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Lucha de la sanidad pública en Vigo
¡Nuestra salud no es su negocio!
23/09/2015 | Manuel Alonso

La manifestación que vivimos en Vigo el jueves 3 de septiembre, en defensa de la sanidad pública, es una de las mayores de los últimos años, perfectamente
comparable en presencia con las últimas huelgas generales o las movilizaciones del 15M.


En un momento en el que el Gobierno del PP había conseguido desactivar las luchas contra los recortes y la austeridad, puede sorprender una masiva
participación popular en las calles. Porque hasta el momento, y a pesar de que ya se disponía de abundante información sobre los procesos clientelares y el
evidente desmantelamiento de la sanidad pública en Vigo, la cuestión del hospital no había despertado grandes pasiones, y los esfuerzos activistas para
poner en primera línea esta problemática no parecían tener suficiente eco. Y así fue hasta que el hospital abrió, y con su apertura se puso de relieve en
su forma más descarnada lo que realmente significa la gestión público-privada de los centros de sanidad: aumento del coste para las personas en todas sus
formas (desplazamiento, parkings de pago), pérdida de camas y degradación de la calidad del servicio de salud. Las múltiples noticias de los más
esperpénticos errores en la gestión desnudaron al emperador: lo privado no gestiona mejor, y es más caro.

Por si esto no fuese suficiente, y tal como denuncia la Asociación Galega para a Defensa de Sanidade Pública /1, la Xunta nos ha premiado
con una demostración de audacia a la hora de elegir la fórmula legal, optando por la Concesión de Obra Pública, en lugar de la Colaboración Pública
Privada. Esto responde al objetivo de evitar tener que justificar la necesidad de recurrir a la financiación privada, y que nada obstaculice al gobierno
gallego en su propósito de arrebatarnos nuestra sanidad, para ponerla a facturar en las cuentas corrientes de sus amigos de turno. Toda la “inteligencia”
de nuestros dirigentes puesta al servicio de unos intereses que no se corresponden con los de la mayoría. Al fin y al cabo, es totalmente imposible
desarrollar políticas que beneficien al 100%: cuando hay que escoger entre aquellas que vivimos de trabajar (cuando podemos) y aquellas que viven del
trabajo de los demás (esas pocas que están el la cúspide de la pirámide) nuestros gobiernos siempre se inclinan por las de arriba.


Por otra parte, la asunción del canon anual, a razón de casi 60 millones de euros durante 20 años, por parte de la Xunta, aparece como una espada de
Damocles en cuanto a la calidad del servicio, vaticinándose nuevos recortes, en caso de que sean necesarios, para asumir la deuda contraída. Es más, tal y
como se señala en la denuncia de la FASDSP, los recortes en servicios que se han hecho por parte de la concesionaria sobre el proyecto original no se verán
reflejados en una rebaja del canon que percibirá anualmente. La precarización de la atención amenaza con continuar, a consecuencia de esta dinámica de
privatizaciones - deuda - recortes, en la que resultan como las principales beneficiadas las aseguradoras privadas, única rama que ha crecido en este
sector desde el inicio de la crisis, y las constructoras que consiguieron el concurso.

Por último, pero no menos importante, la concesión del canon pone en manos del capital privado la gestión de lo más rentable (en términos exclusivamente
económicos), pero deja a cargo de la Administración lo más costoso: la plantilla y el equipo sanitario. Una nueva expresión del traslado de beneficios a la
empresa privada y las pérdidas al conjunto de la población. Un negocio redondo para la empresa privada, que sin embargo cuesta unas 5 veces más al erario
público que si hubiera sido construido y gestionado íntegramente por el Estado. Una estafa perpetrada a conciencia por aquellos que se dicen representantes
de los intereses generales.


El proceso de destrucción de la sanidad pública lleva ya décadas caminando, para tan solo acelerarse con la excusa de la última crisis, y tenemos que
entender que lo que sucede en Vigo no es una chapuza de la Conselleira del Gobierno de Feijoo: es lo que nos tenían preparado desde hace tiempo.

Los múltiples procesos privatizadores abiertos son el paso lógico derivado de la necesidad del capitalismo transnacional, ya no de conquistar nuevos
mercados, sino de mercantilizar todos los espacios todavía ajenos a la búsqueda de beneficios. Este virus privatizador se alimenta de las conquistas del
movimiento obrero, de los valiosos espacios que conseguimos conservar en los que todavía imperan la solidaridad y el cuidado mutuos, el beneficio colectivo
por encima del privado o, por decirlo en términos más teóricos, el valor de uso sobre el valor de cambio.

Finalmente, lo que se pretende dicir, es que no podemos vivir por encima de nuestras posibilidades. En último término, que no podemos vivir, que estamos
viviendo demasiado (como ya dijo el FMI /2), y que la broma del sostenimiento de los cuidados bajo un criterio de proporcionalidad y
redistribución ya está durando demasiado.

El proceso de privatización del Sistema Nacional de Salud se ha extendido progresiva y exitosamente durante los últimos años, mediante múltiples vías que
han amortiguado el efecto de "proceso macroprivatizador" por parte de las pacientes y, en menor medida, de los trabajadores y trabajadoras, a través de una
privatización por fases: los casos flagrantes han consistido en la cesión completa de la gestión de centros de salud a manos privadas, pero más
sigilosamente se han derivado análisis de laboratorio o pruebas diagnósticas específicas a centros privados.

Como mencionaba la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública en abril de este año /3, "la aplicación de las
estrategias neoliberales en los servicios sanitarios están orientadas por la denominada “Tríada neoliberal”, esto es: disminución del Estado e
introducción de copagos; expansión del Sector Privado en los Sistemas de Salud (Privatización de los servicios sanitarios); y la desregulación del Sector
Público Sanitario (fragmentación, competencia y Mercado Interno).

El proceso es tan simple como provechoso: transferir a manos privadas lo que es fruto del esfuerzo público. Los hospitales, construidos a cargo de los
presupuestos públicos, pasarán a engrosar los beneficios de empresas privadas que, en el caso del capitalismo familiar español, están profundamente ligadas
a esa élite política que venimos llamando “casta”, y que son incapaces de generar riqueza por sí mismas.


Siempre teniendo presente esta perspectiva de acumulación de beneficios a través de la desposesión de las conquistas sociales como la sanidad, el nuevo
hospital nos muestra un precioso ejemplo del mantra de la eficiencia privada frente a la gestión pública: la sanidad pública se parece cada vez más a una
empresa. Deberíamos estar contentos. Los distintos gobiernos, centrales o autonómicos, populares o socialistas, han ido poniendo nuestra sanidad pública en
manos de empresas privadas, y el resultado no puede ser otro que la conversión de los pacientes en clientes, el abandono de los que no son rentables, bien
porque con su enfermedad los accionistas no ganan dinero, bien porque viven en núcleos de población poco interesantes para sus hojas de contabilidad.


Otra consecuencia es el abandono de la prevención (¿qué sentido tendría para las farmacéuticas o para los nuevos complejos público-privados un país sin
enfermos a los que extraer ganancias?) y el desmantelamiento de la atención primaria, un servicio que debiera ser el eje del sistema sanitario, pero que es
abandonado porque no genera beneficios.


En cuanto a las condiciones laborales, con el objetivo de hacer más rentables, desde el punto de vista capitalista, a los hospitales, se han disminuido las
plantillas, sobrecargando de trabajo a los profesionales y, por lo tanto, perjudicando tanto a una ciudadanía que recibe un peor servicio como a unos
profesionales que se ven desbordados.


Su objetivo, en sanidad, es conducirnos a un modelo de prestaciones básicas para la mayoría de la población, es decir, un sistema de caridad al que se
puedan acoger aquellas personas que no se puedan permitir pagarse una operación, un medicamento o, como estamos comprobando estos días, un parking. Y todo
ello se ha conseguido mediante dos ideas repetidas una y otra vez: que lo público es despilfarro y lo privado gestiona mejor los recursos; que además
generar competencia entre empresas mejorará los servicios. La austeridad no es otra cosa que la transferencia de las partes “útiles” del sistema público de
salud hacia la empresa privada, abandonando el resto.


Salir a la calle, evidentemente, no hará que el gobierno gallego, ni ningún gobierno, den marcha atrás en su hoja de ruta del expolio de lo común. Y
tampoco lo hará mientras la mayoría de nosotros sigamos asumiendo como lógico el discurso neoliberal de los beneficios de la competencia y el despilfarro
de lo público. Para detener las políticas privatizadoras, para detener la austeridad, la respuesta tiene que ir más allá de una manifestación. La
importancia de la manifestación de Vigo dependerá de lo que suceda después, de si será punto de partida para un nuevo proceso de resistencia contra la
mercantilización de la sanidad, o quedará en una gigantesca pataleta. Para pararlos, para recuperar la sanidad pública, se necesita, en primer lugar, un
amplio movimiento que, como nos enseñó la lucha de la marea blanca madrileña, debe implicar a profesionales y usuarias, a todos los sectores afectados.

La defensa de lo público, de lo común, ocupa un papel central en el actual ciclo de resistencias a las políticas austeritarias de despojo, tiene la
potencia de implicar a una amplia comunidad y promueve nuevas formas de organización y participación más allá de la movilización sectorial. Pero no podemos
confundir su carácter transversal con una ausencia de contenido político-ideológico. En el actual contexto de ofensiva neoliberal, levantar la bandera de
lo público significa abrir brechas en el discurso hegemónico, apostar por otro modelo, por otro horizonte. Debemos tener presente que podemos dotarnos de
un sistema universal y cuya gestión sea fiscalizada por la ciudadanía. Es decir, tenemos que luchar, no solo por la paralización del proceso privatizador
o, incluso, por recuperar el terreno perdido; la lucha debe tener como horizonte un sistema sanitario más público, tanto en la extensión de sus coberturas
como en el control de la gestión por parte de todas.

Manuel Alonso es militante de Anticapitalistas-Galiza y miembro del Consejo Ciudadano de Podemos Vigo.


23/9/2015

1/
<a
href="http://www.fadsp.org/index.php/sample-sites/manifiestos/1110-la-agdsp-presenta-una-denuncia-ante-la-ue-de-la-adjudicacion-del-hospital-de-vigo"
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www.fadsp.org/index.php/sample-sites/manifiestos/1110-la-agdsp-presenta-una-denuncia-ante-la-ue-de-la-adjudicacion-del-hospital-de-vigo

2/


http://economia.elpais.com/economia/2012/04/11/actualidad/1334133453_457282.html

3/ http://www.vientosur.info/spip.php?article9975



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