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Colombia, Cuba y Venezuela
En la cesta de navidad de EE UU
12/10/2015 | José Manuel Martín Medem

Se evapora el proyecto cubano de socialismo, el gobierno de Venezuela puede perder las elecciones parlamentarias y el posible acuerdo de las FARC con el gobierno de Colombia se firmaría con el paramilitarismo como reserva estratégica de la oligarquía y sus aliados en Estados Unidos. Parece que no se puede comprender adecuadamente el escenario de las negociaciones de la guerrilla con el presidente Juan Manuel Santos sin tener en cuenta la nueva política de Washington contra América Latina. Esas negociaciones comenzaron cuando los gobiernos de Brasil, Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Uruguay fortalecían la integración latinoamericana frente al imperialismo de Estados Unidos. Ahora tienen menos estabilidad y muchas dificultades económicas y políticas. La presidenta de Brasil asume el programa de la derecha para impedir su destitución, en Argentina el neoliberalismo le disputa la presidencia al peronismo más rancio y en Venezuela el acoso internacional organizado por Washington presiona para provocar la derrota gubernamental en las elecciones legislativas. Obama pretende meter en su cesta de Navidad a una Colombia sin FARC y con una democracia controlada, a una Venezuela con el chavismo desmoronado y a una Cuba condicionada por la contaminación económica y cultural que además podría ser mediadora con Caracas como ya lo es al empujar a las FARC para que firmen el plan de pacificación. Van encadenados en la nueva política de Estados Unidos contra América Latina la evaporación simultánea del bloqueo y del proyecto cubano de socialismo, el fin de la guerra en Colombia para facilitar la proliferación de los negocios de las transnacionales y la obligada negociación entre el gobierno de Venezuela y una oposición con mayoría en el Parlamento. Después vendría la intervención contra Brasil y Argentina. Y el aislamiento de Bolivia y Ecuador.

El poder económico, político y militar que en Estados Unidos conduce las políticas presidenciales ha decidido que resulta imprescindible un nuevo manejo de la proyección imperial contra América Latina. Washington no tenía desde hace quince años, cuando impuso el Plan Colombia, una política estratégica y global para la región. Su única iniciativa posterior, el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA), previsto para 2005, fue un tremendo fracaso por la oposición de Brasil en alianza con los mejores gobiernos de América del Sur. Lo que ahora se aplica es una adaptación de su nueva estrategia de dominación militar, light footprint (mínima huella o marcaje suave), para su intervención diplomática, económica y cultural (guerra de la información) contra la Unión de Naciones de América del Sur (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Lo que para el Pentágono son las fuerzas especiales, los drones y la ciberguerra, en el Departamento de Estado se convierten en gobiernos cómplices que debilitan la integración regional (México y Colombia), agresiones contra la soberanía nacional y bombardeos económicos y comerciales.

Todos contra las FARC

Barack Obama ya había decidido iniciar conversaciones secretas con Cuba después de su reelección presidencial cuando hace casi tres años comenzaron en La Habana las negociaciones de las FARC con el gobierno de Colombia.

El 23 de febrero de 2012 estaban en La Habana (cada uno a lo suyo) un enviado de Obama y los representantes del presidente Juan Manuel Santos y de las FARC. En la reunión de Raúl Castro con el senador demócrata Patrick Leahy se iniciaba el camino para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas de Estados Unidos con Cuba y al mismo tiempo comenzaban seis meses de conversaciones confidenciales entre los colombianos para establecer la agenda de las negociaciones.

En junio de 2013 estadounidenses y cubanos iniciaron en Canadá la elaboración de su acuerdo. En 2014 se añadió la colaboración del Vaticano y la información que recibió la Unión Europea provocó su cambio de actitud, decidiendo preparar un acuerdo de cooperación con Cuba.

La reelección de Santos en junio se interpretó como un referéndum a favor de la negociación con las FARC y durante el segundo semestre se pulieron los detalles para anunciar simultáneamente el cambio en la política de Estados Unidos contra Cuba y el encauzamiento de las negociaciones para la desmovilización de la guerrilla colombiana.

Barack Obama y Raúl Castro anunciaban, el 17 de diciembre de 2014, la reanudación de las relaciones diplomáticas. El mismo día las FARC establecían por primera vez un alto el fuego unilateral e indefinido que se interpretó como la confirmación de que las negociaciones con el gobierno de Colombia entraban en su fase definitiva.

El presidente Juan Manuel Santos lo dijo este año en Madrid y fue información de primera plana en El País: “Cuando le propuse a Raúl Castro la negociación con las FARC en Cuba, me dijo sin titubear cuente con nuestro apoyo. Cuba tiene interés porque ayuda a su proyección internacional y contribuyó al cambio de actitud de Estados Unidos hacia Cuba”.

En la víspera del viaje a la isla para izar su bandera en la embajada de La Habana, el Secretario de Estado, John Kerry, le hizo unas declaraciones en exclusiva para la CNN y El Nuevo Herald de Miami a Andrés Oppenheimer, el periodista de cabecera de la Administración Obama para América Latina. Kerry reveló que “las conversaciones para la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba han incluido discusiones sobre Venezuela y sobre la exigencia de Estados Unidos de que las elecciones legislativas del 6 de diciembre sean limpias y supervisadas por observadores internacionales de confianza”.

En el Hotel Nacional, durante la rueda de prensa conjunta de John Kerry y de Bruno Rodríguez, el ministro cubano de Relaciones Exteriores, la última pregunta la hizo un periodista del Granma , órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba:

Granma/ América Latina vive un momento trascendental en su historia. ¿Cómo se inserta este proceso entre Cuba y Estados Unidos en esa realidad y cómo podría contribuir a las aspiraciones que hoy tiene América Latina?

Bruno Rodríguez / América Latina y el Caribe consideran una reivindicación regional el regreso de Cuba a las cumbres de las Américas y los cambios que el presidente Obama ha anunciado en la política de Estados Unidos contra Cuba. Cualquier avance en la relación bilateral será beneficioso para América Latina y el Caribe.

Al día siguiente, en la primera plana del Granma, la noticia más importante era la reunión en La Habana de los presidentes de Cuba y Venezuela, Raúl Castro y Nicolás Maduro. En segundo lugar, Kerry izando la bandera de Estados Unidos en su embajada.

¿Ganan todos? Estados Unidos recupera la iniciativa en América Latina. Cuba mantiene la defensa de su soberanía nacional y puede mejorar su situación económica. Santos consigue acabar con las FARC, el objetivo histórico de la oligarquía colombiana y de sus padrinos estadounidenses. Venezuela es el objetivo de lo que denuncian Alexander Main y Dan Beeton, del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Washington, en el libro The Wikileaks Files: The World According to the Us Empire (Los archivos de Wikileaks: el mundo según el imperio de Estados Unidos). Obama le ha dado continuidad a los planes de Bush para utilizar cualquier procedimiento en la desestabilización de los gobiernos latinoamericanos que no se someten a los deseos de Washington.

¿Y las FARC? Están rodeadas por el tremendo rodillo militar del imperio y las presiones de los gobiernos de Cuba, Venezuela, Brasil y Ecuador para que dejen las armas. En la CELAC [Comunidad de estados latinoamericanos y caribeños] se consideran anacronismos tanto el bloqueo contra Cuba como la resistencia de la guerrilla en Colombia. Las FARC pueden conseguir un acuerdo razonable. Lo están negociando con dignidad e inteligencia. Pero el poder político, económico y militar de Colombia no lo cumplirá.

El extraordinario colombiano Felipe González

Cuando el presidente Juan Manuel Santos le concedió la nacionalidad colombiana el 12 de diciembre de 2014, dijo que Felipe González es “un ser extraordinario”. Este extraordinario colombiano, que considera una tiranía al gobierno de Nicolás Maduro y que tan alarmado está por la inseguridad, la libertad de expresión y la democracia en Venezuela, debería preocuparse un poco más por su país de adopción y tener en cuenta lo que dicen la Procuraduría General de Colombia (“la democracia está en peligro”) y dos de las publicaciones más importantes de la prensa colombiana: el diario El Espectador (“es imposible hablar de un periodismo libre”)y la revista Semana (“la absoluta impunidad de los asesinatos de líderes sociales”).

El presidente Juan Manuel Santos repite constantemente que con las FARC no está negociando ni el sistema político ni el modelo económico ni la doctrina militar. Argumenta que se va a mejorar la democracia para que las FARC cambien las armas por las urnas y hagan las reformas que consideren necesarias cuando ganen las elecciones. Después de cien años de exclusión política y económica, impuesta por el terrorismo de Estado, la oligarquía a la que representa Santos sigue hablando de su régimen como si fuera una auténtica democracia. Sin cambios en lo político, lo económico y lo militar, el desenlace será el que anuncia Antonio Caballero, el columnista más leído de Colombia: “La firma de la paz no nos lleva al final de la guerra sino que nos devuelve a su principio”. ¿Han cambiado las condiciones de exclusión, injusticia, desigualdad y violencia que provocaron el recurso a la insurgencia? No voy a utilizar las acusaciones de los mamertos (así denomina el régimen colombiano a los rojos) sino las denuncias desde el interior del Estado y a través de los medios de comunicación más acomodados.

El 25 de octubre se realizarán en Colombia las elecciones para gobernadores y alcaldes. La manipulación del censo y la financiación ilegal de los partidos han provocado que María Eugenia Carreño, la delegada para asuntos electorales de la Procuradoría General, haya advertido, entrevistada por El Espectador, que, como consecuencia de la corrupción, “estamos en una democracia a punto de marchitarse”.

El 19 de setiembre, Semana denunciaba que “el asesinato y las amenazas contra líderes sociales y políticos se han disparado con absoluta impunidad”. La mayoría de las víctimas, 69 en lo que va de año según datos de la ONU, eran defensores de los derechos humanos, periodistas y dirigentes indígenas. Los asesinos, dice Semana, pertenecen a grupos de origen paramilitar como las Águilas Negras, los Rastrojos y los Urabeños que encubren a fuerzas oscuras”.

El 13 de setiembre, un editorial de El Espectador clamaba contra “el desinterés del Estado” ante los reiterados asesinatos de periodistas y advertía que “así es imposible hablar de un periodismo libre”. Llegaba a la conclusión de que “se necesita con urgencia un compromiso de las autoridades para asegurar que en Colombia se puede ejercer el periodismo libre e independiente”.

El Centro Nacional de Memoria Histórica acaba de publicar un informe sobre el desplazamiento interno como consecuencia de la violencia. Seis millones y medio de víctimas. La mayoría campesinos a los que paramilitares y empresarios les arrebataron sus tierras. El informe denuncia la absoluta impunidad de ese terrorismo de despojo, señala que se ha mantenido por “la no realización de reformas que impidieran el acaparamiento improductivo y especulativo de la tierra” y considera una deuda del Estado que “se investigue y se juzgue a los perpetradores del desplazamiento y a sus cómplices, tanto de la clase política como de los funcionarios públicos, las Fuerzas Armadas y el sector privado”.

En agosto, El Espectador publicó la denuncia de la organización británica independiente Privacy International: el gobierno de Colombia está desarrollando un programa de espionaje masivo e indiscriminado para que la policía pueda interceptar las comunicaciones de cualquier ciudadano sin control judicial, “poniendo en peligro los derechos de libre expresión de las opiniones y de asociarse y organizarse en desacuerdo con una ideología política dominante para exigir cambios”.

La reserva estratégica del paramilitarismo

Esos viejos conservadores y esos viejos liberales que mataron

a Gaitán son los responsables de las guerrillas, del narcotráfico

y de los paramilitares porque ya gobernaban a este país mucho

antes de las guerrillas, de los narcotraficantes y de los

Durante cincuenta años justificaron la guerra, hicieron la

guerra, nos ordenaron la guerra y perseguían al que no la

quisiera. Ahora quieren la paz pero una paz sólo suya, sin

cambios en la injusticia que hizo nacer la guerra y para seguir

siendo los dueños del país.

William Ospina

La victoria es la paz”, decía el presidente Álvaro Uribe. Aplastar militarmente a las FARC con la intervención de Estados Unidos para imponerles una negociación de rendición y sometimiento.

La paz es la victoria”, dice ahora el presidente Juan Manuel Santos. Desarmar a las FARC a cambio de una mínima reforma agraria y una democracia controlada. “La paz es un negocio”, les dijo en Madrid a los empresarios españoles a los que invita a invertir en Colombia. Sin guerrilla continuará la criminalización de la protesta social y se facilitarán los negocios de las transnacionales.

La negociación de lo que debería ser un plan de pacificación, democratización y desmilitarización tropieza en el que se anuncia como su tramo final con dos tremendos obstáculos: la verdad y la no repetición.

Después de tantas décadas de terrorismo de Estado, el gobierno de Colombia pretendía imponer su versión de que las FARC son las responsables de las mayores barbaridades cometidas durante la guerra. La respuesta de la insurgencia es que se sepa la verdad y que todos se sometan a tribunales pactados. Negociando con serenidad y coherencia, la guerrilla consiguió un acuerdo que ahora quiere rectificar el gobierno.

La denominada Jurisdicción Especial para la Paz establece una combinación de Comisión de la Verdad y tribunales blindados que recibirán todas las acusaciones, tanto del Estado como de las asociaciones de víctimas y de las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Quién confiese la verdad y asuma su responsabilidad no será condenado a más de ocho años de cárcel. Para los que sean considerados culpables de lo que no han querido confesar las penas pueden ser de hasta veinte años de prisión. El procedimiento se aplicará a las FARC y a las Fuerzas Armadas pero también a los civiles (empresarios y políticos) implicados en la organización y financiación de los paramilitares.

Las FARC y las Fuerzas Armadas están de acuerdo con lo firmado. Pero el gobierno y los cacaos (así denominan en Colombia a los empresarios más poderosos) se han dado cuenta de que la verdad les amenaza: la responsabilidad por los crímenes de guerra puede llegar hasta el Comandante de las Fuerzas Armadas que es el Presidente de la República y lo que cuenten los paramilitares puede condenar a ministros, parlamentarios, gobernadores, alcaldes, empresarios, ganaderos y terratenientes. Incluso a empresas estadounidenses que pagaron a los escuadrones de la muerte.

En el entorno de las negociaciones, se sabe que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos les propuso a las FARC un acuerdo de impunidad total para impedir las investigaciones sobre las responsabilidades en el terrorismo de Estado.

La Jurisdicción Especial para la Paz es el resultado de una complicada elaboración construida por seis abogados, tres en representación del gobierno (dos colombianos y un estadounidense) y tres en representación de las FARC (dos colombianos y un español).

El estadounidense es Douglas Cassel, directamente conectado con Bernard Aronson, el delegado del presidente Obama para el proceso de paz.

El español es Enrique Santiago. Dice que el acuerdo sobre la jurisdicción especial es “un mecanismo eficaz contra la impunidad” y que lo que se está negociando en La Habana son “las condiciones para una confrontación democrática”.

Garantizar la no repetición es lo más difícil. En Colombia siempre que se ha negociado con la guerrilla las fuerzas oscuras asesinaron masiva o selectivamente a los que dejaron las armas.

En la mesa de negociación de La Habana, el gobierno y sus Fuerzas Armadas no pueden (o no quieren) dar garantías de que eliminarán a los paramilitares. Las fuerzas oscuras creadas para la guerra sucia se han integrado en el narcotráfico y se han injertado en el tejido político y económico, de manera que o tienen demasiado poder o la oligarquía no quiere renunciar a esa reserva estratégica por si la brecha de participación democrática que abre la negociación de las FARC se convierte en una amenaza electoral.

En El Salvador, cuando Alfredo Cristiani ganó las elecciones y aceptó la negociación con la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), los grandes empresarios que le apoyaban decían que “ya no necesitamos a los mariachis de D’Aubuisson porque ya estamos aquí los auténticos dueños de la fiesta”. Los mariachis eran los escuadrones de la muerte organizados por el mayor Roberto D’Aubuisson, entrenado para el terrorismo en la Escuela de las Américas de Estados Unidos, que fue también el fundador de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), el partido que ocupó la presidencia durante veinte años (1989-2009) sin respetar los acuerdos de paz.

La investigadora estadounidense Christine J. Wade, del Washington College en Maryland, demuestra en su libro Captured Peace que “las élites económicas aprovecharon el proceso de paz y la transición para reafirmar su control sobre el aparato del Estado”. Ahora, cuando el presidente de El Salvador es del FMLN, esas élites recuperan a los mariachis y utilizan a las maras para desestabilizar al gobierno. Las maras son las organizaciones criminales utilizadas por los cómplices locales de las mafias mexicanas del narcotráfico que tienen en Centroamérica su lanzadera hacia Estados Unidos. Narcoparamilitares como en Colombia.

El presidente Álvaro Uribe fue el capataz contratado por la oligarquía colombiana como caudillo de la gran guerra contra las FARC mediante la intervención militar de Estados Unidos. Bajo su embrujo autoritario (como muy bien lo denominaron las organizaciones de defensa de los derechos humanos), se consolidó la amalgama del narcotráfico con los paramilitares y su penetración en el régimen político, económico y militar de Colombia. Como en El Salvador, los mariachis son un recurso permanente de la oligarquía.

12/10/2012

José Manuel Martín Medem es periodista



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