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Tribuna VIENTO SUR
Navarra: Otra ley contra la violencia sexista... ¿vacía?
25/04/2015 | Begoña Zabala

Esta semana ha aparecido en los medios locales navarros una contundente denuncia de la “Plataforma contra la violencia sexista” frente a UPN, por su nefasta política en este campo. Las denuncias de esta Plataforma ante la pasividad del gobierno foral y el incumplimiento constante de los mandatos legales en materia de violencia sexista, ha sido la tónica en esta legislatura y en las anteriores, desde que se aprobase la anterior Ley, allá por el año 2002, y posterior Reglamento en el año 2007.

La crítica tiene razones de forma y de fondo. Me gustaría entrar en los dos aspectos, pues el movimiento feminista autónomo ha hecho de la lucha contra la violencia sexista una de sus banderas insignia y ha sido pionero en iniciativas muy audaces y punteras ya desde la década de los 80. Baste recordar el convenio que firmara la Coordinadora Feminista de Nafarroa con el Ayuntamiento de Pamplona para gestionar el centro de atención a las mujeres agredidas y la casa de acogida, o las constantes y permanentes campañas que se hacen frente a las agresiones sexistas en las fiestas.

Los desacuerdos por motivos formales, se refieren a la oportunidad de esta ley y a la tramitación urgente y opaca que se ha seguido, sin la participación, en sede parlamentaria, de las organizaciones feministas –y en particular de la Plataforma- y de otros movimientos sociales y profesionales, y sin que haya generado ni alimentado un debate social importante como, a mi modo de ver, se merece una disposición que regula medidas contra la violencia sexista.

Del comunicado de la Plataforma en el que rechaza la ley, denominada “Ley para actuar contra la violencia hacia las mujeres”, entresaco lo más llamativo cuando dice que esta ley “se ha aprobado en el último pleno de la legislatura, y por un procedimiento de urgencia. No ha permitido un debate social y parlamentario deseable antes de la aprobación de cualquier ley (...) y sin embargo, estas prisas o trámite de urgencia, no se corresponde con la pausada actividad que frente a la violencia de género ha tenido el gobierno de UPN”.

La crítica a la tramitación por urgencia y sin participación de la ley es frontal. Y aquí, aunque sólo sea un apunte, merece destacar la práctica permanente de UPN –con la ayuda de su socio PP- de impugnar y recurrir ante el Tribunal Constitucional todas las leyes en las que no participa con su voto a favor. Han sido quince leyes ya las impugnadas y suspendidas provisionalmente, alguna incluso anulada ya por el Alto Tribunal. Entre ellas el rechazo al copago sanitario, el abono de la paga extra al personal de la Administración, la obligación de la Iglesia Católica de pagar el IBI, la extensión de la asistencia sanitaria pública a todas las personas inmigrantes, la paralización de desahucios por hipotecas,.... y así hasta quince buenas propuestas, casi todas tramitadas ante las movilizaciones y protestas sociales contra las políticas restrictivas que nos vienen impuestas por las políticas de Madrid o de la derecha navarra.

Esta ley a la que nos referimos ha sido tramitada por urgencia y aprobada por unanimidad, en vísperas de las elecciones, para que UPN tenga un posibilidad de magnificar su política legislativa y de sacar réditos a las políticas inexistentes de medidas preventivas y de atención frente la violencia sexista. Desde el movimiento feminista, que tantas veces hemos criticado las unanimidades cínicas del arco parlamentario, se vuelve a decir que la unanimidad parlamentaria no nos representa, mucho menos si la iniciativa la lleva UPN.

Realizadas las críticas de tramitación de la ley, es obligado hablar de los contenidos de la misma, pues pudiera ser que aunque muy mal tramitada y a espaldas de los movimientos sociales, tenga algún buen contenido salvable o haya dado con la piedra angular de la lucha contra la violencia sexista y la prevención de la misma. No parece que es el caso, pero vamos a ello.

Insiste la Plataforma en denunciar la situación existente. Y ello, porque año tras año, y legislatura tras legislatura, esta organización no ha parado de detallar los incumplimientos de los sucesivos gobiernos de UPN –a veces con el PSN- en materia de violencia sexista.

Así denuncia que el gobierno de UPN en los últimos años “ha recortado en ayudas directas a la mujer maltratada, y en inversión de profesionales con los que tratan; de los Centros de Atención a la Mujer que la ley antigua recogía, sólo se creó el de Tudela –y su funcionamiento peligró por motivos económicos- y el centro de Estella carecía de todos los servicios necesarios; tampoco se han creado las Oficinas Forenses de Valoración conjunta de los Juzgados ... y desde el Departamento de Educación sólo se han mantenido migajas en la formación que venían de la anterior legislatura; se elaboró un Plan de Igualdad por exigencia del parlamento, también hecho de prisa y corriendo cuando caducaban los plazos, y de tan baja calidad que fue rechazado por la mayoría parlamentaria.”

Así la realidad en el tema de la violencia sexista en Nafarroa, en materia de leyes, es más de incumplimiento flagrante por parte del gobierno de la ley, que estaba bastante ajustada en las obligaciones de la Administración, que de la redacción de una nueva ley, donde ni siquiera se hace mención de esta irregular situación. Simplemente se vende como una disposición necesaria, debido al paso del tiempo y a las nuevas normativas europeas y convenios y declaraciones internacionales.

La ley en sí misma es un puro brindis al sol, de la que esperamos que desaparezca por futuros parlamentos más representativos de la voluntad popular y más atentos a las demandas feministas. No pasa más allí de realizar un complicado organigrama de funcionamiento de las diferentes Administraciones, que deberían poner en práctica las carteras de servicios de los Departamentos, dentro del bajo techo competencial de que disfruta nuestra Comunidad Foral.

Lo más grave que se puede decir de ella, como tantas veces sobre la legislación en materia de derechos de las mujeres, es que la Administración no asume ningún deber frente a las medidas contra la violencia sexista, ni acuña o refuerza o consagra ningún derecho para las mujeres que sean afectadas por esta violencia. A pesar de que la ley ha entrado en vigor el día 16 de abril, se prevé un plazo de una año para la realización de un Plan de acción, que después se desarrollará a su vez en planes sectoriales, en otro período de seis meses, que parece que por fin éstos sí son de aplicación directa... si existiera disponibilidad presupuestaria para ello.

Una pregunta elemental de primero de derecho aplicado a las autonomías forales –también denominadas florales- sería ésta: Si van a poner en práctica esta ley mediante planes de acción, planes sectoriales y carteras de servicios ¿por qué en los cuatro años que llevan mareando la perdiz no han realizado ya estos planes de aplicación directa y han destinado las partidas presupuestarias correspondientes para asumir la obligaciones ya impuestas por la ley del 2002?.

Otra sospecha también desvelada por la Plataforma de acción contra la violencia sexista, es que la anterior ley aprobada en el año 2002, disponía asimismo del plazo de un año para desarrollar mediante reglamento las medidas a aplicar. Bueno, se pasó en algo el período del año, pues fue en el año ¡!!2007¡¡¡ cuando por fin el eficaz y diligente gobierno aprobó un decreto, que tampoco tuvo a bien aplicarlo como se ve por la denuncia de la Plataforma.

Para concluir, y como muestra de la desconfianza manifiesta que han debido tener los redactores , la propia ley introduce un título, el último, que desarrolla en 8 artículos, con el significativo nombre de “Garantías de aplicación de la ley foral”, posiblemente con la conciencia de que una vez más el gobierno va a hacer caso omiso de la misma. Esto quiere decir que una ley aprobada por el Parlamento Foral, por unanimidad, para más “INRI” necesita de unas garantías para que se cumpla, pues no parece que tiene fuerza en sí misma para ser aplicada. ¡Ay! ¡Cómo me gustaría que esto pasase con las garantías de la aplicación de la ley mordaza o de la reforma del Código Penal! ¿Y los desahucios? ¿En qué leyes se basarán para ser de una aplicación tan expedita?

25/05/2015



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