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Tribuna VIENTO SUR
Catalunya vs. Estado español o el fracaso de la alternativa federalista
14/09/2015 | Jaime Pastor

Para comprender por qué hemos llegado a un momento como el actual en el que, como acabamos de comprobar una vez más en la reciente Diada, se ha ido consolidando un potente movimiento soberanista que propugna la separación del Estado español, son escasas las miradas que desde fuera de Catalunya se salen de la habitualmente beligerante frente a esa aspiración, incluso dentro de la izquierda. Generalmente, la mayoría de los presuntos analistas y de los dirigentes políticos españoles tienden a centrar la explicación del ascenso independentista en los intereses y el comportamiento de las elites políticas y culturales catalanas, subrayando su mayor o menor capacidad de manipulación de las capas medias de ese país frente al “enemigo común”, o sea, España o el Estado español.

En contraste con esa interpretación tan sesgada, me parece más adecuado centrarse en cuál ha sido la respuesta que desde las elites españolas, no solo las tradicionales de derechas sino también las que parecían dispuestas a reconocer el “hecho diferencial” catalán, se ha ido dando en determinados momentos históricos clave. Por eso me referiré a algunas figuras relevantes que se mostraron más abiertas… antes de acceder al gobierno o al parlamento del Estado español, para luego acabar defraudando muy pronto las expectativas generadas. De ese modo, con este breve recorrido por el pasado, quizás se pueda entender mejor por qué se ha llegado en Catalunya a una frustración creciente ante el bloqueo permanente con el que se ha encontrado un reformismo federalizante y por qué nuevos sectores sociales quieren ir más allá en estos momentos: en resumen, la apuesta por un proceso constituyente propio, no subalterno del que pudiera abrirse en el futuro en el marco del Estado español, y por la independencia aparece como la consecuencia de que ese otro camino haya quedado cerrado.

De Azaña y Jiménez de Asúa a la “Transición”

Comenzando por la II República, habría que recordar que antes de su advenimiento había una buena disposición de una parte significativa de la oposición contra la dictadura de Primo de Rivera para reconocer la especificidad de Catalunya. Ése es el caso de Manuel Azaña, quien en su visita a Barcelona el 27 de marzo de 1930, declaraba: “Y he de deciros también que si algún día dominara en Cataluña otra voluntad y resolviera remar ella sola su navío, sería justo el permitirlo y nuestro deber consistiría en dejaros en paz, con el menor perjuicio para unos y otros, y desearos buena suerte, hasta que, cicatrizada la herida, pudiéramos establecer al menos relaciones de buenos vecinos”. Más tarde, el 17 de julio de 1931, repetía esa buena disposición: “Nuestro lema, amigos y correligionarios, no puede ser más que el de la libertad para todos los hispánicos, y si alguno no quiere estar en el solar común, que no lo esté/1.

Una posición que Luis Araquistaín, dirigente del PSOE, comparte en 1930: “No se trata de que sobre Cataluña y el resto de España domine una misma voluntad de gobierno, sino que coexistan armónicamente dos o más voluntades distintas. Sería absurdo que la España no catalana se rigiera conforme a la voluntad de Cataluña, pero no es menos absurdo que el régimen que desea Cataluña, aunque fuera la independencia, que no lo es, estuviera sometido a la voluntad del reino de España/2.

Aun así, en el Pacto de San Sebastián, que reunió a la mayoría de fuerzas republicanas, no se llegó a concretar una opción federal y los nacionalistas catalanes tuvieron que contentarse con la promesa de que se negociaría un proyecto de Estatuto de autonomía en las futuras Cortes.

La historia posterior ya es más o menos conocida: en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 triunfa una nueva fuerza política, creada apenas unos meses antes, Esquerra Republicana, y dos días después, tras la reivindicación desde el ayuntamiento de la República española por Lluís Companys, se pasa a la proclamación del “Estado catalán bajo el régimen de una República Catalana que libremente y con toda cordialidad anhela y pide a los demás pueblos de España su colaboración en la creación de una confederación de pueblos ibéricos y está dispuesto a lo que sea necesario para liberarlos de la monarquía borbónica/3.

Ese paso adelante federalista choca muy pronto con las reticencias del nuevo gobierno republicano, del parlamento y del propio Azaña no solo frente al nuevo Estatuto sino en contra también de los intentos de dar a la II República un carácter federal, como recordaría Joaquin Maurín. En la Constitución triunfaría la fórmula del “Estado integral”, propuesta por el socialista Luis Jiménez de Asúa, seguidor de Hugo Preuss, y quedaría así temporalmente frenada la presión nacionalista. Empero, Octubre de 1934 y julio de 1936 son otros momentos en los que se desarrollan nuevos desbordamientos del marco constitucional desde Catalunya: el primero acaba siendo reprimido por la fuerza por el nuevo gobierno de derechas en Madrid, mientras que el segundo abre un proceso en el que una revolución social instaura una nueva soberanía popular que finalmente también se verá derrotada con la suspensión de su autonomía tras los graves sucesos de mayo de 1937.

A propósito de la experiencia vivida durante todo este período tienen interés las reflexiones que el propio Jiménez de Asúa hizo mas tarde desde su exilio. Discutiendo con sus amigos vascos y catalanes y aun reivindicando el “Estado integral” como la solución más idónea, el ilustre constitucionalista recordaba, en 1946, que en una conferencia que había dado pocos años antes sobre cuál debería ser el camino hacia la III República había defendido que “si los vascos, los gallegos o los catalanes deseasen separarse de España y acreditaran tal resolución en un plebiscito serio y mayoritario, no deberíamos impedirlo, a fuer de liberales, presenciando con dolor pero con dignidad, esas mutilaciones del Estado español. Mover un soldado o un guardia para oponernos, por medio de la fuerza, a la voluntad de esos países sería torpeza e injusticia”. A continuación añadía: “Creo que es preciso abandonar el silencio y decir de una vez por todas cómo debe encararse la organización del Estado español y si la Tercera República ha de ser federal o no. Tampoco debemos silenciar la hipótesis de que una o varias de esas regiones, que sería más justo denominar “países”, acordaran separarse del núcleo español y constituirse en naciones independientes/4.

No es difícil observar en sus nuevas propuestas un reconocimiento de que la II República no llegó a resolver el contencioso de esos “países” y, por tanto, de que de cara al futuro –hacia la III República- habría que ir más allá de su fórmula de “Estado integral” para esos pueblos, aceptando incluso su derecho a la independencia. Unas reflexiones que desgraciadamente no serían muy atendidas dentro del propio PSOE y de la izquierda española en general.

Después y durante varias décadas, la dictadura franquista exacerbó la represión de cualquier forma de expresión de las identidades nacionales de esos pueblos y por eso la mayoría de las fuerzas de izquierda asumieron en sus programas la defensa del derecho de autodeterminación de los pueblos y de la opción federal, aunque en el caso del PSOE y del PCE fuera acompañada de una creciente ambigüedad a medida que se iban acercando a la “transacción asimétrica” con los reformistas del franquismo.

En la “Transición” vimos que se llegó muy pronto a un “consenso” en torno al artículo 2 y a un Título VIII de la Constitución (haciendo oídos sordos a propuestas como las de Francisco Letamendía o Lluís Xirinachs) que permitieron el desarrollo de un Estado autonómico –con asimetrías pero no federal, opción explícitamente prohibida en el artículo 145- que pretendía neutralizar de nuevo las presiones nacionalistas “periféricas”, especialmente las catalanas y vascas. Tanto la “Operación Tarradellas” como el concierto económico vasco permitieron un pacto con las elites catalana y, aunque con mayores tensiones (agravadas por la persistencia de ETA), vasca, llegando a dotar de cierta estabilidad política al nuevo régimen, como se verificó en los períodos de gobierno del PSOE o del PP sin mayoría absoluta. Empero, paralelamente se fue avanzando en el proceso de construcción de nuevos sujetos políticos en esas Comunidades Autónomas que iría chocando con las tendencias recentralizadoras que a partir de 2010, en el marco de la crisis sistémica y de la UE, no han hecho más que reforzarse bajo el gobierno del PP en los últimos tiempos, como estamos viendo con la última reforma del Tribunal Constitucional.

En el caso catalán, la experiencia vivida a partir de 2003, con el inicio del proceso de elaboración del “Nou Estatut” y la promesa de José Luis Rodríguez Zapatero de respetar lo que se acordara desde la Generalitat, acabaría fracasando, tras los recortes del parlamento español (¡Alfonso Guerra dixit!) y el recurso del PP y varias CC AA, con una sentencia del Tribunal Constitucional en 2010 que confirmaría ante un amplio sector de la sociedad catalana la imposibilidad de caminar hacia una vía federalizante en el marco del régimen actual. Es a esa constatación de haber llegado a una vía muerta a la que ha tenido que adaptarse Artur Mas –y la elite política a la que representa, aun a costa de perder apoyos en sectores significativos de la burguesía catalana, únicamente interesados en un “pacto fiscal”- y no lo contrario, como se empeñan en defender tantos críticos de aquí y de allí/5.

Las lecciones de la historia y el desafío constituyente

Por tanto, parece haber un amplio consenso en que fue esa sentencia de julio de 2010 el punto de inflexión para la apertura de un nuevo ciclo dentro de Catalunya en el que la tesis de que la única vía para establecer una relación entre iguales entre el demos catalán y el español pasa por el previo reconocimiento como sujeto político de aquél y de su capacidad de decidir si quiere ser o no independiente y elaborar su propia Constitución, se ha convertido en “sentido común” hegemónico.

Como respuesta frente a esa aspiración hemos visto resucitar en la dirección del PSOE una propuesta federal. Ésta, sin embargo, obviando el empleo de términos como “nación” para referirse a Catalunya (como hemos visto de nuevo con la rápida rectificación de Felipe González) o “plurinacionalidad”, no solo llega tarde sino que viene a confirmar la crítica que el ya fallecido Miquel Caminal hacia de ese tipo de federalismo: su “sumisión al nacionalismo de Estado”, ya que sigue basándose en la primacía de una identidad nacional sobre las otras existentes dentro de ese Estado. Frente a ese tipo de federalismo y junto con Caminal propusimos algunos, ya en el decenio de los 90 en el seno de Izquierda Unida, otro tipo de federalismo, plurinacional y libremente pactado entre los distintos demoi -y a la vez dispuesto a recoger lo mejor de la tradición republicana, municipalista y libertaria española y catalana- que permitiera salir del bloqueo actual; pero esa opción exigiría el reconocimiento previo del derecho a decidir –incluida la separación-, algo que sigue contando con el rechazo de la gran mayoría del PSOE. Solo la voz de quien fue candidato de Izquierda Socialista en las primarias pasadas de ese partido, José Antonio Pérez Tapias, se ha atrevido a proponer esa alternativa sin apoyo alguno dentro de sus filas.

En el caso de la dirección de Podemos estamos viendo una evolución con aspectos positivos (reconocimiento de la plurinacionalidad y del derecho a decidir del demos catalán), pero a la vez una apelación a que ese ejercicio, y la posibilidad de un proceso constituyente propio, esté subordinado y a la espera de una victoria electoral de esa formación en las elecciones generales que pudiera abrir un proceso constituyente de ámbito estatal. Sin embargo, parece, lógico que esa promesa, aun en el caso de que se diera esa hipótesis -hoy por hoy improbable-, tropiece con una desconfianza razonable en el ámbito del movimiento soberanista e independentista catalán tanto por las lecciones aprendidas de los tres momentos históricos ya mencionados como por las propias ambigüedades del discurso de dirigentes de Podemos al respecto que se empeñan, además, en oponer la cuestión social a la cuestión nacional en lugar de buscar la mejor articulación posible entre ambas tanto dentro como fuera de Catalunya. Con todo, el debate sobre el programa que esta formación –y las “confluencias” que finalmente se produzcan, como las que ya se están forjando no solo en Catalunya sino también en lugares como Galiza, País Valencià o Balears- deberá llevar a las próximas elecciones podría ser una buena ocasión para definir una posición clara ante una cuestión que –se quiera o no- está también en el centro de la agenda política a escala estatal y, por tanto, no puede ser obviada dentro de un proyecto de “cambio” y de la doble ruptura que ha de implicar éste con el régimen y el austeritarismo.

Jaime Pastor es profesor de Ciencia Política de la UNED y editor de VIENTO SUR

Notas:

1/ Sobre la autonomía política de Cataluña, Madrid, Tecnos, 2005, pp. 88 y 39 respectivamente.

2/ Citado por Daniel Guerra, Socialismo español y federalismo (1873-1976), Oviedo, F. José Barreiro-KRK Ediciones, 2013, p. 123.

3/ Para una reconstrucción de ese momento y su relación con la apuesta actual por un proceso constituyente: X. Domènech Sampere, “Hay un balcón esperando. La ruptura catalana”, en Hegemonías, Madrid, Akal, 2014, pp. 301-312.

4/ La Constitución de la democracia española, Buenos Aires, Losada, 1946, pp. 100 y 102

5/ He desarrollado estos temas en Los nacionalismos, el Estado español y la izquierda, Madrid, La oveja roja-Viento Sur, 2012 y 2014, y Cataluña quiere decidir, Barcelona, Icaria, 2014.



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