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Auditoria ciudadana de la Deuda Vasca
Eric Toussaint en el Parlamento Vasco
21/04/2015 | Jose Ramon Castaños

Los días 14 y 15 de abril, Eric Toussaint entre nosotros, en Euskal Herria. El motivo de su viaje ha sido volver a poner de actualidad la demanda de auditoría ciudadana de la deuda pública en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra. A tal fin, la Fundación Hitz&Hitz, promotora de la gira, organizó una agenda de trabajo con actos públicos, reuniones con organizaciones de izquierda (sindicatos y partidos), instituciones públicas y medios de comunicación. La gira fue muy intensiva para los dos días que estuvo con nosotros. El primer día se reunió por separado y a petición suya, con la dirección de ELA y con una representación de la dirección nacional de SORTU; atendió a los medios de comunicación y dio una Conferencia en Bilbao ante 200 personas, acompañado por Míkel Noval, responsable de política social de ELA. El segundo día, a solicitud del grupo parlamentario de EHBILDU, compareció ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco, y se desplazó después a Navarra donde dio una Conferencia ante 120 personas en Katakrak, junto a Patxi Zamora del colectivo KONTUZ y de Igor Arroyo del sindicato LAB. Previamente a esta conferencia estuvo reunido con los representantes de EHBILDU en la Diputación Foral, quienes se comprometieron a promover una auditoria de la deuda navarra en colaboración unitaria con todas las fuerzas sociales y políticas de la oposición. La intensidad de la gira y el poco tiempo de que disponía no permitió estar con todas las fuerzas políticas y sociales que nos hubiera gustado (plataformas por la auditoria de la deuda incluidas), pero aún así, estimamos que se han creado condiciones óptimas para abrir espacios más amplios de unidad y de colaboración entre todas las organizaciones sociales, políticas y sindicales que promueven auditorias ciudadanas de la deuda en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra. Remarcamos lo de ciudadana por la necesidad de que sea independiente de los poderes políticos y económicos.

En las líneas que siguen haremos un breve resumen del debate abierto en la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco, pero no entraremos en ello sin antes agradecer la intensa colaboración de Eric para reactivar la demanda de Auditoria Ciudadana de la Deuda Vasca.

La transcripción íntegra del debate se publicará en la página web de la Fundación Hitz&hitz, de próxima aparición. La limitación de espacio que tenemos aquí nos obliga a dejar a un lado muchas cuestiones importantes que se plantearon en el debate, de modo que nos centraremos en las dos que a mi entender son más relevantes.

Las diferencias entre Euskadi y Grecia y la necesidad hacer una auditoria vasca

Ninguno de los grupos políticos se opuso a realizar una auditoría de la deuda, pero todos ellos, incluyendo al portavoz de EH BILDU, que fue el único que se manifestó abiertamente a favor de ella, insistieron en remarcar las enormes diferencias que existen entre Euskadi y Grecia. Para unos, como en el caso del portavoz de EHBILDU, esas diferencias no invalidan la necesidad de hacer una auditoria de la deuda. Para otros, sí. El PP cuestionó el método de la auditoria aunque lo hizo por razones diferentes, y el PNV dio a entender, aunque sin decirlo explícitamente, que Euskadi no necesita auditar su deuda. En un arranque de “orgullo nacional herido”, la portavoz del PNV puso de manifiesto que, a diferencia de Grecia, e incluso a diferencia del Estado español, Euskadi no está en bancarrota económica ni en situación de emergencia social, y que los presupuestos económicos del Gobierno Vasco tienen una clara orientación social pues el 70% del gasto está destinado a enseñanza, sanidad, empleo, asistencia social, etc.

En respuesta a estas observaciones, Eric Toussaint, señaló que en el caso griego concurren los 4 tipos de deuda pública definidos en la metodología de auditoría de las deudas. La deuda griega es deuda ilegítima porque ha sido tomada en beneficio de una minoría (los bancos privados europeos, franceses y alemanes principalmente) y en perjuicio de una mayoría (los ciudadanos griegos), pues el 91% del dinero prestado no se ha quedado en Grecia sino que ha ido a parar a las cajas fuertes de esos bancos. El pueblo griego sólo ha recibido el 9% restante. La deuda es ilegal porque ha sido tomada al margen de la ley (la Constitución griega), y en oposición a la letra de al menos 15 tratados internacionales que han sido violados por la troika. La deuda es odiosa porque el pago de la misma, con sus intereses correspondientes, que no son pocos, ha obligado a los gobiernos anteriores a Syriza a reducir los gastos sociales hasta límites insoportables. Se cerraron 4.000 hospitales; se dejó de pagar a los funcionarios públicos, a los trabajadores de educación y de la sanidad; se redujeron los salarios en un 86%; se rebajaron drásticamente las pensiones y las coberturas al desempleo… El hambre, la pobreza extrema y la exclusión de más de la mitad de la población griega, son el resultado inevitable de ese traspaso de dinero a la banca privada a costa de los derechos fundamentales del pueblo griego. Finalmente, la deuda es insostenible porque el monto total de la misma (110.000 millones de euros más los intereses) es insostenible para el pueblo griego desde el punto de vista de los derechos humanos, a la vez que impagable por el Estado. Esa cantidad de dinero equivale al 175% del PIB, y crecerá progresivamente en la misma medida en que se estanca la economía y se acumula la recesión.

En el País Vasco no vamos a encontrar nada de esto. Aquí no concurren las mismas circunstancias. La deuda pública vasca es muy baja (10% del PIB), pero ésta no es razón suficiente para rechazar la propuesta de auditoría de las cuentas vascas, pues las auditorias son instrumentos de transparencia de la gestión del dinero público. En países como Bélgica o el País Vasco no encontraremos nada parecido a una deuda odiosa ni a una deuda insostenible, pero en una auditoria pública sí encontraríamos los otros dos tipos de deuda: una deuda ilegítima y una deuda ilegal.

Si nos preguntamos por el uso que se hace del dinero público en el País Vasco, encontraremos que, antes del estallido de la crisis, las Diputaciones vascas redujeron los impuestos a las grandes empresas y a las grandes fortunas (impuestos sobre el patrimonio); que los gobiernos posteriores a la crisis no han recuperado las tasas impositivas anteriores a ella, y que la caída de los ingresos necesarios para financiar los gastos obliga al Gobierno Vasco a recurrir al crédito. Se ha pasado así del superávit de las cuentas públicas a un endeudamiento progresivo de 83 millones de euros en 2009 a 989 en 2015. Eso es deuda ilegítima. Si el Estado no tiene ingresos propios para satisfacer los derechos ciudadanos porque ha decidido unilateralmente rebajar impuestos a los ricos y se ve obligado a pedir créditos, eso es ilegítimo. Si se reducen las cuantías de gasto social, se deterioran los servicios públicos (sanidad, educación, etc.) y se rebajan salarios y prestaciones sociales para derivar dinero al pago de la deuda, se está acumulando una deuda ilegítima. Si se hacen grandes obras públicas que son muy caras y generalmente innecesarias, como en los casos del TAV y de las autopistas, y se hacen sin consulta ciudadana, eso es ilegítimo. Si se ha hecho una política que favorece el interés privado de unos pocos, reduciendo impuestos sobre las ganancias o realizando obra pública que no es de interés general, se está incurriendo en causa de ilegitimidad.

Eric recordó que estas cuestiones no sólo ocurren aquí, en el País Vasco, sino también en su país, Bélgica, que tiene una deuda pública mucho más abultada que la deuda vasca, y aunque ellas son de magnitudes muy diferentes a la griega, justifican por sí mismas la necesidad de hacer auditorias de la deuda en su país y en el nuestro.

La deuda ilegal. La diferencia entre legalidad y legitimidad

El representante del PP discrepó del “criterio de ilegalidad” de la deuda griega porque considera que sólo es ilegal lo que es reclamable ante la justicia. Discrepó también del “criterio de ilegitimidad” porque, según él, “todo lo que hace un gobierno democráticamente elegido es legítimo por definición”. Se preguntó también por el interés general y por quién lo determina, y se respondió así mismo afirmando que “sólo los gobiernos elegidos democráticamente están autorizados a determinar el interés general”.

Eric informó que en el análisis de la legalidad de la deuda griega están trabajando con el Tratado de la Unión Europea de un lado y con la Constitución griega de otro. El Tratado de Lisboa dice que “un país europeo no puede responsabilizarse de la deuda de otro país” (art.125), y que “puede haber ayudas de unos países a otros en casos de desastres naturales” (art.122), pero ese no es el caso de la deuda griega. Considerando la cuestión desde el punto de vista de la legalidad griega, nos encontramos con que se aceptaron créditos sin autorización del Parlamento, y eso está fuera de la legalidad constitucional. La auditoria de la deuda demostrará que en el caso griego no ha habido “autonomía de la voluntad entre las dos partes del contrato, (consentimiento)”, y que, en su ausencia, el acuerdo no tiene validez.

En su respuesta al PP sobre la identificación que hizo entre legalidad y legitimidad, Eric recordó que la legalidad procede de las leyes que en cada momento existan en un país determinado, en tanto que la legitimidad no procede de las leyes sino del “deber ser”; de la justicia social, del derecho a la igualdad, del respeto de los derechos humanos, etc. Desde el punto de vista de la legalidad, es frecuente incluso encontrarse con actos de gobierno que son legales en un país pero absolutamente ilegales en el ordenamiento jurídico internacional. Por ejemplo, el gobierno Alfonsín que sustituyó a los gobiernos militares en Argentina, otorgó la amnistía a los militares golpistas perdonando todos sus crímenes de lesa humanidad (ley de punto final). Este fue un acto legal. Raúl Alfonsín fue elegido democráticamente. Cuando Nestor Kirchner llegó al gobierno abolió esa ley. También ese fue un acto legal. Pero uno de esos dos actos fue un acto ilegítimo. Adivinen cual. Eric puso otros ejemplos como la intervención de EE UU en Vietnam o el régimen de apartheid en Sudáfrica. Un régimen con gobiernos elegidos que elaboraban leyes “legales” para anular los derechos fundamentales de la mayoría negra, no podía ser legítimo por más que fuera legal. La legitimidad de los actos de un gobierno no la otorgan las mayorías electorales. Esa contradicción entre legalidad y legitimidad fue muy bien descrita por E. Kant cuando afirmó que “un señor puede actuar dentro de la ley y ser un criminal”.

La preocupación por la democracia en Europa es cada vez mayor porque cada vez hay más leyes que la limitan; cada vez hay más desprestigio de las instituciones; cada vez hay más alejamiento ciudadano de ellas. Los representantes de los grandes bancos privados son aupados en todas partes al poder político, y cuando los políticos que no forman parte de ellos abandonan sus cargos públicos son cooptados a los consejos de administración de las multinacionales. Así funciona hoy el capitalismo.

Con su negativa aceptar las medidas de austeridad que Europa impone, el Gobierno Syriza está rompiendo esta dinámica de poder. Con los gobiernos anteriores mandaba la troika y Grecia obedecía. Con el gobierno de Syriza ocurre al revés. Ahora es Grecia quien decide y luego la troika acepta o rechaza la decisión griega. Y esto es un gran cambio. Grecia no es ejemplo por la situación de emergencia social en que vive, sino porque el gobierno que tiene está empeñado en romper la austeridad impuesta para restablecer los derechos fundamentales de sus ciudadanos.

21/04/2015



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