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Derechos de las mujeres
Ni putas, ni abortistas, ni bolleras
12/10/2015 | María Eugenia R. Palop

Está claro que las relaciones de poder entre los sexos se han basado tradicionalmente en el control de los cuerpos, la sexualidad y la capacidad de reproducción de las mujeres, y el Estado, a través del Derecho, ha institucionalizado con frecuencia este control. Regular los casos y circunstancias en los que una mujer puede decidir tener o no tener hijos, esto es, interrumpir voluntariamente su embarazo o acceder a técnicas de reproducción asistida, ha sido siempre una forma de limitar la autonomía de las mujeres, vulnerar sus derechos sexuales y reproductivos (aunque no solo estos), y fomentar la subordinación y la opresión sexual en la que se apoya el sistema patriarcal.

El PP ha demostrado sobradamente en estos años su falta de sensibilidad en temas de género y su confianza en el patriarcado como forma de cohesión social. No solo se opuso ferozmente a la Ley de Igualdad y a la de Violencia de Género, sino que, ya en el poder, ha retirado todo apoyo a la aplicación de esta última y ha modificado el Código Penal al objeto de dinamitarla sustituyendo, incluso, la expresión “violencia de género” por “violencia doméstica”, como si fueran sinónimas. El PP admite a duras penas que la mujer está discriminada y, de hecho, se ha resistido desde tiempo inmemorial a la articulación de acciones afirmativas en este campo, así que si hablamos, como es el caso, de violencia sistémica, opresión y dominación sexual, lo normal es que no entienda una palabra. De hecho, esta legislatura ha estado marcada por un casposo conservadurismo, una especie de paternalismo benevolente o incluso una forma de moralismo legal, que “animaba” a las mujeres a comportarse como es debido, y estigmatizaba y perseguía a quienes no se atuvieran a la norma. Ni putas, ni abortistas, ni bolleras. Mujeres castas que cumplan el rol social para el que han sido llamadas: buenas esposas y santas madres.

Ya en la Ley Mordaza el PP aumentó la presión sobre los consumidores de prostitución, algo que, aisladamente, podrían suscribir ciertas formas de feminismo y que, de hecho, no constituye, necesariamente, una violación de los derechos de las mujeres. El problema es, sin embargo, que la Ley castiga también a las prostitutas, a las que impone multas de hasta 600 euros, en casos de infracción leve (artículo 37.5) o hasta 30.000, si no se obedece de forma reiterada los mandatos de los funcionarios policiales y se siguen ofreciendo servicios sexuales (artículo 36.6). El castigo a las prostitutas solo se explica desde un paradigma moral para cuya salvaguarda se utiliza la fuerza jurídica y policial, lo que sucede únicamente en el Estado islámico y en algunos otros, no, por cierto, democráticos. Todo ello sin considerar ahora el modo en que tales disposiciones aumentan la deuda de las mujeres con sus proxenetas y la necesidad, por tanto, de mantenerse en el bucle de la prostitución y la trata.

Por lo demás, el PP se ha empeñado con el mismo entusiasmo en obligar a las mujeres a tener hijos que no querían, como en prohibirles que los tuvieran cuando querían, siempre y cuando se trate de bolleras o de mujeres sin varón que las tutele.

Primero, intentaron limitar el aborto para situar la legislación en algún lugar anterior a la década de los 80, que ya les debió parecer el despelote; después, presentaron un recurso de inconstitucionalidad para mostrar que hay vida incluso antes de la existencia del varón y la mujer. Es más, ya en el encuentro entre ambos y en la intencionalidad, hay una vida en ciernes que merece protección. Evidentemente, toda esta filosofía visionaria y enormemente imaginativa, pasaba olímpicamente de los informes y la legislación internacional que señalan desde hace décadas que la prohibición del aborto viola un sinfín de derechos de las mujeres.

Y lo peor es que la cosa no se ha quedado ahí. Además de perseguir a putas y a abortistas, la cruzada del PP ha consistido en proteger a la sagrada familia (joya de la corona del conservadurismo más senil) del vil asalto de bolleras y solteronas. ¡No pongáis vuestras sucias manos sobre Mozart, por Dios! Así que Ana Mato redujo heroicamente el acceso a las técnicas de reproducción asistida a los casos de “problemas médicos”, esto es, a los casos de esterilidad, fijando como requisito para ser usuaria tener “un trastorno documentado de la capacidad reproductiva” o “ausencia de embarazo tras un mínimo de 12 meses de relaciones sexuales con coito vaginal sin empleo de métodos anticonceptivos” ( Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, noviembre de 2014).

Sí, sí…sé que todos se preguntan cómo se acredita la esterilidad en este último caso, pero el Gran Hermano lo sabe todo. Aunque la esterilidad no es un hecho natural, dado que exige determinados comportamientos sexuales, y en España la intimidad está protegida, el PP ha encontrado el modo de acreditar semejante extremo. ¿Y cómo lo ha encontrado? Muy fácil: deduce tales comportamientos de la simple existencia de una pareja heterosexual estable que se ha mantenido durante más de un año. Si tienes pareja heterosexual estable es que tienes coitos vaginales orientados al embarazo, y si no hay varón pues está claro que los coitos no son los que debieran ser, de modo que no puedes demostrar tu esterilidad, y, en consecuencia, amiga, estás fuera. ¿No lo ven? ¡Se trata de poner en práctica una auténtica ingeniería jurídica de alta gama! Y aunque hace unos días un fallo del Juzgado de lo Social nº 18 de Madrid confirmó que esta disposición es discriminatoria por razones de orientación sexual, dado que niega la reproducción asistida a mujeres lesbianas y a mujeres sin pareja, esto es algo que Ana Mato ya sabía y que al PP nunca le ha parecido mal.

El control sobre la reproducción es una forma de opresión que impide a las mujeres tomar sus propias decisiones o definir las condiciones en las que tales decisiones se dan; es una forma de violencia institucional orientada al mantenimiento de la familia biológica convencional y de la sexualidad patriarcal. Una violencia que se refuerza con la utilización de excusas médico-sanitarias para excluir a las mujeres solas, bajo el presupuesto de que los hijos en los matrimonios heterosexuales son una necesidad y en los demás casos, no son más que un capricho. Los hijos son la alegría del hogar y una pareja de lesbianas o una mujer sola ni pueden fundar un hogar, ni pueden fundar nada. Las bolleras y las solteronas son anomalías sociales, seres patológicos y desviados a los que no hay más remedio que tolerar pero a los que no vamos a animar a reproducirse. De hecho, ya sabemos las razones por las que, en su momento, el PP bombardeó cualquier conato de matrimonio homosexual.

En fin, lamentablemente, en estos años hemos comprobado que los menonitas Amish y el Tea Party no son solo cosa de Estados Unidos, sino que se trata más bien de un movimiento mundial homófobo y misógino que se presenta con diversas etiquetas, y que en España ha tenido la suerte de gobernar con mayoría absoluta.

5/10/2015

http://www.eldiario.es/zonacritica/putas-abortistas-bolleras_6_439266099.html

María Eugenia R Palop es profesora Titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid. Investigadora en el Instituto de Estudios de Género y en el Instituto de derechos humanos “Bartolomé de las Casas” de la citada Universidad.



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