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Túnez
Terrorismo y Estado de Urgencia
14/07/2015 | Fathi Chamkhi, Frente Popular

[Reproducimos el artículo de F. Chamkhi sobre el atentado de Susa y, a continuación, la declaración del Frente popular sobre el posterior decreto del Estado de Urgencia]

El pasado 26 de junio, Túnez ha sido golpeada por segunda vez por un atentado terrorista que ha costado la vida a 38 personas [en la playa de Susa. NdE]. Estas dos operaciones terroristas ponen al desnudo graves fallos por parte de las fuerzas de seguridad tunecinas. Sus impactos sobre el conjunto de la sociedad, más en particular sobre las condiciones de vida de las clases populares tendrán, muy probablemente, graves consecuencias.

En efecto, el objetivo es de nuevo el sector turístico, gran creador de empleos y de recursos para una parte de la población, algunas municipalidades y el Estado. Los millones de turistas, en su gran mayoría europeos, que visitan Túnez desde hace más de cuarenta años han enriquecido también la cultura local, con una aportación de diversidad y de tolerancia, en las antípodas de la ideología del terrorismo yihadista. Los impulsores de las dos operaciones intentan también minar la moral de los tunecinos, que son la mejor muralla contra la voluntad yihadista de desestabilizar la sociedad.

La razón principal de los graves fallos de seguridad del Ministerio del Interior es sin duda alguna, el impacto que sufrió tras la subida al poder de los islamistas en enero de 2012. Estos últimos han intentado apropiarse de este ministerio, o al menos controlar los principales servicios, para garantizar su mantenimiento en el poder y para facilitar la aplicación de su proyecto totalitario de islamización de la sociedad.

A pesar de la dimisión de su gobierno en enero de 2014 y, posteriormente, de su derrota en las elecciones de finales de 2014, han mantenido sus posiciones en el seno del aparato de seguridad. Tanto por medio de miles de nuevas contrataciones de islamistas como por el nombramiento de Ministros del interior Islamistas o bien proislamistas notorios.

Es importante señalar también que los dos atentados se han producido en un momento en que el movimiento social estaba en plena efervescencia. El primer semestre de 2015 ha conocido, en efecto, un movimiento de huelgas sin precedentes, que implicaban a centenares de miles de trabajadores, sobre todo en la función pública. Paralelamente, la cuenca minera era sacudida por una enésima revuelta de protesta contra la miseria y el paro que recibe como contrapartida de las riquezas que produce. La región fronteriza con Libia era, por otra, parte atravesada por sucesivos mini levantamientos, que ponían en movimiento masas desheredadas.

Enfrente, un gobierno cuatripartito, que asocia en particular a los dos primeros partidos de las elecciones legislativas de octubre de 2014 (Nidaa Tunez y Ennahdha). Un gobierno vacilante y sin programa, que se contenta con aplicar sin rechistar políticas neoliberales dictadas desde el extranjero. Políticas incapaces de frenar el hundimiento económico, de aliviar el sufrimiento social en el que está hundida la mayor parte de la población y de devolver la esperanza a los tunecinos.

La sociedad tunecina está actualmente conmocionada. El mes de ayuno del Ramadán conjugado al calor del verano, la carestía de la vida, las amenazas yihadistas y la ausencia de alternativa son otros tantos factores que pesan mucho sobre las espaldas de los tunecinos. El callejón sin salida social y político persiste y quebranta la moral general.

Ninguna fuerza política emerge actualmente con un proyecto de futuro, un programa y una guía de acción para realizar las reivindicaciones de la revolución.

Sin embargo, jamás en Túnez el deseo de cambio y la voluntad manifiesta de realizarlo han sido tan masivamente compartidos y tan poderosamente expresados. La revolución no ha logrado aún cambiar el sistema dominante, pero ha permitido ya la transformación del pueblo que lo sufre. Esta es la verdadera baza para el porvenir.

3/07/2015

http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article35413

Fathi Chamkhi es militante de RAID (Attac&CADTM) y de la LGO, es diputado del Frente Popular en la Asamblea de Representantes del Pueblo.

Declaración del Frente Popular

El Jefe del Estado se ha dirigido al pueblo tunecino el sábado 3 de julio de 2015 por la tarde anunciando al final de su discurso que tras haber consultado al Presidente de la Asamblea de Representantes del Pueblo y al Jefe del Gobierno, ha decretado el Estado de Urgencia en el conjunto del territorio de la República por un período de treinta días, conforme a la ordenanza 50 de 1978. El Jefe del Estado ha justificado su decisión por la degradación de la situación económica y social, y en particular por el gran número de huelgas y de protestas populares y el aumento de los peligros de seguridad que amenazan la estabilidad del país, llegando a pretextar que basta con un nuevo atentado como el de Susa para que se hunda el Estado.

El Frente Popular quiere recordar: su posición de principio sobre el terrorismo, cuyos ataques ha sido el primero en sufrir con el asesinato de dos de sus dirigentes, los mártires Chokri Belaid y Hadj Mohamed Brahmi; su llamamiento anticipado a la necesidad de celebrar una conferencia nacional para definir una estrategia nacional para luchar contra el terrorismo; y a tomar medidas urgentes, serias y eficaces, como el esbozo preliminar de esta estrategia, sin atacar por ello la libertad y los derechos de los tunecinos y las tunecinas.

Perol Frente Popular estima que es necesario hacer las siguientes consideraciones sobre el discurso del Jefe del Estado y su decisión de decretar el Estado de Urgencia:

1. El Jefe del Estado no ha estado convincente en su discurso, hecho más de una semana después del atentado de Susa, pues no ha demostrado la existencia de motivos nuevos y excepcionales que exijan al poder decretar el Estado de Urgencia. Al contrario, las justificaciones que ha planteado no constituyen hechos nuevos y no necesitan obligatoriamente una decisión excepcional. Necesitan más bien medidas que tengan por objetivo la mejora del estado de preparación de las fuerzas armadas y de los aparatos de seguridad interna, a fin de remediar las carencias y fallos que han sido las causas reales principales de las pérdidas terribles causadas por la casi totalidad de las operaciones terroristas que han golpeado a las fuerzas armadas y de seguridad o civiles (Bardo, Susa). Estas carencias y fallos no serán corregidos por la puesta en marcha del Estado de Urgencia.

2. Que el Jefe del Estado consagre la primera parte de su discurso a exponer las dificultades de la situación económica y social, y ponga el acento sobre las “molestias” producidas por los movimientos sociales y las huelgas, juzgando a la mayoría de esos movimientos de “ilegítimos” y por consiguiente considerándolos como “desobediencia civil”, significa que pone a las luchas y los movimientos sociales a la cabeza de las motivaciones de su decisión de decretar el Estado de Urgencia, por encima de las razones de seguridad e incluso sobre el terrorismo. Esto denota una actitud grave que mezcla el terrorismo con las luchas sociales, con vistas a criminalizar a estas últimas.

3. El Jefe del Estado que, de forma abusiva, hace recaer sobre el movimiento social la responsabilidad en la degradación de la situación de seguridad, considerándole como una causa directa de la decisión de decretar el Estado de Urgencia, no ha dicho ni una palabra sobre la responsabilidad de los sucesivos gobiernos, incluyendo sobre todo el gobierno de su partido y de sus aliados de Ennahda, sobre el estado de hundimiento económico y social del país, y sobre el deterioro de la situación de seguridad, consecuencias de decisiones impopulares y antinacionales que no responden a las exigencias de la situación, en particular en materia de cuestiones sociales y de seguridad.

4. Cuando el Jefe del Estado subraya en su discurso que no habrá ningún ataque contra la libertad de la prensa, exigiendo que el ejercicio de esta libertad no deberá “turbar la situación” o “hacer difícil el proceso de la lucha contra el terrorismo”, deja escapar una señal de un posible endurecimiento del control de la libertad de expresión y de prensa. También hay que comprender que comprometerse a no atacar a la libertad de prensa no quiere decir que las demás libertades estén al abrigo de todo ataque.

5. El hecho de apoyarse en la ley 50-1978, publicada el 26 de enero de 1978, para decretar el Estado de Urgencia es de mal augurio cuando se conocen las condiciones en las que esa ley fue adoptada (la huelga general decretada por la Unión General Tunecina del Trabajo para defenderse y defender a los trabajadores, y durante la cual decenas de mártires murieron por las balas de las fuerzas de seguridad y de las milicias del partido Destour). Una ley considerada entonces contraria a la Constitución y forzosamente a la nueva Constitución de Túnez, a la que el jefe del Estado no hace ninguna referencia en su discurso, lo que alimenta las dudas sobre la constitucionalidad de la decisión tomada.

6. Las alegaciones del Jefe del Estado de que un nuevo atentado similar al de Susa puede llevar al “hundimiento del Estado” son irresponsables e inaceptables, porque tienden a crear miedo entre los tunecinos y las tunecinas y a llevarles a aceptar el Estado de Urgencia o más bien a cambiar su libertad por la seguridad. Túnez y su pueblo son muy fuertes, imposibles de quebrantar por atentados terroristas. Más aún, son capaces de enfrentarse y de vencer a las fuerzas y los grupos que han perpetrado o apoyado atentados y a quienes les protegen, a condición de determinar las verdaderas causas que han impedido y siguen impidiendo enfrentarse al terrorismo con la eficacia que se impone, a pesar de los esfuerzos desplegados por las fuerzas de seguridad y el ejército.

7. El Frente Popular, siendo consciente de que enfrentarse al terrorismo exige esfuerzos excepcionales, subraya que esos esfuerzos carecerán de eficacia si se limitan a los aspectos de seguridad y no se integran en una estrategia nacional global que tome en cuenta todas las dimensiones económica, social, política, cultural, religiosa y diplomática de la cuestión.

Como esbozo preliminar a esta estrategia es preciso:

- establecer la verdad sobre el asesinato de los dos mártires Chokri Belaid y Hadj Mohamed Brahmi y de todos los mártires de las fuerzas de seguridad;

- revisar los nombramientos e investigar sobre los aparatos de seguridad paralelos;

- disolver las asociaciones sospechosas y enfrentarse a las mafias del contrabando;

- juzgar a todas las personas implicadas en el terrorismo, por la indulgencia hacia él o por la protección que le garantizan.

8. El Frente Popular, que ha militado siempre a favor de mantener la unidad del pueblo tunecino y hace frente a todas las tentativas de romper esa unidad, rechaza categóricamente los falsos llamamientos a la unidad nacional que ocultan mal el fracaso de la coalición en el poder, por su composición híbrida y sus decisiones impopulares, para dar soluciones a los problemas del país incluyendo la lucha contra el terrorismo. Llamamientos que por otra parte ocultan las realidades referidas a las circunstancias en las que el terrorismo ha echado raíces y se ha desarrollado en nuestro país, a la vez que exoneran a los gobiernos de la troika dirigida por Ennahda y sus responsabilidades.

9. El Frente Popular estará siempre con las reivindicaciones y las luchas legítimas de todas las categorías sociales y populares rechazando toda asimilación con el terrorismo. El Frente Popular estará también al lado de las trabajadoras y los trabajadores de los medios de comunicación que hacen su trabajo de informar a los tunecinos y tunecinas, rechazando todo lo que pueda impedirles cumplir su trabajo. El Frente Popular está convencido de que el terrorismo no puede ser vencido mediante la vuelta a la tiranía, y de que el pueblo tunecino es capaz de vencerle a la vez que goza de su libertad, de sus derechos y de su dignidad.

10. Por todas estas consideraciones, el Frente Popular estima que esta decisión es apresurada, injustificada y por consiguiente ineficaz para enfrentarse al fenómeno del terrorismo. También que es incompatible con la Constitución (en particular los artículos 49 y 80) y puede poner aún más en peligro los sectores del turismo, del comercio y de la economía en su conjunto.

El Frente Popular demanda la retirada de esta decisión y que se contemplen inmediatamente otras alternativas para luchar contra el fenómeno del terrorismo.

El Consejo de Secretarios Generales del Frente Popular

El Portavoz Oficial

7/07/2015

http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article35383

Traducción: Faustino Eguberri para VIENTO SUR



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