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Brutalidad policial en EE UU
Baltimore: ampliación del campo de batalla
05/05/2015 | Vicente Rubio-Pueyo

Detrás de cada nombre hay una historia. Resulta cada vez más difícil escribir sobre la brutalidad policial en los EE UU. Tal vez porque en realidad, cualquier artículo sobre la cuestión viene a ser, en realidad, el mismo relato, con apenas variantes, de un horror inexorable y, al mismo tiempo, cotidiano.

Primero vienen los hechos. Tomemos el último caso: Freddie Gray. Baltimore. 12 de abril de 2015. Aquel día, Freddie Gray tomo una mala decisión: ponerse a correr tras hacer contacto visual con un agente de la policía. En West Baltimore, una zona declarada como “de alta criminalidad”, ese gesto implica, según la normativa policial, “causa probable” para la persecución y reducción Un grupo de seis oficiales de policía redujeron a Gray y lo metieron esposado en un furgón, sin ponerle ningún cinturón de seguridad. Se trata de una práctica conocida como “rough ride” (viaje duro): el cuerpo del detenido (con las manos esposadas) choca violentamente con las paredes interiores del furgón mientras este le conduce, en un camino deliberadamente accidentado (curvas exageradas, frenazos repentinos) hasta la comisaria. Freddie Gray entro en un coma causado por fisuras en su medula espinal. Siete días después moría en el hospital.

A partir de su muerte, comenzaron a sumarse protestas cotidianas contra la brutalidad policial. Tras el entierro de Freddie Gray, tuvieron lugar actos de rebelión en diferentes partes de la ciudad. El aparato mediático ponía a punto su relato: el fantasma del “riot”, una revuelta violenta protagonizada por una masa linchadora (“lynch mob”), llenando sus loops de noticias de imágenes de jóvenes afroamericanos entrando a comercios, llevándose cosas, rompiendo vidrios, saltando autos. El 27 de abril, el gobernador de Maryland declaraba el estado de sitio y llamaba a los cuerpos de guardia del Estado para proteger la ciudad de las hordas de matones (“thugs”). En un instante, la muerte de Freddie Gray parecía haber sido remplazada por el miedo blanco al asalto a la propiedad privada. Entre las acusaciones a la población de Baltimore, una particularmente insidiosa: apuntar a que los saqueadores con sus actos estaban dañando los negocios de su propia comunidad, y con ellos, las posibilidades de su propio progreso económico. Sin embargo, los únicos negocios afectados fueron establecimientos como los de la cadena de farmacias CVS, habitualmente empleadores, por salarios bajísimos, de jóvenes de estos barrios.

Al relato mediático se le opone una mirada sociológica, atenta a la explicación de todos los procesos y factores sociales que conforman el caso. Diferentes cuestiones, hasta ahora reprimidas del discurso público, han ido haciendo su aparición en los últimos dos años: las políticas de “ventanas rotas”, la parcialidad evidente del sistema judicial, la constante criminalización proyectada sobre la población negra. Con ellas, han empezado a plantearse también las implicaciones estructurales de estos problemas, los dispositivos y mecanismos que las sostienen: el llamado “conducto de la escuela a la prisión”, la falta de alternativas de futuro para la juventud afroamericana, los efectos de la guerra contra las drogas, el “nuevo Jim Crow”, el complejo industrial carcelario. Un vocabulario maquinico que ciertamente, y con la mejor intención, explica muchos aspectos del problema. Pero que, sin embargo, parece a menudo encerrar un fatalismo. Tras la descripción del mecanismo inexorable, ¿cómo plantear un cambio? No se trata solo de que el problema sea estructural, sino que se encuentra en la fundación misma del país. La visibilidad que están adquiriendo estas muertes con las protestas masivas que de inmediato se suceden en diferentes partes, para decir “¡basta ya! a la impunidad policial, remite a la necesidad de leer estos actos dentro de un patrón mayor.

¿Cómo entender Baltimore?

Baltimore, junto a Detroit, ocupa en EE UU el lugar de símbolo de la decadencia urbana neoliberal llegada tras la desindustrialización. Un paisaje marcado por la segregación urbana, por el cual comunidades enteras quedan marginalizadas. Como en tantas otras ciudades estadounidenses y europeas, al gentrificación da forma a una ciudad segregada, dividida en sectores especializados, con un centro dedicado al turismo y los negocios. El resto de barrios queda a la espera del siguiente ciclo especulativo, suspendidos los servicios sanitarios, las escuelas, las posibilidades de regeneración y emprendimiento económicos. En ese contexto, la policía juega el papel de una verdadera fuerza de ocupación. Resulta imposible plantear prácticas de policía comunitaria cuando los agentes viven normalmente en suburbios alejados de los barrios en los que patrullan. Al mismo tiempo, esta ubicación central de la policía en el mapa del orden urbano otorga a la institución un poder paralelo al poder político.

Por otra parte, este poder político ve mermadas sus funciones y capacidades. Expuesto a la competencia global, al riesgo de todavía más abandonos de industrias y negocios, el poder municipal se ve obligado a profundizar en la misma orientación económica que ha conducido a la ciudad a la situación en que se encuentra. Con un corolario inesperado, que desmiente el relato racial en que suelen entenderse los conflictos sociales y políticos en los EE UU. Si en Ferguson se achacó la inadmisible indiferencia institucional hacia la población afroamericana a la composición de la alcaldía y del cuerpo de policía (ambos mayoritariamente blancos), en Baltimore ambos poderes están ocupados por representantes afroamericanos, que sin embargo se han mostrado incapaces de introducir cambios significativos tanto en la actuación policial como en la atención a la población de los barrios más empobrecidos de la ciudad. Baltimore muestra, por tanto, una capa más del problema: la presión policial como una más de las caras de una violencia sistémica: social, política, económica. Las movilizaciones de Baltimore, como ha dicho recientemente Ruth Gilmore, son en realidad revueltas contra la austeridad. Revueltas de una población declarada sobrante por el estado y el capital.

En enero de 2009, la proclamación de Barack Obama como presidente de los Estados Unidos, entre celebraciones y lágrimas de líderes históricos como Jesse Jackson, parecía venir a cumplir el cierre teleológico de una narrativa histórica, una trayectoria que unía un punto de partida, el movimiento de los derechos civiles de los 50 y 60, con la entrada en la Casa Blanca del primer presidente negro de los EEUU. Hubo tal vez un tiempo en que podía pensarse que, a pesar de evidentes limitaciones, era posible hacer efectivos aquellos derechos proclamados formalmente. Era, tal vez, solo cuestión de tiempo, o de voluntad política. Esa ilusión ha pasado. La demanda que plantean Ferguson, Baltimore, tantos otros lugares y gentes, no es únicamente la del fin de todas estas formas de violencia irrespirable, sino la de la democracia y la ciudadanía mismas. El derecho a existir.

4/05/2015

Vicente Rubio-Pueyo es profesor en la Universidad de Fordham University de Nueva York



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