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Tribuna VIENTO </I> SUR
Hacer otra política
05/08/2015 | José Errejón

El debate –pobre debate– sobre la recuperación económica y su calidad puede estar tapando un problema muy superior a los causados por la crisis, con ser estos importantes: la desaparición de las políticas públicas.

El crecimiento del PIB y los bienes que supuestamente le están asociados –el aumento de la inversión y los empleos, la mejora de la renta de los hogares y con ella el incremento de la demanda incentivando el círculo virtuoso del crecimiento, la reducción del déficit y la deuda públicos– no podrán ocultar lo que se ha puesto en evidencia durante la crisis y es la desaparición de las políticas públicas como expresión e instrumento de la voluntad de la sociedad para modificar una situación adversa, en general para dotarse de un conjunto de bienes públicos.

Es innegable que en noviembre del 2011 las elecciones generales dieron una mayoría absoluta al PP y que en virtud de la misma su gobierno puso en marcha las políticas que venimos llamando de ajuste y consolidación fiscal o, más simplemente, austeritarias. Lo que dista de ser evidente es que tal conjunto de decisiones, normas y recursos de toda índole respondan en alguna medida, por limitada que esta fuera, a la voluntad de la sociedad española, incluyendo a aquella que votó al PP. Dicho en una forma más clara, en esta coyuntura crítica se ha puesto en evidencia la condición heterónoma y subalterna de nuestra sociedad frente a la complejidad y envergadura de los problemas que la conciernen.

Se trata de un asunto de la mayor relevancia, de la capacidad de discernir y de conocer, de evaluar y de decidir por parte de una comunidad, acerca de los asuntos que la conciernen. Lo podríamos resumir en la denominación sociedad democrática pero bastaría con llamarla comunidad humana para distinguirla de las comunidades vegetales o animales de otras especies; la capacidad de actuar sobre el entorno en el que se desenvuelve su existencia parece ser, al decir de los antropólogos, uno de los principales rasgos diferenciadores del homo sapiens.

No ha habido políticas porque las mismas exigen, antes que nada, de la identificación del problema que pretenden resolver o del bien público que pretenden crear, ampliar o mejorar. Un objetivo o sistema de objetivos claros que puedan ser fácilmente identificados y comprendidos por la población a la que su consecución impondrá obligaciones de uno u otro tipo.

Esta dimensión del conocimiento y la comprensión es capital para la construcción de una arquitectura societaria democrática. El fundamento de las oligarquías realmente existentes reside en la presunta complejidad de los problemas de las sociedades contemporáneas que los hacen no asequibles a la comprensión de la mayoría de la población, cuya función efectiva no debería rebasar así la elección del personal político del que, en segunda o tercera instancia, saldrían los responsables de las políticas públicas.

Si es la complejidad técnica de los problemas públicos lo que hace imposible la participación de la sociedad civil en el diseño de las políticas llamadas a resolverlos, la pregunta es inmediata: ¿Cómo es que políticos sin formaciones técnicas especializadas (qué formación tienen los últimos titulares del Ministerio de Sanidad o de Fomento?) pueden decidir en asuntos tan complejos y tan variados? Y las respuestas pueden ser contundentes. O bien no deciden ellos sino instancias administrativas o económicas, no electas en todo caso, o, por el contrario, la puesta en obra de las políticas no pasa de ser una escenificación de prácticas ajenas al acontecer político representativo

La identificación de los problemas y las necesidades públicas aparece entonces como la clave en la tarea del diseño y la ejecución de una política. Su entrada en la agenda política otorga a un determinado fenómeno social la condición de problema político, algo de lo que se va a hablar, el objeto de la política. Es fácil deducir, en consecuencia con lo anterior, que la configuración de la agenda política se convierte en un hecho transcendental y, por tanto, un objeto de conflicto político en sí mismo. Diría incluso que se trata de la primera y principal batalla política en las sociedades de opinión pública.

Es un hecho constatable que los problemas políticos son, en la mayoría de los casos, los problemas que las elites enuncian como tales, aquellos que por una u otra razón pueden afectar la pacífica gestión de los asuntos generales por sus representantes en el gobierno, las finanzas, la industria, los medios de comunicación, etc.

Un ejemplo sencillo permite ilustrar con claridad la relevancia de este punto. La política de ajuste y consolidación fiscal que ha constituido el eje principal de las políticas del gobierno de España, ¿a qué necesidad corresponde o qué problema público pretende resolver? En la interpretación de las instituciones comunitarias y la gubernamental que las hace ejecutivas, el problema a resolver, al parecer, tenía que ver con la existencia de un déficit público que amenazaba la estabilidad económica del país por cuanto alimentaba la desconfianza de los mercados financieros y aumentaba el precio a pagar por los bonos de la deuda con los que se financian los gastos del Estado.

La interpretación alternativa parte de considerar que los datos de déficit y deuda pública previos al lanzamiento de las políticas austeritarias estaban en el 5% y 38%, respectivamente, en términos de PIB –desde luego inferiores a los que algunos años antes habían sido “perdonados” a Alemania– pero que lo que estaba en cuestión era el modelo de crecimiento reinante desde finales de los noventa y basado en la expansión del sector inmobiliario y la política de concesión de créditos a las empresas y las familias a costes reales cero y con niveles muy elevados de riesgo de insolvencia. Todo ello por causa del “efecto contagio” derivado de la quiebra de algunas grandes entidades financieras a partir del verano del 2007 y la contracción del mercado interbancario, en lo que primero fue una crisis de liquidez e inmediatamente una crisis de solvencia de entidades cargadas de activos sobrevalorados por la burbuja inmobiliaria. El problema en España era entonces un problema de viabilidad de los sectores financiero e inmobiliario que habían actuado de motores del crecimiento económico y que, en su caída, arrastraba a la frágil economía española con sus secuelas de aumento espectacular del desempleo, contracción de la demanda, caída de los ingresos tributarios y aumento del déficit y la deuda públicos.

¿Cómo se optó por la primera y no la segunda interpretación? ¿Se acometieron análisis detallados que permitieran poner a disposición de los decisores criterios racionales para orientarse en pos de la mejor solución para el país? No consta. La crónica de los hechos describe a un presidente sobrecogido (Zapatero) que acepta sin rechistar las órdenes que le llegan desde Berlín/Frankfurt/Bruselas y que, a partir de recibirlas, da un giro en las políticas hasta entonces en práctica y acuerda consolidar en sede constitucional la prioritaria obligación de la sociedad española para con los derechos de los acreedores de la deuda pública.

Y, sin embargo, el Gobierno –el existente en el momento del estallido de la crisis y el que le sucedió a partir de noviembre del 2011– disponía de una poderosa herramienta para evaluar el alcance y los impactos de las políticas alternativas a poner en marcha para enfrentarse al problema. La evaluación de políticas públicas está institucionalizada en el ordenamiento jurídico español desde el año 2006 en el que la Ley de Agencias creaba la Agencia Española para la Evaluación de las Políticas Públicas (AEVAL). Salvo un primer destello inicial con ocasión de la evaluación del Programa Nacional de Reformas, que parecía presagiar una intensa andadura de utilidad para el mejor diseño, implementación y obtención de resultados de las políticas públicas, la vida de esta agencia ha sido más bien lánguida, como se puede comprobar viendo las “evaluaciones” encargadas por el Gobierno en este año o en años anteriores. Que en un momento crucial como el que vivimos desde el año 2010 una herramienta tan poderosa potencialmente como la evaluación de políticas se haya restringido a áreas o temas de importancia secundaria como algunas de las que se han encargado pone de relieve, sobre todo, el escaso interés de los gobiernos que se han sucedido por racionalizar la toma de decisiones y rendir cuentas.

Cuando se habla de corrupción con frecuencia se olvida esta fuente de corrupción, la consistente en expropiar al soberano la posibilidad de conocer la naturaleza y alcance de los problemas públicos, de juzgar acerca de la idoneidad de las políticas que se le proponen y de evaluar la ejecución de las mismas en función de la consecución de los objetivos marcados. Esa función expropiatoria es una función privatizadora, de cercamiento al modo en el que los grandes señores de la tierra cercaron en el siglo XVII las tierras comunales preparando el advenimiento del proletariado moderno. Una expropiación/privatización que hace imposible la democracia en las sociedades contemporáneas y que la diluye en el dominio de la expertocracia, en realidad instrumento al servicio de las oligarquías políticas y económicas.

No es la evaluación la panacea que puede mejorar como por encanto los males de la democracia contemporánea. Entre otras cosas, porque tales males están ligados de forma indisoluble a los avatares de la economía realmente existente y sus efectos sociales, ético culturales y ecológico. Pero es verdad que la evaluación de políticas podría convertirse en una de las principales herramientas para el empoderamiento ciudadano si fuera concebida esencialmente a su servicio y no fuera secuestrada por la primacía expertocrática orientada a justificar el rol de los tecnócratas y el alejamiento de la mayoría de la población de los asuntos públicos.

Se ha destacado más arriba la relevancia de la forma de entrada en la agenda de los problemas públicos. Quién o qué sectores de la sociedad son determinantes para la consideración de un determinado problema como público, cómo son enunciados para adquirir tal condición, se convierten en problemas de la mayor relevancia, objeto mismo de la contienda política. La enunciación de los problemas aparece así como una de las más importantes manifestaciones de la hegemonía política, de la forma en la que un grupo social hace pasar sus preocupaciones particulares por preocupaciones generales. La política opera así como una forma de conversión de las necesidades e intereses de un grupo en las necesidades e intereses de toda la sociedad. Esta capacidad es, con seguridad, una herramienta mucho más eficaz que todos los medios coercitivos en la tarea de asegurar la continuidad de la dominación sobre el conjunto de las capas subalternas. En el fondo el ser subalterno de estas capas es estar privado de su propia visión del mundo, carecer de los instrumentos (de la gramática) precisos para enunciar deseos, aspiraciones, anhelos. Si no se puede nombrar con palabras propias lo que se anhela o lo que se rechaza, es probable que se pierda la capacidad misma de saber lo que se desea, de perder la facultad autónoma de desear.

Es esta subalternidad la que se pretende superar cuando se postula ocupar la “centralidad del tablero político”. Ocupar el centro del tablero es una metáfora equivalente a la de configurar la agenda política: conseguir que los así llamados problemas públicos sean los problemas de la gente de abajo. Una empresa contrahegemónica, una voluntad de convertir en hegemónico el sentido común de los derechos, la justicia social y la igualdad.

Que se hable de lo que nunca se ha hablado, que aparezcan en primer plano los problemas, las necesidades y los anhelos de la gente trabajadora, que esas razones aspiren, con toda justicia, a convertirse en el interés general.

Que se definan con claridad las políticas necesarias para la satisfacción de las necesidades sociales y que se realicen evaluaciones de estas políticas para juzgar el grado de éxito en sus objetivos y, eventualmente, para corregir sus desviaciones.

Esa es la secuencia con la que sabremos que estamos haciendo otra política. Su condición de existencia, hay que reiterarlo, habrá sido la ubicación de las necesidades de la mayoría en el centro de la atención pública. Solo entonces podremos tener la seguridad de estar en la senda de la construcción de la democracia.

4/07/2015

José Errejón es funcionario.



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