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alrevesyalderecho.infolibre | ¿Refugiados sí, inmigrantes no?
Tras la conmoción por los refugiados, un riesgo que es una paradoja
07/09/2015 | Javier De Lucas

[Si alguien creía que el drama de los refugiados iba a suponer un cambio de rumbo en las políticas xenófobas de la Unión Europea, se equivocaba. El próximo miércoles, en su discurso sobre el estado de la Unión, el presidente Juncker anunciará simultáneamente la propuesta de acoger más refugiados y la de acelerar las devoluciones de los inmigrantes que no tengan el estatuto de refugiados.

La situación insostenible de Italia, Grecia y Hungría, junto a una fuerte presión ciudadana, han forzado a la Comisión Europea a hacer una propuesta de ampliar la acogida de refugiados, pasando de los 40 000 inicialmente previstos a los 120 000 (de los cuales 14 931 corresponderían a España). Pero, a modo de macabra contrapartida, propone acelerar la devolución de los llamados inmigrantes económicos, considerando que hay un bajo porcentaje de expulsiones ejecutadas y que eso actúa como incentivo de nuevas llegadas. En consecuencia propone acelerar las expulsiones usando las detenciones cuando sean necesarias, es decir los CIE en el caso de España. Recordemos que la Directiva del retorno de 2008 permite que las detenciones por no tener los papeles en regla (que no es ningún delito) lleguen hasta los 18 meses. Ahora, en una nueva vuelta de tuerca a la “directiva de la vergüenza”, la Comisión Europea amenaza con abrir procedimiento y sancionar a los Estados que con cumplan con su “obligación” de forzar los retornos.

El artículo de Javier de Lucas que reproducimos a continuación no se refiere a los planes de la UE comentados antes, pero parece que los prevea y denuncia el riesgo que el reconocimiento del derecho de los refugiados se convierta en una coartada para empeorar aún más los derechos de los inmigrantes: unos derechos que tenemos el deber de reconocer y garantizar. Martí Caussa.]

Quisiera proponer a los lectores que dediquen unos minutos a considerar lo que me parece un riesgo que podríamos calificar como “efecto rebote” e incluso como paradoja, resultado del cambio positivo que se advierte en la opinión pública acerca de la “crisis de refugiados”.

Todos los ciudadanos europeos, incluso los más experimentados en el contacto con tragedias humanas, se han visto conmocionados por las imágenes recientes de maltrato a los refugiados en su difícil tránsito a países que garantizan plenamente el asilo (fundamentalmente Alemania; también Suecia; en menor medida, otros Estados nórdicos), que han culminado en la foto de un niño sirio ahogado. Crecen desde diferentes instancias –ciudadanos a título individual u organizados, ONG, colegios u organizaciones profesionales, asociaciones de toda índole, Ayuntamientos, regiones, comunidades autónomas– las iniciativas de ayuda, o, por utilizar el término que corresponde, de solidaridad con quienes vemos como desamparados ante riesgos muy graves para su vida. Y nadie puede negar que se trate de una reacción muy positiva, que podría contribuir a un cambio en las políticas de asilo de la UE. Está por ver lo que durará esta toma de conciencia y su impacto real sobre las decisiones de la clase gobernante. Ojalá que sea de más largo alcance que los consabidos telemaratones anuales con los que compramos buena conciencia sin riesgo alguno, ante la pantalla del televisor y con la ayuda del móvil.

Son, en todo caso, buenas noticias también para quienes por diferentes razones llevamos años insistiendo en la necesidad de reconocer los derechos específicos de los que son titulares los refugiados, aquellas personas a las que se reconoce el derecho de asilo. Quienes reclamamos esa reconocimiento de protección específica, la que otorga el derecho de asilo, que se basa en la condición de sufrir una persecución de diferente índole (y no solo “política” como confunden algunos, incluido nuestro ministro de Exteriores: baste pensar en persecuciones por condición étnica o por orientación sexual), que les obliga a abandonar el Estado del que son ciudadanos, insistimos en que las características de vulnerabilidad y riesgo son diferentes de las que padecen aquellos que llamamos inmigrantes.

Sin embargo, precisamente ahora me parece que es necesario llamar la atención sobre el riesgo de entender mal esta distinción. No crea el lector que quiero imitar a Carnéades, el famoso sofista de quien se cuenta que, invitado por el Senado romano, fue capaz de obtener el aplauso unánime de los senadores tras su discurso en defensa del Derecho natural. La misma unanimidad que obtuvo al día siguiente cuando rebatió la idea misma de Derecho Natural (si non é vero…). No: se trata de evitar lo que me parece un “efecto rebote”, sino una paradoja perversa. Pensar que son los refugiados los que tienen en riesgo sus derechos, pero no los inmigrantes (“económicos” se añade, como si eso dejara clara su especificidad).

Un buen amigo y antiguo alumno de postgrado en nuestro Instituto de Derechos Humanos de la UVEG, Pablo Ceriani, hoy miembro del Comité de la Convención de la ONU sobre derechos de los trabajadores inmigrantes y de sus familias, me recordaba hace unos días los estigmas que pesan sobre los que mal llamamos “inmigrantes económicos”, que podrían ser paradójicamente, los perdedores ante la profunda reacción emocional que se ha producido en toda Europa tras la difusión de la foto del cadáver del niño sirio ahogado. Un niño del que conocemos a sus padres. Un niño que, desgraciadamente, ni ha sido el primero (son centenares, miles) ni será el último en sufrir las consecuencias de una política ciega a las causas de esas terribles imágenes. Ciega, al menos hasta ahora, a la necesidad de modificar sus presupuestos, sus medios de despliegue, sus consecuencias.

En realidad, si negar la pertinencia de un régimen jurídico específico para quienes se ven obligados a buscar refugio fuera de su país, cabe preguntarse por la diferencia de fondo. ¿Acaso la mayoría de esos que llamamos inmigrantes “económicos” emigran por capricho, sólo por comprar un auto mejor, por tener una TV de tamaño de una plaza de toros o una casa más lujosa?

No. Si se van de su país no lo hacen simplemente en uso de su libertad de elegir un plan de vida con un standard superior de bienestar, del mismo modo que hasta hace muy poco un español decidía si prefería irse a Alemania, al Reino Unido o a EEUU para especializarse en sus estudios de física cuántica. No. Las causas de estos desplazamientos forzosos a los que se ven constreñidos buen aparte (no todos, desde luego) de los que llamamos inmigrantes, tienen mucho más que ver con lo que llamamos estado de necesidad. Tienen que ver con la brutal desigualdad que no para de crecer entre nuestro mundo rico y sus países. Una desigualdad que exhibimos indecentemente desde nuestras televisiones, que emiten globalmente vía satélite y que pueden captarse ahora también gracias a internet, a las redes sociales, con un teléfono móvil.

En el contraste entre su situación y la de los países “del Norte”, es más importante el efecto expulsión que el efecto llamada. La pobreza, la miseria, la falta de expectativas de una vida digna, de la mejora de vida, muchas veces incluso pese a contar con una formación especializada, es lo que empuja a muchas personas a salir de su país. Y es que el primero derecho para los inmigrantes debiera ser el derecho de no emigrar. Esto es, la existencia de condiciones que hagan posible la libertad de elegir. Donde esas condiciones no existen, la inmigración es un destino tan fatal como ineludible. Por eso una verdadera política migratoria debiera empezar por actuar sobre las causas de esa desigualdad. Sobre las causas de la miseria, de la enfermedad, de la ausencia de educación, de pautas patriarcales y machistas de vida, de ausencia de las expectativas de vida, incluidas, sí, también, el déficit en las libertades y derechos.

Hay, pues, cierta dosis de cinismo en el uso de la noción generalizada de inmigrantes “económicos” para todos los que buscan ganarse la vida en otro país. Y la trampa conceptual consiste en propiciar la idea de que, como tales inmigrantes económicos, ya disfrutan de derechos y lo que quieren es tenerlos más fácilmente, aprovecharse de nuestra riqueza. No, para la inmensa mayoría de quienes emprenden el durísimo viaje de la inmigración, que puede suponer años y penalidades (incluida por ejemplo la explotación como objetos sexuales de las mujeres que tienen que pagarse de ese modo el “viaje”), la condición de inmigrante económico no les asegura un status superior, sino todo lo contrario. Baste pensar en el desarrollo de procedimientos muchas veces arbitrarios o directamente contrarios a la legalidad internacional en materia de control de paso de fronteras. O en lo que ha impuesto el Gobierno Rajoy desde 2012 con su RD 16/2012 que excluye de la sanidad (salvo urgencia) a los inmigrantes irregulares.

Sería una paradoja cruel que la obligación de reconocer derechos a los refugiados fuera la coartada para relajar (¿más aún? Sí, esto también es susceptible de empeorar) la observancia de reconocimiento y garantía efectiva de quienes sólo son inmigrantes. Porque habrá que recordar que son titulares de derechos. Lo son como seres humanos, desde luego. Pero también como consecuencia de la vulnerabilidad especial que acompaña constitutivamente la condición de inmigrantes. Derechos como los recogidos, a título mínimo, en la Convención de la ONU de 1990 de derechos de los trabajadores inmigrantes y de sus familias. Declaración que, por si alguien lo ha olvidado, no ha sido ratificada ni por los EEUU, ni por Australia, ni…por ningún Estado de la UE (a excepción de Portugal), tampoco por España.

No. No lo olvidemos. Tenemos un deber jurídico de reconocimiento y garantía de derechos para con los inmigrantes. Por no hablar de nuestro deber de no practicar políticas de discriminación y exclusión hacia ellos. Y no sólo (aunque el egoísmo racional debería conducirnos a tenerlo en cuenta) porque los necesitamos. Que nuestra justificada, necesaria y oportuna preocupación por los refugiados no nos sirva para olvidarlo.

5/09/2015

http://alrevesyalderecho.infolibre.es/?p=3883

Javier De Lucas es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València. Trabaja sobre problemas de derechos humanos (en especial políticas migratorias y derechos humanos), legitimidad, democracia, ciudadanía y obediencia al derecho.



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