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Tribuna VIENTO SUR
Despenalizar la prostitución
29/08/2015 | Begoña Zabala González

Este verano de 2015 está resultando un tanto atípico. Lejos de las tranquilas vacaciones habituales de la política, sobre todo de la institucional, abundan
este año los temas de esta índole: la constitución de los gobiernos locales y autonómicos de las fuerzas del cambio y sus primeros pasos tan denostados por
los medios conservadores; las próximas elecciones catalanas con el morbo añadido de las listas electorales, -con quién, qué nombre, qué nación-; las
siguientes elecciones generales del Estado, con los consiguientes últimos coletazos traicioneros de quien ve perder su poder, como estos recientes
presupuestos ya listos para 2016; la capitulación del gobierno griego ante el acoso y el chantaje de la dictadura de la troika; los miles de personas
inmigrantes huidas de sus países en busca de asilo y refugio en la Europa Schengen, para encontrarse con la Europa fortaleza que, cuando no las mata, las
encarcela o persigue; el terrible aumento de la violencia machista, en términos de asesinatos de mujeres, con sus horrorosas repercusiones en las hijas e
hijos de las víctimas, también víctimas de la violencia masculina y patriarcal,…

Cuando empiece el nuevo curso, nos dará la impresión de que realmente no ha habido tregua ni descanso. En este ambiente, el sempiterno gobierno del PP, y
para atraer los votos que se le escurren por las grietas de estas miserias, realiza algunas promesillas y trampea con cuatro medidas de dádivas para las
poblaciones más menesterosas.

Entre estas noticias, actividades y quehaceres del mundo sociopolíticos ha aparecido de forma, a mi entender, imprevista, la declaración realizada por la
organización Amnistía Internacional (AI) sobre la prostitución. Normalmente habría pasado inadvertida la recomendación, pero el contenido, sin ser de lo
más osado, tiene su miga, y sus enemigas.

Dice esta prestigiosa organización de defensa de los derechos humanos en el mundo, que después de dos años de laboriosa investigación y estudio llevado a
cabo desde sus filas, en muy diferentes países, se observa que

“las trabajadoras y los trabajadores sexuales son uno de los grupos más marginados del mundo, quienes en la mayoría de los casos afrontan un riesgo
constante de discriminación, violencia y abuso”.

Frente a esta situación la recomendación que hace a los gobiernos, es la de despenalización de la prostitución, en todos sus ámbitos. Es decir, para todos
los actores: trabajadoras y trabajadores sexuales, clientes y proxenetas.

Esta noticia ha hecho saltar las alarmas de los sectores abolicionistas y, de entre ellos, los medios destacan –supongo que no por su militancia o
sabiduría en el tema, sino por su glamour- las opiniones en contra de las grandes damas de la escena de Hollywood. Aparecen los nombres de Meryl
Streep, Emma Thompson y Anne Hathaway, entre otros, firmando un manifiesto en contra de las pretensiones de Amnistía Internacional. En otras versiones más
osadas, ya la noticia se intitula de forma más contundente: ”Hollywood contra Amnistía Internacional” /1..

En cambio, los grandes partidos del Estado, de corte abolicionista o penalizador, como el PSOE y sectores de IU, no se han manifestado expresamente. Parece
que dejaran este espacio a los lobbys abolicionistas, que se posicionan frente a esta medida, alegando razones en contra de la trata y del tráfico de
mujeres, que obviamente no es lo mismo.

Sí llama la atención, que una formación electoral catalana, de las conocidas como emergentes, “Catalunya si es pot”, encabezada por Lluis Rabell,
designe para su segundo puesto a Gemma Liennas, escritora y conocida abolicionista en los debates y en sus escritos. También el propio cabeza de lista
Rabell tiene trayectoria de posturas abolicionistas desde supuestos feministas, como se puede ver en un amplio artículo por él escrito de esta revista /2.

Despenalización de la prostitución.

Si bien la mayoría de los medios de comunicación y algunas personas han querido significar que con esta declaración lo que se pretende es normalizar la
prostitución como un trabajo más y dotarle de todos los derechos a las mujeres y hombres que lo ejercen, la realidad es más justita de lo que se pretende,
y a lo que se apela desde la organización Amnistía Internacional es a la despenalización. Es decir, que no sea delictivo el realizar o prestar servicios
sexuales mediante precio, ni tampoco el contratarlos como cliente, ni tampoco se considere delito el obtener algún beneficio del ejercicio de la
prostitución, lo que vulgarmente se conoce como actividad de proxenetismo. Esto quiere decir que en el análisis de AI se ha observado que en la mayoría de
los países, en lugar de proteger a este colectivo que se considera vulnerable, lo que se hace es perseguirlo legalmente, con lo que se multiplica su
sufrimiento, marginación y discriminación y produce con frecuencia obstrucción ilegal.

Por parte de muchas personas, y refiriéndonos al Estado Español concretamente, la figura de la prostitución es considerada desde el punto de vista jurídico
como alegal, es decir que no está regularizada como una actividad, ni tampoco está prohibida o penalizada. Pero esto no es así, de ninguna de las formas.
Mucho menos desde que el PP arremetió de malos modos contra el Código Penal y tipificó la figura del proxenetismo, como la de quien se lucra por la
actividad de la prostitución, o quien aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de una persona, determina o mantiene a ésta en la situación de
prostitución, aunque sea con su voluntad expresa /3.

Hay más figuras que conectan con la penalización de la prostitución, como es el caso específico de la entrada irregular de personas inmigrantes y la
participación en la entrada de terceras personas, con fines del ejercicio de la prostitución, que nos llevan a considerar que realmente el ejercicio de la
prostitución se mueve en el campo de la ilegalidad y de la delincuencia, más que en el de la actividad inocua o alegal.

Y en este punto Amnistía Internacional, a mi modo de ver, da en un clavo muy interesante desde el punto de vista jurídico y de las políticas penales. Y
termina con la falacia tan extendida por las filas fariseistas del abolicionismo de penalizar, no a las personas que ejercen de forma no elegida la
prostitución, que a su entender son todas, sino a las que contratan como clientes u operan bajo el genérico de proxenetas.

Efectivamente, es a todas luces imposible –a no ser que seas el exministro Gallardón- tipificar una figura delictiva mediante la caracterización de una
actividad, que en este caso sería la prostitución, y pretender que todo el mundo que participa en la misma sea reo de delito, a excepción de la actora
principal, que por mor de su no voluntariedad presumida contra viento y marea, queda in-imputada. Es el mismo argumento que utilizó el exministro y su
corte jurídica para pretender penalizar el aborto, y exculpar a la mujer que voluntariamente se somete a una Interrupción Voluntaria del Embarazo, porque
no es libre o está en situación de incapacidad para prestar libremente su consentimiento. Una vez más la consideración de las mujeres víctimas como tontas,
locas o incapaces planea sobre el horizonte jurídico. Y esto después de que nos sacudiésemos la calificación franquista de la mujer casada como incapaz
para contratar, al lado de los menores, incapaces y locos.

En este sentido, la argumentación y la recomendación de Amnistía Internacional, debe ser acogida con todos nuestros aplausos, como lo han hecho ya varios
colectivos de mujeres que ejercen o han ejercido la prostitución, pues delimita perfectamente el camino de esta actividad fuera de la penalización, en todo
su sentido y extensión.

Esto también quiere decir que esas ordenanzas y normas locales y autonómicas, que pretenden mediante la reglamentación del uso de los espacios públicos, o
de las vías de circulación, sancionar y reprimir esta actividad, deben ser derogadas y abolidas, por los mismos argumentos. Hace tiempo también que en
ciudades como Madrid, Barcelona o Bilbao, la contestación a esta normativa ha sido muy visible por parte de los colectivos de personas que ejercen la
prostitución y de grupos feministas.

Reconocimiento de derechos

Siendo absolutamente necesario el paso iniciado por Amnistía Internacional, para presionar a los gobiernos en pos de la despenalización, no cabe duda que
la lucha tiene que seguir hasta el pleno reconocimiento de los derechos, todos, para las trabajadoras sexuales. Esta postura de reconocimiento de derechos,
y hay que señalarlo porque a veces hay graves equívocos, no equivale a la que tradicionalmente se ha llamado como reglamentista.

Todo el análisis que se realiza desde la organización Amnistía Internacional, y también desde los grupos de apoyo a las trabajadoras del sector, destacan
la imposibilidad de luchar frente a las situaciones de marginación y explotación desde la clandestinidad. Ninguna mujer, en su sano juicio y con
experiencia migratoria, que sea explotada sexualmente en este Estado, acudiría tranquilamente a la comisaría de turno para denunciar a quien la explota,
chantajea o violenta. Ha habido algunas que lo han hecho. Muchas de ellas han pagado con su vida tal osadía, otras han sido retornadas a sus países de
origen, otras han sido detenidas e internadas en centros para inmigrantes, cárceles específicas para ellas… No estoy hablando de que el sistema
judicial­-policial es ineficaz en grado alto, que lo es en muchos casos. Estoy expresando la imposibilidad real de que quien no tiene reconocida ni
siquiera la capacidad de estar en un lugar, ni de tener ningún derecho, pueda ejercer mínimamente el derecho a ser protegida por unas autoridades que la
desprotegen y la secundarizan por ley.

Este sería el primer paso importante: el reconocimiento de derechos para las personas migrantes, con la totalidad de garantías, para poder acceder a los
servicios de justicia, sin poner en peligro su estatus. Y se sitúa el adjetivo de migrante por ser mayoritario este colectivo y tener impedidos por ley el
reconocimiento y el ejercicio de sus derechos.

Habría más pasos, evidentemente. Pues no se trata únicamente de que las personas que trabajan en la industria del sexo, en general, y en la prostitución en
particular, puedan acudir en petición de auxilio al sistema judicial, cuando se ven violentadas o extorsionadas o agredidas. Se trata de que están
realizando una actividad, que debe ser normalizada como tal actividad, sin levantar sospechas, juicios, denuncias, detenciones… En definitiva, dotar a esta
actividad de un marco elemental para que al ser visibilizado y legalizado se pueda perfectamente desarrollar dentro de los límites normativos y fuera de la
clandestinidad.

Hay quien ve más ventajas en esta legalización, pues mientras las leyes migratorias sigan siendo tan restrictivas que solo permiten acceder a la
regularización de las personas extranjeras a las que tienen un trabajo o una actividad remunerada, la consideración de tal para esta actividad, conllevaría
la situación regular administrativa. Efectivamente, sería una consecuencia interesante que encauzaría esta actividad en los márgenes de una actividad
remunerada de la que se derivarían los derechos que en esta sociedad tienen las personas que trabajan de forma regular. Si bien nuestra reivindicación
sigue siendo que todas las personas, de forma individual, deben tener reconocidos todos los derechos y serles posibilitados su ejercicio con los máximos
márgenes de libertad.

En este planteamiento, que difiere ampliamente de las corrientes abolicionistas, se trata de poner en el centro del reconocimiento de los derechos y de la
mejora de las condiciones de vida, a las propias mujeres. Y posibilitar que sean ellas mismas las que decidan. Sabemos que la decisión libre tiene límites,
a veces impuestos por terceras personas y su afán de lucro. Pero esto, y nosotras las mujeres lo sabemos bien, nos pasa a todas. Se trata simplemente de
ampliar los márgenes de libertad, en lugar de estrecharlos mediante las leyes.

Para terminar, transcribo literalmente lo que recoge algún medio de comunicación del manifiesto de las “estrellas de Hollywood” y las razones que les
llevan a solicitar medidas penales para la prostitución, pues incide efectivamente en el lugar en donde se pone el foco de atención. Dicen ellas que “

preocupa profundamente la propuesta de AI al adoptar una política que llevaría a la despenalización de los proxenetas, los dueños de los burdeles y
consumidores del sexo, los pilares de una industria global del sexo que mueve 99.000 millones de dólares US... la total despenalización convierte a los
proxenetas en hombres de negocios que venden con impunidad a personas

vulnerables con historiales de pobreza, discriminación, falta de un hogar y acoso sexual
”. Si éstas son las razones que realmente impulsan el manifiesto, sería mejor que mirasen a la propia industria en la que prestan sus servicios, o a la
industria de la guerra y armamentística, para pedir ya su ilegalización, pero no la de las personas que son reclutadas forzosamente y con engaños para ser
carne de cañón de las ganancias de estos sátrapas. A estas personas, como a ellas mismas, se les debe conceder la dignidad de la lucha y la rebelión,
mediante los instrumentos oportunos, que nunca serán la ilegalización y la represión.

Notas

1/ Tomado de la página “Estilo” de El Pais, versión digital, del día 29/7/2015, cuando todavía AI estaba estudiando el proyecto de la recomendación de
despenalización que, finalmente aprobó el 10 de agosto pasado.

2/ “Un debate que divide al feminismo y a la izquierda”. Sylviane Dahan y Lluis Rabell. Viento Sur, número 106,

http://vientosur.info/articulosabiertos/vs_0106.pdf
, pág. 119

3/ Sobre este tema, y para no repetir argumentos, se puede ver de la autora el artículo “Políticas prohibicionistas: la prostitución ilegalizada” en esta
misma Tribuna, del día 28 de febrero de 2014 www.vientosur.info/spip.php?article8794 y
el publicado por la Fundación Isonomía “Marco legal de la prostitución”.



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