media de su sector en el resto de Canadá. Estas trabajadoras y trabajadores, con su sindicato y junto a las madres y padres, han constituido una organización fuerte en la provincia, con capacidad para mantener y extender el sistema y financiarlo a través de impuestos más altos.

En Estados Unidos, por otra parte, está creciendo el número de cooperativas de la y los trabajadores del sector de cuidados. Se estima que un tercio de las cooperativas en ese país son proveedoras de servicios. La cooperativa de Filadelfia Childspace, por ejemplo, tiene tres guarderías cuya propiedad y gestión es de sus trabajadoras. En Oakland hay cinco cooperativas de limpieza que son también propiedad de sus trabajadoras. Se crearon con el apoyo de Prospera (la anterior WAGES), y cuentan con noventa y cinco trabajadoras. Y la cooperativa Beyond Care, en Brooklyn, tiene cuarenta y dos miembros que ofrecen cuidado de niños.

La mayor parte de las cooperativas tienen un tamaño relativamente modesto. Pero incluso una empresa de cuidados de grandes dimensiones puede organizarse en forma de cooperativa. Cooperative Home Care Associates, en el Bronx, es una proveedora de cuidados a personas mayores y con diversidad funcional organizada en forma de cooperativa de trabajadoras, con 1 600 miembros afiliados al sindicato, la mayor parte de los cuales son mujeres de color que trabajan como cuidadoras y toman sus propias decisiones sobre cómo invertir los recursos de la cooperativa. Las trabajadoras participan también en el desarrollo de programas de formación y de mejora en la calidad de los servicios ofrecidos. Estas organizaciones nos ofrecen una ventana para imaginar las posibilidades de organización colectiva de cuidados de calidad a nivel local. Nos dan pistas sobre cómo organizar los servicios públicos en toda una ciudad.

Los presupuestos participativos de Porto Alegre, en Brasil, que partieron de la iniciativa del Partido de los Trabajadores (PT) nos ofrece otra mirada hacia un posible futuro democrático socialista. El proceso de presupuestos participativos comienza con asambleas abiertas a todos los residentes de los dieciséis distritos en las que los concejales presentan información general sobre el presupuesto de la ciudad. Les siguen encuentros por barrios donde se discuten las prioridades presupuestarias. En una segunda ronda de asambleas de distrito, se elige a representantes para cada barrio a partir del número de personas que asisten de ese barrio. Esta regla de representación proporcional garantiza la diversidad de los representantes elegidos. La asamblea de distrito elige también bien a dos representantes y dos sustitutos para representarlo en la Concejalía de Presupuestos Municipales. En los meses que siguen a las elecciones, los delegados se reúnen en Foros de Presupuestos de Distrito para elaborar una lista de prioridades de su distrito. La Concejalía de Presupuestos Municipales decide entonces cómo distribuir los fondos entre los distintos distritos.

El gobierno de Porto Alegre invirtió una gran cantidad de recursos en fomentar la participación democrática. Se crearon centros de coordinación comunitaria a lo largo y ancho de los barrios pobres y de clase obrera de la periferia, que habían sido excluidos del proceso de toma de decisiones políticas. Se crearon oficinas de distrito, favoreciendo que el gobierno de la ciudad pudiera tener un contacto más cercano con la población.

Pese a que en un principio la mayor parte de las personas que participaban en estos procesos tenía en la cabeza únicamente sus necesidades particulares, con el tiempo muchas de ellas comenzaron a sentir solidaridad por los otros y a mirar sus propios intereses desde una perspectiva más amplia. Como recoge el estudio de Rebecca Abers sobre presupuestos participativos en una de las zonas más pobres de Porto Alegre, muchos individuos que “comenzaron a participar sólo por temas que afectaban a su calle, un año o dos después, llevaban el liderazgo de cuestiones que afectaban a todo un distrito, defendiendo proyectos que promovieran la revitalización económica de la zona sur de la ciudad, o la protección de reservas naturales en la zona rural del municipio”.

Las instituciones cooperativas y democráticas, como es el caso de los presupuestos participativos, las cooperativas de trabajadoras de cuidados o las viviendas colectivas son proyectos inspiradores, pero sólo pueden realizarse con todo su potencial en el contexto de otros cambios más profundos.

El primero de ellos es una jornada laboral diaria y semanal más breve, que libere tiempo para los cuidados, y para la participación social y política. En segundo lugar, puestos de trabajo donde las expectativas laborales y las trayectorias profesionales se organicen a partir del supuesto de que todos y todas las trabajadoras tienen responsabilidades de cuidados y trabajarán en función de éstas.

El carácter universal de estas normas en los espacios laborales es crucial. Una de las razones por las cuales las mujeres cobran menos que los hombres a lo largo de su vida es que los empleadores establecen formas de retribución variable en función del “compromiso” de los trabajadores, valorando los años de experiencia y la disponibilidad para trabajar más horas. Las trabajadoras son penalizadas a largo plazo por sus breves salidas de la fuerza de trabajo. Las mujeres tienen muchas más probabilidades que los hombres de condicionar su empleo a las demandas de cuidado de niños y ancianos, lo que las sitúa en desventaja. Los permisos de maternidad bien remunerados tienen muchas virtudes, pero no afrontan este problema.

Mientras las y los empleadores tengan un dominio absoluto del tiempo de los trabajadores y trabajadoras, se mantendrá el conflicto entre trabajo remunerado y cuidados. Y mientras los servicios de cuidados no tengan apenas fuentes de financiación como bienes públicos, o se vean abocados a lanzarse a las presiones competitivas del mercado, los hogares, y especialmente las mujeres que habitan en ellos, se verán forzadas a "elegir" cargar ellas mismas con estos “trabajos del corazón”.

En EE UU está surgiendo un movimiento que cuestiona el llamado horario flexible de los sectores de venta al por menor y hostelería. Voces críticas a este sistema han llamado la atención sobre los problemas que afrontan padres y madres, y en particular las madres solas, con un horario que les obliga a estar continuamente disponibles para posibles turnos, o donde se les avisa con tan solo uno o dos días de cuáles serán sus horarios de trabajo. Son ejemplos donde vemos claramente cómo la lógica del beneficio deteriora los cuidados.

Al participar y apoyar todas estas luchas que defienden la vida frente al beneficio, tendríamos que seguir mirando más allá de los estrechos límites impuestos por el actual dominio del capital, participando en la concepción de nuevos proyectos e imaginando formas alternativas de cuidar a través de relaciones sociales y de instituciones que sean colectivas, pero también democráticas, reflexivas y abiertas a la crítica.

Muchas gracias a Nancy Holmstrom por sus comentarios y sugerencias.

https://www.jacobinmag.com/2014/10/caring-in-the-city/

Notas:

1/ Programa estatal consistente en subvenciones a familias de muy bajos ingresos, ancianos y personas con diversidad funcional para el alquiler de vivienda en el mercado privado. http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/espanol/section8

Traducción: VIENTO SUR



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