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Gara | Entevista a Éric Toussaint sobre la deuda griega
"No imaginaron que un gobierno antiausteridad haría una auditoría"
21/04/2015 | Txisko Fernández

De la mano de la Fundación Hitz&Hitz, Éric Toussaint ha pasado esta semana por Euskal Herria con su última obra bajo el brazo –Bancocracia (publicado en castellano por Icaria Editorial)– y cargado de reposadas reflexiones sobre un ámbito en el que lleva décadas trabajando. Portavoz del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM), su trayectoria comenzó con la vista puesta en Europa –auditando, en los años 80, la explosión de la deuda de países del Norte, como Bélgica o Italia, coincidiendo con el inicio de las políticas neoliberales– y ahora está en el ojo del huracán de lo que unos denominan “crisis de la deuda en la zona euro” y otros “crisis humanitaria en Grecia”. Gara compartió con otros medios una entrevista tras una rueda de prensa el pasado martes en Bilbo. Este artículo recoge extractos de ambas comparecencias.

Txisko Fernández: ¿Cuál es el mandato que les ha dado el Parlamento griego?

Éric Toussaint: La decisión tomada por Grecia de constituir un comité de auditoría de la deuda, que han denominado “comité de la verdad sobre la deuda”, es inédita a nivel europeo. Ningún parlamento, ninguna institución de un estado de la Unión Europea o del conjunto de Europa, había tomado este tipo de iniciativas. Y lo ha hecho con un mandato tan claro como el de identificar la parte ilegítima, ilegal, odiosa y/o insostenible de la deuda reclamada a Grecia hoy en día.

Ese mandato es muy importante porque hay una amplia conciencia entre la población griega sobre la ilegitimidad y la ilegalidad de una parte de la deuda pero faltan argumentos sólidos, basados en el derecho internacional, con una visión de auditoría de las cuentas públicas, y con el criterio global de las finanzas públicas y de sus relaciones con las finanzas privadas. Hasta la fecha hay una falta de argumentación en la que basar las decisiones soberanas pertinentes en relación a la identificación de este tipo de ilegitimidad e ilegalidad.

Nosotros no vamos a hacer recomendaciones al Gobierno sobre la estrategia a seguir con la Unión Europea; no es parte de nuestra misión. Pero sobre la base de nuestras conclusiones, las autoridades podrán tomar de forma soberana decisiones fundadas en argumentos de derecho interno e internacional para lograr hacer frente a sus acreedores.

Aclaremos estos conceptos sobre la deuda: ilegítima, ilegal, odiosa e insostenible.

Una deuda ilegítima es la contratada en contra del interés general de la población. Por ejemplo, la deuda contratada como consecuencia de regalos fiscales a una minoría privilegiada, a través de la exoneración de impuestos. También se puede considerar ilegítima la deuda contratada para favorecer a los banqueros privados responsables de la crisis, la contraída para el rescate bancario.

Una deuda ilegal es la que ha sido contratada sin respetar las normas jurídicas en vigor en un estado o en una región económica o política como la eurozona o la UE. En el caso de Grecia, vamos a analizar si se respetó la Constitución a la hora de firmar el Memorándum de 2010 y el programa de rescate, de reestructuración de la deuda, de 2012; si se respetaron las reglas en vigor en la UE; si el Fondo Monetario Internacional, cuando otorgó crédito a Grecia, respetó sus propios estatutos…

También hay que analizar la legalidad desde el punto de vista de los tratados internacionales que garantizan el ejercicio de los derechos humanos. Es decir, si no se respetaron o se derogaron convenciones que protegen a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos humanos fundamentales, como el de alcanzar un alto nivel de educación, de salud pública, a un empleo decente, a una jubilación digna... si sucedió así, entonces estaríamos hablando de ilegalidad y de carácter odioso.

Y llego al punto de la insostenibilidad. No hablamos de sostenibilidad en términos financieros –la posibilidad de un Estado de seguir reembolsando una deuda porque encuentra cómo pagar–, sino en relación al derecho, donde se entiende que una deuda insostenible es aquella cuyo reembolso impide a un gobierno garantizar a su ciudadanía el ejercicio de sus derechos humanos fundamentales.

¿A quiénes llamarán a declarar ante la comisión?

Vamos a convocar en audiencia a Jean-Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo en la época; a Dominique Strauss-Kahn, entonces director general del FMI; al grupo Goldman Sachs, que participó del «maquillaje» de las cuentas de Grecia. Entre otros, invitaremos a declarar al representante brasileño en el FMI, Paulo Noguera Batista, que manifestó que la decisión del Fondo de otorgar crédito a Grecia fue tomada bajo la presión de Angela Merkel, Nicolas Sarkozy y los bancos franceses y alemanes, que exigieron el rescate público.

Hay testimonios de una discusión en la dirección del FMI en la que varios directores ejecutivos dijeron: “Hay que conceder una quita de deuda a Grecia, hay que reestructurar esa deuda ahora (era 2010), porque otorgar un crédito va a crear una situación en la que Grecia será incapaz de reembolsarlo”.

Pues resulta que el FMI solamente puede otorgar crédito a un país miembro si hace sostenible de manera estructural el reembolso de la deuda. ¿Y qué pasó? Los representantes de Francia y Alemania, apoyados por el resto de países de la zona euro, dijeron que no se podía hacer una quita porque implicaba un costo para los bancos franceses, alemanes, italianos…

Luego, esos acreedores privados, una vez cobrado el cupo de los bonos griegos, vendieron esos títulos en el mercado secundario a otros bancos y fondos especulativos. Y así, los grandes bancos privados salieron del mercado de la deuda griega. Y entonces, en 2012, hicieron la reestructuración de la deuda, con una quita, pero los afectados ya no eran los mismos banqueros; ahora eran, por ejemplo, los bancos chipriotas, que habían comprado a los bancos alemanes y franceses los títulos griegos pensando que era un buen negocio. Y eso provocó la crisis de Chipre.

¿Es compatible esta auditoría de la deuda con la negociación entre el Gobierno de Alexis Tsipras y la Unión Europea?

Por supuesto que es compatible. Aquí hay un especie de ironía de la historia, que es la siguiente: en mayo de 2013, el Parlamento Europeo, bajo la presión de la Comisión Europea, adoptó un reglamento muy duro para los países sometidos a un plan de ajuste estructural –en esa época, Grecia, Portugal, Chipre e Irlanda–. Se llama Reglamento 472 y es extremadamente duro en el tutelaje de las economías de los países bajo asistencia financiera. En el artículo 7.9 se dice que un país bajo ajuste estructural tendrá que realizar una auditoría integral de su deuda para explicar cómo aumentó hasta un nivel insostenible y para identificar posibles irregularidades.

¿Qué está haciendo Grecia al crear el comité de auditoría? Está implementando ese reglamento, que para mí es injusto, pero existe. Cuando se adoptó, claro está, no imaginaron a un gobierno antiausteridad llevando a cabo una auditoría de la deuda; pensaron en otro tipo de escenarios. Pero, a veces, este tipo de situaciones imprevistas permiten a un gobierno basar en el derecho un acto importante; en este caso, un acto democrático y elemental.

¿Hasta ahora no lo ha hecho ningún otro gobierno europeo?

Creo que es importare preguntar a la Comisión Europea, responsable de implementar ese reglamento, por qué no le exigió al Gobierno de Antonis Samaras la auditoría; por qué no se la exigió a Pedro Passos Coelho en Portugal; por qué no se la exigió a Chipre… Realmente, no querían que se hicieran esas auditorías de la deuda.

¿Podría revertirse de alguna manera la socialización de la deuda privada? ¿Obligar a los bancos a asumir la quita?

Podrían pagar la factura de anulación de la deuda, quizás con una contribución a un fondo específico… Si la pregunta es quiénes son los dueños de la deuda de los Estados, no hay ninguna duda de que la respuesta es que los bancos son los principales acreedores. En el caso español, son bancos privados nacionales o extranjeros los tenedores de la deuda pública. En el caso de Grecia, son los acreedores públicos; es un caso que yo calificaría de excepcional, junto a los de Portugal y Chipre.

¿Se puede documentar claramente a dónde han ido a parar los créditos concedidos a Grecia?

Lo que es absolutamente seguro, porque hay declaraciones muy claras al respecto, es que Grecia fue obligada a utilizar el dinero recibido para hacer los pagos a los bancos. El dinero que se quedó en Grecia fue sumamente minoritario. Y eso lo vamos a mostrar con la auditoría, aunque ya está bastante documentado, tanto la parte que salió de Grecia inmediatamente en pago a los bancos, como la parte que llegó entre 2010 y 2012 a los bancos griegos, que en gran parte eran filiales de bancos franceses y alemanes.

¿Y qué repercusiones puede tener fuera de Grecia?

Puede ser un ejemplo para los demás pueblos. Hay mucha esperanza en la opinión pública europea sobre lo que puede ocurrir en Grecia. Si el Gobierno elegido democráticamente con un programa de ruptura con la austeridad logra garantizar a su ciudadanía el restablecimiento de los derechos humanos fundamentales, enfrentándose a las autoridades europeas y a los acreedores, sería un ejemplo extraordinario para la UE y para los pueblos de Europa.

Por eso mismo, un Gobierno como el de Mariano Rajoy es tan riguroso como el de Angela Merkel cuando se está dialogando con las autoridades griegas. Porque Mariano Rajoy, quizás más que otros, quiere el fracaso de la experiencia del Gobierno de Syriza para convencer a los pueblos de España de que no hay salida fuera de la austeridad y que un gobierno de tipo Syriza es imposible, inconcebible, en el Estado español. De ahí la importancia de brindar nuestro apoyo al pueblo griego para permitir que esa experiencia sea exitosa.

19/04/2015

http://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gara/categories/consecuencias-de-las-politicas-de-ajuste-en-europa

Éric Toussaint es un economista belga (Namur, 1954) y portavoz del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM) que ha sido elegido por el Parlamento de Grecia para coordinar al grupo de expertos –30 personas de 10 nacionalidades distintas– que analizarán cómo se ha generado la deuda pública y quiénes son los responsables.



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