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Demostrar que el “sí se puede” comienza ahora
Transformar votos en movimiento popular
19/06/2015 | Laia Facet y Oscar Blanco

El pasado fin de semana se constituían los ayuntamientos resultantes del 24-M. Las redes sociales aparecían inundadas de fotografías y vídeos de plazas de ayuntamientos abarrotadas de personas sencillas que estos meses han hecho cosas increíbles. En medio de la euforia colectiva, veíamos también el mensaje de un compañero que contraponía la fotografía de hace 4 años en la Plaça Catalunya tomada por el 15-M y la de la investidura en Plaça Sant Jaume, alertando de la relación no-mecánica entre ambas. Dos fotos como símbolo de la relación no-mecánica entre lo social, lo político y lo electoral.

Al contrario, la relación de esta triangulación es dialéctica, siempre conflictiva y compleja. Así hay que valorar la relación entre las experiencias sociales de estas últimas décadas (más allá del 15M aunque esta fecha suponga un punto de inflexión), el receso de las movilizaciones en los últimos ¿2 años? ¿año y medio?, el bloqueo institucional y represión de las demandas que hemos padecido las que luchábamos y la que parece ser una cristalización de estas demandas en las candidaturas municipalistas a través de programas y de códigos éticos. Una cristalización que esperemos (y batallemos para que) no devenga un encartonamiento de un punto muy determinado del ciclo político actual, sino que permita relanzar las movilizaciones populares y avanzar.

El tipo de demanda y consigna de los últimos años erosionó las legitimidades políticas con una idea de fondo tan sencilla y fundamental como que “podía hacerse de otra manera”. Sin embargo, no erosionó la estructura del Estado, ni la naturaleza hostil para los intereses de las clases populares de las instituciones, ni muchas otras cosas que configuran y condicionan el campo político. Así, los nuevos gobiernos que encabezan candidaturas populares se encuentran en la difícil situación de intentar gobernar ayuntamientos endeudados, contra los chantajes de grandes empresarios y corporaciones, contra una oposición de derechas que jugará a la guerra de desgaste en busca de una re-legitimación, y contra los grandes medios de comunicación. Y todo ello, sin un movimiento popular enraizado, sostenido y que goce de cierta autonomía respecto a las propias candidaturas.

Una de las tareas fundamentales de estas candidaturas es que las clases populares experimenten la no-neutralidad de las instituciones. Comunicar las situaciones de chantaje, asumir que conseguir el gobierno de un ayuntamiento es ganar una parcela de poder fundamental pero completamente limitada y en un terreno que no se ha hecho para servir a nuestros intereses. Por desgracia, la experiencia de la campaña político-mediática contra el concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata que ha conseguido su dimisión o del apoyo por parte de Barcelona En Comú a la firma de la oferta a la GSMA para el Mobile World Congress, que incluye condiciones absolutamente inaceptables, nos dan dos primeros ejemplos de cómo no gestionar estas situaciones. Son experiencias que nos gritan un aviso: quien intente ser el “alcalde de todos” y llegar a consensos entre intereses contradictorios, en lugar de encarar la política como un conflicto, lo más probable es que acabe siendo el alcalde de los de siempre.

Otra tarea fundamental es la más compleja y volátil: que los sectores movilizados por luchas concretas vean a estos gobiernos populares como aliados, pero que no queden sustituidos por ellos. El sustituismo desinflaría las luchas a base de políticas asistencialistas. Esta clase de medidas no elevarían la capacidad de auto-organización de las clases populares, aunque puedan mejorar sus condiciones de vida inmediata. Por ejemplo, son la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el movimiento por el derecho a la vivienda quienes deben decidir el rol de los Ayuntamientos en parar los desahucios, los cortes de suministros básicos o dar salida a la emergencia habitacional.

A medio plazo si únicamente se toman medidas paliativas sin impulsar la auto-organización, los nuevos gobiernos estarán en peores condiciones para que no sea la oligarquía quien marque qué es posible hacer y qué no. En consecuencia, pueden acabar tomando únicamente aquellas decisiones que no comprometen la reproducción del capitalismo. Es decir, la acción institucional debe dar respuesta a la situación de emergencia pero ligando los intereses inmediatos de las clases populares con sus intereses fundamentales.

Al mismo tiempo hay que intentar evitar que se configuren dos agendas políticas irreconciliables entre trabajo institucional y movimientos sociales. El reto es trabajar respetando esa autonomía relativa de las luchas para que no queden hipotecadas por la agenda de gobierno. Con este objetivo, los gobiernos populares deben ser honestos y abordar el conflicto con los límites y chantajes que se vayan a encontrar. Solucionar estas situaciones será clave para no generar desconfianza entre los sectores más activos y politizados ni sensación de fracaso y decepción en los sectores inmersos en su primera experiencia política.

Si echamos la vista hacia el otro lado del Mediterráneo podemos extraer algunas pistas. En Grecia vemos una sociedad, con una tasa superior de sindicalización y que lleva a las espaldas más experiencias de luchas concretas durante la crisis y muchos más años de construcción de herramientas políticas como Syriza y Antarsya. Aun con estas condiciones mejores que las del Estado Español para romper con la austeridad, el gobierno Tsipras se encuentra entre la espada de la Troika y la pared y con un receso de la movilización popular.

La experiencia de Syriza en Grecia, de Barcelona En Comú en Barcelona o de Por Cádiz sí se Puede (entre otras) puede desembocar en dos resultados contrarios. Por una parte, existe la posibilidad de que su fracaso al aplicar un programa diferente acabe consolidando entre las clases populares la idea de que no hay alternativa a la austeridad neoliberal. En cambio, si son capaces de mostrar “las costuras” de las instituciones pueden socializar la percepción que para dar respuesta a la crisis de régimen no es suficiente una “regeneración” o un recambio de élites políticas. En otras palabras, que no hay alternativa posible sin la ruptura con las instituciones actuales y la apertura de procesos constituyentes.

La posibilidad de romper con el pacto del 78 y hacer frente a los chantajes de la Troika pasa por recomponer la auto-organización de las clases populares que fueron abandonadas por los partidos absorbidos por el régimen y el sindicalismo de concertación. Además pasa también por crear experiencias de lucha y auto-organización con una generación que no vivió (y perdió) la transición, ni tampoco conoció sus luchas y que se sitúa mayoritariamente en sectores (el paro, los trabajos temporales, el sector del turismo o el exilio) con escasa tradición de cultura sindical y dificultades de organización política. Unas clases populares conscientes y fuertemente organizadas son la condición material que permitiría pasar de las posiciones institucionales conquistadas el 24-M (y en futuras contiendas electorales) a un poder popular efectivo.

Construir esta capacidad material en base a la ilusión de un mero electoral-liderazgo puede ser el mayor de los desastres. Más aún con la correlación de fuerzas existente que es fruto de la descomposición de las organizaciones populares durante décadas. Sin embargo, también es la realidad sobre la que debemos trabajar.

19/06(2015



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