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Crisis económica
Financiación de las pensiones: un algoritmo
13/05/2010 | Michel Husson

Una pensión es una transferencia en la cuenta de un pensionista. ¿Cómo subrayar mejor que la cuestión de las pensiones lleva directamente a la distribución de los ingresos? En el caso de la salud, por ejemplo, se plantean otras cuestiones, como la de la legitimidad de los gastos. En el caso de las pensiones se trata de una transferencia de dinero que la persona beneficiaria es libre de utilizar como quiera. Es por lo que la cuestión de las pensiones plantea, antes que otras consideraciones, un problema de financiación. El verdadero desafío, hablando sin citar demasiadas cifras, es detallar con precisión las cuestiones decisivas que hay que plantearse.
El punto de partida de las “reformas” sucesivas es que los gastos de los regímenes (las pensiones abonadas) aumentan más rápidamente que sus recursos, esencialmente las cotizaciones. Aparece entonces un déficit del que hay que distinguir bien las causas. En lo inmediato está el choque de la crisis: el casi estancamiento de la masa salarial y, con ello, de las cotizaciones, equivale a una disminución de los recursos de los regímenes. A más largo plazo la fuente de desequilibrio proviene del crecimiento más rápido de número de pensionistas en relación con el número de cotizantes. En realidad, las dos causas se mezclan: si los efectos de la crisis son duraderos habrá menos empleo que el previsto y, así, menos cotizantes.

Una alternativa de sociedad

Nadie cuestiona que el número de pensionistas aumentará más rápidamente que el de cotizantes, incluso si se puede discutir sobre la amplitud del fenómeno. Frente a un déficit previsible, la elección es aritmética: sea se aumentan los ingresos de los regímenes de pensiones, sea se reducen las pensiones, sea una combinación de esas dos soluciones. Hay que entender bien que estamos en presencia de una alternativa de sociedad. La sociedad puede tener un primer razonamiento: puesto que va a aumentar la proporción de pensionistas en la población, hay que prever las medidas que permitan acompañar al movimiento, aumentando la parte del ingreso nacional que se les asigne. Por otra parte, así es como ha funcionado el sistema de reparto hasta las primeras “reformas”: se calculaban los ingresos necesarios para financiar las pensiones y de ahí se deducía el tipo de cotización correspondiente.
Si se escoge esta opción hay que preguntarse si es posible aumentar los ingresos en la debida proporción y cuál es el medio más razonable para hacerlo. Pero este debate no tendrá lugar, en todo caso, en las instancias oficiales, ya que está prohibido de entrada. El gobierno se mantiene en la posición del Medef [Movimiento de Empresas de Francia, es la organización patronal francesa, equivalente a la CEOE], que consiste en negarse frontalmente a todo “gravamen” suplementario.
En estas condiciones, el segundo término de la alternativa es la reducción de las pensiones. Una vez más, esto es aritmético: es imposible decir a la vez que no se aumentarán los ingresos y que se preservará el importe de las pensiones. Si ello era cierto, ¿dónde estaría el problema de la financiación? El único debate que permanece abierto es el la elección del método que permita obtener ese resultado.
Para bajar las pensiones se puede actuar sobre dos parámetros. El primero es el de la tasa de reemplazo [La tasa de reemplazo se utiliza para medir la generosidad de los sistemas de pensiones y equivale a la relación entre el importe del salario previo a la pensión y el importe de ésta en el momento del acceso a la misma. Las tasas reales medias dependen, entre otros factores, de la duración de los períodos de actividad profesional y su relación con los períodos exigidos para alcanzar pensiones plenas. En el Estado Español, 35 años]: basta con decretar que la pensión ya no representará el 75% del último salario, sino por ejemplo, el 70 o el 65%. El objetivo final consistiría en la construcción de una fórmula de ajuste automático. Se diría a los pensionistas: tenemos tantos miles de millones, por lo que, teniendo en cuenta vuestro número, ya sólo podemos calcular la pensión sobre la base del 70% de vuestro ingreso de actividad. Es lo que aproximadamente ya tiene lugar en los regímenes por puntos (por ejemplo, los regímenes complementarios AGIRC y ARRCO en Francia) [El régimen AGIRC es el régimen de pensiones complementarias de los cuadros en Francia. El régimen ARRCO es el régimen de pensiones complementarias del personal no-cuadro. Su rasgo más significativo, y excepcional en Europa, es su funcionamiento mediante el reparto en lugar de la capitalización, aunque con peculiaridades en relación con el reparto de los sistemas públicos. Se basan en la negociación colectiva interprofesional, si bien el Estado generalizó en 1972 su aplicación al conjunto de los asalariados, salvo los incluidos en regímenes especiales. El importe de las pensiones abonados por los regímenes AGIRC y ARRCO equivale a más de un tercio del importe de las pensiones de la seguridad social. Se gestionan paritariamente por la representación de empresarios y asalariados. Se denominan por puntos porque el importe de la pensión depende de las cotizaciones acumuladas por las personas afiliadas y de los recursos de que dispongan los regímenes cuando se calculen las pensiones. Para ello, cada año se igualan los recursos disponibles y las cargas (pensiones a abonar y gastos de gestión). Las cotizaciones se transforman en unidades de cuenta o puntos que se contabilizan en cuentas individuales]. Es también la idea que está detrás de los proyectos de “cuentas nocionales” examinados en el anteúltimo informe del COR (Consejo de Orientación de las Pensiones). El reparto se mantiene pero su espíritu se desnaturaliza al pasar a pensiones por cotizaciones definidas: se sabe lo que se cotiza, pero no se sabe lo que se cobrará. En algunos países, esta incertidumbre se ha extendido a los que ya son pensionistas: no solamente el importe de la pensiones no está garantizado en el momento de hacer valer sus derechos de pensión, sino que tampoco lo es una vez ya se ha accedido a la pensión.
Para aplicar una tal solución, que al menos tiene el mérito de la franqueza, es necesaria una buena relación de fuerzas y de sindicatos no demasiado reticentes. No es exactamente el caso en Francia, por lo que los proyectos del gobierno van a jugar sobre un segundo parámetro, el de la edad de jubilación. Es la solución hipócrita y cínica de “trabajar durante más largo tiempo”.

¿Vivir y trabajar durante más tiempo?

Aparentemente tiene buena lógica. El "stock de pensionistas" (nos toca ser cínicos) es un problema de grifo: por un lado, su número aumenta con la jubilación de los baby boomers, y por otro lado su número disminuye menos rápidamente debido al aumento de la esperanza de vida. Puesto que se vive durante más largo tiempo bastaría con trabajar durante más largo tiempo y así el juego tiene solución: más cotizantes, menos pensionistas. Pero, pequeño detalle, este razonamiento supone que la oferta de trabajo crea automáticamente los empleos correspondientes. Dicho de otra forma, bastaría con que el número de candidatos a un empleo aumente para que el número de empleos aumente. Eso se llama pleno empleo y no es exactamente la situación actual. Es por lo que esa solución sólo merece ser contemplada y discutida el día en que hayamos vuelto al pleno empleo. En tanto que esa condición no se cumpla, estamos inmersos en la hipocresía.
La edad media en el que los asalariados hacen valer su derecho a la pensión es de 61 años y medio. Pero la edad media de cese de la actividad es de 58 años y medio [en el caso español, la edad media de jubilación es de 63,74 y la edad media efectiva de salida del mercado de
trabajo es
de 61,5]
. Los tres años de diferencia representan una zona gris en la que las personas ex- asalariadas esperan la jubilación en estatutos precarios: actividad, larga enfermedad, invalidez, prestaciones diversas. Supongamos que se atrasa la jubilación dos años. Existen dos posibilidades. Si efectivamente los asalariados pueden ocupar un empleo durante más tiempo, estos dos límites podrían desplazarse: la edad de cese de la actividad pasaría a 60 años y medio, el de la salida a la jubilación a 63 años y medio y la “zona gris” seguiría siendo de tres años. Pero si los trabajadores mayores no encuentran más empleos que hoy, perderán su empleo a los 58 años y medio y deberán esperar cinco años antes de hacer valer sus derechos a la jubilación.
¿Cuál es el supuesto más verosímil? El buen sentido, la experiencia pasada y la de los países vecinos/1, así como la práctica de las empresas, conducen a la conclusión de que durante largo tiempo estaremos en el segundo caso: los trabajadores mayores perderán su empleo a la misma edad y deberán esperar durante más tiempo para lograr una pensión a tasa completa. En este caso, se “financia” a los regímenes prolongando el período de precariedad precedente a la jubilación. Es la peor de las soluciones ya que golpea a las categorías más desfavorecidas. Ella ya sido adoptada por la reforma Fillon, que programa un alargamiento de la duración de la cotización para la jubilación. Desde ya mismo, hay que saberlo, las “reformas” introducidas en Francia desde Balladur en 1993, han conducido y conducirán a una degradación de la situación de los pensionistas. La tasa de reemplazo (para un hombre que haya trabajado a tiempo completo y cotizado durante cuarenta años en el momento de su salida a la jubilación) retrocedería 16,5 puntos (del 79 % en 2006 al 63 % en 2046), o sea una caída de 16,5 puntos. Sería una de las caídas más fuertes en Europa/2.
El gobierno parece contemplar una maniobra más “sutil” consistente en atrasar la edad legal de la jubilación a 61 años en 2015, 62 años en 2020 y 63 años en 2030 (Le Monde, 4/5/2010), introduciendo un coeficiente reductor importante. Ello quiere decir que una persona asalariada que disponga de un número de años de cotización suficiente a los 60 años debería, a pesar de todo, esperar 1, 2 o 3 años antes de acceder a una pensión a tasa plena [En las pensiones de jubilación, se entiende por tasa plena es la más elevada para un período dado de cotización. Por ejemplo, en el Estado Español cuando se ha cotizado durante 35 años]. Sería una medida particularmente injusta, ya que golpearía a las carreras largas que son también a menudo las más penosas.
De todas formas, esta solución no está a la altura de los retos planteados. Imaginemos que se eleva la duración de las cotizaciones necesarias para beneficiarse de una jubilación a tasa plena a 43,5 años en 2050 y que se aumenta la edad de apertura de los derechos de 60 a 63 años y de la edad de la tasa plena de 65 a 68 años. Es la variante más “dura” que acaba de examinar el COR, entre otras /3. Sin embargo, ella no es suficiente: el déficit previsto quedaría cubierto al 48 % en 2030 y al 36 % en 2050. Además, este ejercicio carece de coherencia. No se pueden extrapolar los comportamientos y sobre todo las posibilidades de empleo en un horizonte tan alejando y para variaciones tan importantes. Nada está dicho sobre el número de pensionistas y de cotizantes correspondientes a estas variantes ni sobre su compatibilidad con el crecimiento y la productividad. Y si aumenta la zona gris de los asalariados sin empleo pero no todavía jubilados, ¿donde está la evaluación del coste que representaría para otras ramas de la protección social? En fin, los efectos de esta medida se alargarían en el tiempo mientras que el déficit de la crisis está ya presente.
La negativa obstinada a todo nuevo ingreso conduce al gobierno a “buscar en los cajones”. Nicolas Sarkozy ha evocado un “esfuerzo financiero suplementario de los altos ingreso y de los ingresos del capital” pero se tratará de un gravamen temporal (¿sobre las stock options que no se computan en el “escudo fiscal”?) avanzado para hacer digerir las píldoras amargas. Circula la idea, gracias a la Fundación Terra Nova, de hacer pagar a los pensionistas/4, lo que es a la vez injusto y confusionista. Permanece el alineamiento de las modalidades de cálculo de las pensiones de los funcionarios sobre las del sector privado (25 mejores años en lugar de los seis últimos meses). Conduciría a una pérdida significativa [Se refiere el autor a la reducción de las pensiones de los funcionarios que implicaría pasar del cómputo de los seis últimos meses en vigor a la fórmula del sector privado de los 25 “mejores años”] pero implicaría la integración de las primas para que funcione el argumento “de equidad”, lo que reduciría a poca cosa las economías realizadas, sin hablar de la incapacidad de la Administración para reconstituir el historial de los salarios.

Un debate falseado

La "reforma", tal como está concebida, no tiene por objeto equilibrar las pensiones en el horizonte del 2050, ni incluso del 2020. Ella sólo será un nuevo episodio del proceso de reforma permanente desencadenado en 1993, que llamará a otras si ese proceso no es frenado. En lo inmediato se trata, por retomar los términos de Alain Minc, de un “signo enviado a los mercados financieros” y François Fillon no ha dudado en agitar las amenazas que pesaría sobre “nuestra moneda común”. El proyecto no es pues el tratamiento del déficit de 2050 sino de hacer pagar inmediatamente s los regímenes de pensiones una parte de la factura de la crisis. Así pues hay que distinguir dos cosas: las modalidades de “salida de la crisis” y de la reabsorción de los déficits y el equilibrado a más largo plazo. Pero en los dos casos es previo hacer saltar el tabú de los recursos. Si se quiere preservar un sistema solidario de pensiones hay que asegurarle un suplemento de recursos proporcional al aumento del número de los beneficiarios. Se puede entonces construir escenarios, más o menos radicales, que muestran que es posible disponer de los recursos necesarios /5.
Ciertamente, el dossier de las pensiones no se reduce a la cuestión de la financiación, pero dicho esto, tratándose del reparto, este problema es en gran parte independiente del debate sobre el crecimiento y su contenido. Sería necesario también anticipar las bombas con espoleta que representan las carreras acortadas e interrumpidas de los más jóvenes /6 y tomar en cuenta las desigualdades y la penosidad. La obtención de ingresos suplementarios es la condición previa absoluta para estas necesarias mejoras y es este tabú el que es preciso hacer saltar.

1/5/2010


Traducción y notas editoriales: Mikel de la Fuente para VIENTO SUR

1/ Ver Odile Chagny, « Comment l’Allemagne appauvrit ses retraités », Mediapart, 23 avril 2010,
http://gesd.free.fr/ocpauv.pdf
2/ Ver Guillaume Duval, « La baisse des pensions est déjà programmée », Alternatives économiques, abril 2010, http://gesd.free.fr/dejaprog.pdf.
3/ http://www.cor-retraites.fr/article370.html
4/ Ver las propuestas de Olivier Ferrand en Le Monde del 9 de mayo 2010, http://gesd.free.fr/onova.pdf y la respuesta roborativa de Henri Sterdyniak, http://gesd.free.fr/sterra.pdf
5/ Ver Michel Husson, « Comment financer les retraites: le débat interdit », febrero 2010,
http://hussonet.free.fr/scenar10.pdf
6/ Ver el notable estudio de Agathe y Julia Cagé para la Fundación Jean Jaurès : « Retraites : les vrais termesdu débat », http://gesd.free.fr/fjj50.pdf.







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